La ya difícil situación que afronta la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos podría complicarse aún más por un nuevo caso de corrupción referido a que los peritos fiscales designados por la gerencia general y la gerencia de Peritajes, no cumplen con los requisitos profesionales y académicos fijados en los términos de referencia de los contratos que han suscrito con la institución.
Esta situación es muy grave porque podría suponerse que tales nombramientos irregulares, en realidad, responden a un intento de manipular procesos de investigación claves a través de estos peritos «bamba», que son los que tienen a su cargo la determinación contable de los daños al Estado. Lo peor es que, una vez que sean cesados en sus cargos, como debe ocurrir, los perjudicados podrían solicitar al Poder Judicial la nulidad de decenas de peritajes realizados por estos contadores no calificados, con lo cual los procesos se caerían.
PERITOS AD HOC
Los peritajes fiscales pueden ser decisivos para la determinación de la situación de un denunciado, por ello la designación de los peritos fiscales (tarea a cargo de la Oficina de Peritajes de la Gerencia General del Ministerio Público) debe cumplir
Estrictos requisitos como lo señala el Reglamento de Organización y Funciones y otros documentos de gestión de la Fiscalía. Entre ellos, el de una adecuada calificación profesional.
Sin embargo, esta obligación no habría estado siendo cumplida pues, con el visto bueno de la gerencia general, dependiente directamente de la Fiscalía de la Nación, se ha estado nombrado a profesionales que no tienen el perfil ni cumplen los requisitos necesarios para su importante labor de apoyo a la justicia.
Por ejemplo, en enero de este año mediante la orden de servicio N° 2271 se contrató a la contadora pública Cecilia Giovana Chero Saboya con el objetivo específico de prestar servicio urgente, temporal y no subordinado para el área de Contabilidad Forense de la Oficina de Peritajes. El servicio debería justificarse con tres en un plazo de 90 días, labor por la cual se le abonaría 15,000 soles.
Para ello, la profesional debería acreditar título Profesional en contabilidad, colegiatura y habilitación vigente, diplomados y/o cursos y/o talleres en Gestión Pública y/o Contrataciones con el Estado y/o finanzas y/o auditoría y/o temas relacionados al servicio, conocimiento en peritaje contable y/o financiero y conocimiento en análisis de estados financieros. Igualmente debería demostrar un mínimo de cinco años de experiencia general en el sector público y/o privado y tres años de experiencia específica en temas financieros.
Pero en el propio currículum presentado por la contratada se aprecia que ella no cumple con lo solicitado: no posee diplomados y/o cursos y/o talleres en gestión pública, no posee diplomados y/o cursos y/o talleres en contrataciones con el estado, no posee diplomados y/o cursos y/o talleres en finanzas, no posee diplomados y/o cursos y/o talleres en auditoría, no posee diplomados y/o cursos y/o talleres en temas relacionados al servicio, no posee conocimiento en peritaje contable y/o financiero y no posee conocimiento en análisis de estados financieros. Incluso fue contratada cuando su Registro Nacional de Proveedores no estaba vigente-
Lamentablemente, no es el único caso. También ocurre algo similar con Rebeca Baldeón Huamán contratada como la anterior mediante la orden de servicio N° 2423, con los mismos requisitos y en cuyo currículum se aprecia que tampoco posee los requisitos solicitados.
¿DIRECCIONAMIENTO?
Según diversos especialistas consultados, la razón de estas contrataciones irregulares ejecutadas por los funcionarios de la Gerencia de Peritajes, podrían tener el presunto fin de direccionar la presencia de este personal profesional en investigaciones importantes en las que querían influir, razón por la cual han sido denunciados por el delito de colusión (ver recuadro).
Ahora, la Contraloría General de la República y la Comisión de Fiscalización del Congreso deberían realizar la investigación sumaria correspondiente para determinar las responsabilidades, pues no sería lógico que la Fiscalía se investigue a sí misma. Igualmente tendría que solicitarse la opinión del Colegio de Contadores Públicos, a fin de pronunciarse sobre la calidad profesional de los supuestos servicios prestados a la Fiscalía.
Todo un nuevo dolor de cabeza para la Fiscal de la Nación a escasas semanas de culminar su controvertida gestión.
LOS DENUNCIADOS
- Alicia María Romero Castro, gerente de la Oficina de Peritajes de la Fiscalía de la Nación
- Danny Jesús Humpire Molina y Lucy Teresa Vinces Vasquez, exgerentes de la Oficina de Peritajes de la Fiscalía de la Nación
- Angelica María Barrera Laurente y José Julio Pisconte Ramos, exgerente (e) de la Oficina de Peritajes de la Fiscalía de la Nación.
- Rebeca Baldeón Huamán y Cecilia Jovana Chero Saboya, contadoras públicas integrantes del Equipo de Peritos de la Fiscalía de la Nación. (Diario Uno).