El Poder Judicial dispuso hoy el impedimento de salida del país por 12 meses contra la expresidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo y otros, por la presunta comisión del delito de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.
La medida fue dispuesta a pedido del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima que tiene a su cargo el fiscal provincial Carlos Alberto Nivin Valdiviezo.
Según informó el Ministerio Público, además de Molinelli la medida restrictiva alcanza a Jorge Pacífico Polanco Zevallos, Marco Antonio Ortiz de la Cruz, Rafael Jaime Sotelo Zorrilla, Manuel Luis Altamirano Ramirez, José Nicanor Chuquihuaranga Santibañez, Rocky Jim Carrillo Gutierrez, Bertha Verónica Angeles Chumacero y Alonso Máximo Wun García.
Precisó que en el marco de una investigación preliminar que se llevó a cabo en coordinación con personal de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, “se advirtió de los registros de comunicaciones telefónicas que, el año 2020, funcionarios de EsSalud venían gestionando contrataciones directas en el marco del estado de emergencia sanitaria para la adquisición de bienes a fin de hacer frente a la pandemia”.
Señaló que de las referidas conversaciones telefónicas se estableció que hubo “presuntas concertaciones subrepticias e ilegales” y que en ellas se alude de manera constante a “La Tía”, quien ha sido identificada como Fiorella Molinelli Aristondo.
“En atención a los trabajos de inteligencia, a las comunicaciones telefónicas y documentación relacionada a las contrataciones directas, se viene sosteniendo la conformación de una presunta organización criminal, la misma que habría estado liderada por Fiorella Molinelli Aristondo y conformada por funcionarios públicos del Seguro Social de Salud – EsSalud, y SALOG, quienes en complicidad de terceras personas, ajenas a la institución, habrían venido cometiendo actividades ilícitas, gestionando las contrataciones directas y regularizando las mismas, bajo una apariencia de legalidad”, agrega la nota de prensa de la Fiscalía de la Nación. (Perú 21).