| Fuente: Lima Conecta |
| Un Estado empresario no solucionaría las necesidades del país Para Francisco Huerta, presidente del Instituto de Economía y Empresa, darle más poder al Estado, sería innecesario. Frente a los problemas que enfrenta el país, como la necesidad de cerrar las brechas sociales y los conflictos políticos que han sumido en crisis a muchos sectores, el representante del IEE indicó que las estrategias del actual gobierno, como liberar los fondos de las AFP, son contraproducentes para el futuro de la economía peruana. El especialista comentó que estas acciones no son recomendables, puesto que van en contra del Artículo N° 58 de la Constitución que sostiene que el deber del Estado es proteger al pueblo y fomentar el desarrollo. “El estado no ha sido capaz de seguir ese mandato de la Constitución, entonces por sentido común no se le podría otorgar más poder al Estado del que ya tiene”, comenta Huerta. La ineficiencia que ha demostrado el Estado retrasa el desarrollo y crecimiento del país y, por lo tanto, de sus ciudadanos. Huerta acotó que se debe fortalecer el sistema, sobre todo en estas circunstancias en las que los malos manejos en la gestión pública representan el principal problema del Perú. |
| Fuente: Lima Conecta |
Una Asamblea Constituyente ahuyentaría la inversión Para Lucas Ghersi, abogado constitucionalista, hablar de una asamblea constituyente solo hace que el Perú no avance en la reactivación económica. El especialista refiere que desde que se mencionó este tema solo ha aumentado la pobreza y el desempleo. “A mí me parece que quieren empobrecer al Perú, para cuando estemos en crisis, nos acorralen a la idea de que ellos son los únicos que nos pueden salvar del problema al que ellos nos sometieron”, afirmó Ghersi. Asimismo, comentó que una asamblea constituyente puede aplicar solo en una dictadura, situación en la que aún no nos encontramos, pero es a la que apuntaría el actual gobierno. Según Ghersi, no es una medida necesaria para el Perú, sino que apuntaría solo a beneficiar a quienes están en el poder gracias a nuevas normativas como reelección y control de medios. Por último, afirma que depende de nuestras futuras elecciones el que contemos con personas adecuadas para los cargos públicos y que estas se hagan verdaderamente responsables de sus actos. “El poder Ejecutivo en lugar de dedicarse a retomar la economía, está obsesionado con el poder, es por ello que nosotros debemos dejar de creer en discursos populistas y realmente examinar a cada uno de ellos”, enfatizó el especialista. |
| Fuente: Lima Conecta |
Empresarios de Gamarra se sienten burlados por acciones del Estado El gobierno peruano, mediante un decreto supremo, aprobó que las mercancía de China y Bangladesh sean exoneradas del costo de salvaguardias. Al exonerar estos pagos, los empresarios que siempre han trabajado en torno a las prendas de vestir se ven afectados. “Esto afecta a toda la cadena productiva que genera 100 mil microempresas que trabajan y tiene impacto en un millón de familias, haciéndole caso omiso a la entidad del Indecopi y pasando por encima de la lucha de los empresarios de Gamarra”, comentó Susana Saldaña, presidenta de la asociación de comerciantes de Gamarra. También se refirió al poco valor que se le da a la importación nacional, sabiendo que, desde hace años, el emporio de Gamarra busca poder darle la formalización y oportunidad de crecimiento a sus empresarios. Asimismo, mencionó que la inversión privada y la importación es buena y necesaria, pero no creen justo que haya más facilidades para el mercado extranjero cuando hay tanta producción peruana. “Estos cambios que se dan de un momento a otro, puede dejar sin trabajo a muchas personas en realidad, el país no ve por el bienestar del otro peruano, estamos trabajando para representar al país con la mejor calidad de algodón, pero no nos apoyan”, recalcó Saldaña. Por último, mencionó que el gobierno debería limitarse a gobernar en favor de buenos resultados para la sociedad y no a quitar más oportunidades. |
| Fuente: Gestión |
Campamento del proyecto Azuca fue atacado por mineros ilegales El hecho ocurrió ayer cuando en un acto que no corresponde a un conflicto social sino a un hecho delincuencial un grupo de mineros ilegales. Este acto de violencia en contra de propiedad privada se hizo luego de que este grupo de ilegales expulsarán previamente a la fuerza al personal de Ares que se encontraba resguardando el citado proyecto, informó la empresa. Ante los hechos, la minera Ares solicitó el apoyo a la comisaría de Totoro Oropeza, de la que apenas siete efectivos policiales se dirigieron al lugar para evidenciar lo ocurrido. En camino al campamento, encontraron la carretera bloqueada por grandes rocas que obstaculizaban el tránsito vehicular. A su llegada al proyecto, que actualmente está en inactividad y no había reportado conflictos anteriormente, los efectivos policiales confirmaron que todos los ambientes del campamento habían sido saqueados y quemados, así como la garita de control de acceso. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal está presente en más de 13 regiones del país, lo que no solo ocasiona pérdidas materiales y económicas para las empresas formales, sino que también pone en riesgo la vida de los peruanos aledaños a las zonas afectadas, y contamina los ecosistemas nacionales. |
| Fuente: Gestión |
PCM reavivó el tema de la asamblea constituyente Presidenta del Congreso señala que Gabinetes descentralizados sirven para hablar sobre la nueva Constitución y criticar al Congreso. La realización de una asamblea constituyente aún sigue presente en el discurso del Ejecutivo, pese a que el proyecto de ley ya fue archivado por el Congreso, la semana pasada. El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, decidió hablar una vez más sobre el tema durante el Consejo de Ministros descentralizado que se llevó a cabo en Huánuco. “No estamos promoviendo la asamblea constituyente desde el gobierno porque el congreso ya resolvió, pero eso no significa que nosotros tengamos que impedir a la población que pueda organizarse y llevarla a cabo o que otros partidos políticos lo promuevan”, expresó el Presidente del Consejo de Ministros. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez puso nuevamente el tema sobre la mesa, incluso señaló que el gobierno evaluaría medidas sobre el tema. “Las medidas específicas y detalles, no estoy en condiciones de referir cuáles serán. Pero sí estoy seguro de que, de lo que corresponda, siempre el planteamiento del Gobierno se dará en estricto cumplimento del marco jurídico, esa es la apuesta del gobierno. En las horas que siguen, seguramente se evaluará”, anotó. |
| Fuente: El Comercio |
Conflictos sociales empiezan a afectar al sector eléctrico Carlos Mario Caro, Gerente general de ISA REP, indicó que la conflictividad social no es un problema exclusivo de la minería. ISA REP, la principal empresa de transmisión eléctrica del país, se alista para terminar la construcción de la primera fase de su proyecto Yana-Coya, de US$500 millones. Sin embargo, trabas inusuales, como una inesperada consulta previa y conflictos con las comunidades campesinas, ponen en riesgo el cronograma del proyecto. Con respecto a los US$650 millones que la empresa tenía para invertir, comentó que la proyección ha bajado. “En los últimos cinco a seis años el crecimiento de la demanda eléctrica ha sido más bajo que antes. Teníamos, inicialmente, unas perspectivas, pero hubo un espacio entre 2018 y 2021 sin muchas licitaciones por parte de Proinversión. Ahora hay una cartera de US$1.200 millones para este año y el siguiente, y nosotros vamos a participar porque son proyectos muy importantes”, dijo. Asimismo, sobre el crecimiento de ISA en el país, Caro comentó que no ha sido significativo por falta de infraestructura. “Hemos crecido de 71% a 73%. Y en lo que respecta al norte, hace falta más inversión porque existe congestión en las líneas de transmisión. Eso significa que la energía es más cara allí. Por eso necesitamos construir esta línea [la interconexión con Ecuador] y todas las que bajan por Piura y Celendín hasta Huánuco, en el centro del país. Esos proyectos se van a licitar en 2022 y 2023”, explicó. |
| Fuente: Perú Legal |
Congreso propone que exista representación de los afiliados en los directorios de las AFP El congresista Carlos Zeballos (Perú Democrático) plantea además que se reformule el cálculo de las comisiones. Mediante el proyecto de ley N.° 2047/2021-CR, el parlamentario propuso que los afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones tengan un representante en los directorios de las AFP y en los directorios de las empresas en las que las AFP tengan derecho a tener directores. En dicha iniciativa se plantea modificar los artículos 23°, 24° y 25-C del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Sin embargo, el legislador no solo propone que los afiliados formen parte del directorio de las AFP, sino también que estas no cobren comisiones mientras la rentabilidad de cualquiera de los fondos sea negativa. En cuanto al cálculo de la comisión, se plantea que esta sea calculada cada seis meses por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), en función a la “estructura de costos reales promedio” de las AFP, bajo un enfoque de operador eficiente. Otra propuesta contenida en el proyecto de ley es que las AFP perciban una “comisión de desempeño” en función a la rentabilidad real anual por la AFP, cuyo cálculo sería determinado por la SBS. El cobro sería una vez al año y no se aplicaría respecto de los afiliados desempleados ni pasivos. En la iniciativa también se plantea que, en caso el incumplimiento de la política de inversiones de las AFP ocasione pérdidas en cualquiera de los fondos, la AFP que corresponda deberá resarcir a los afiliados perjudicados con la devolución de las comisiones. |
| Fuente: El Comercio |
Altos funcionarios del Minem militan en Perú Libre De los 11 representantes, 8 militan en la actualidad en el partido que dirige Vladimir Cerrón y otros 2 trabajaron en el Gobierno Regional de Junín. El último cambio de Gabinete Ministerial, no solo significó el ascenso de Aníbal Torres como primer ministro, sino también que el Ministerio de Energía y Minas pasara a ser manejado por el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Desde febrero, la presencia de militantes y allegados del partido del lápiz en la alta plana aumentó de dos a once, incluyendo al recientemente interpelado titular del MINEM, Carlos Palacios. El 11 de febrero último, a solo dos días de asumir el cargo, Palacios designó a Loly Wider Herrera Lavado como secretario general del MINEM. Él había sido gerente general del GORE de Junín y también abogado de Bertha Rojas, madre del líder perulibrista, en una querella que entabló contra el excongresista César Combina. Ese mismo día, también se nombró a David Caballero Llanos como jefe de Gabinete de Asesores. El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi advirtió que en los últimos meses se ha dado “un copamiento exagerado, descarado y rápido” de parte de Perú Libre en el referido sector. “[Cerrón] necesita a personas que obedezcan órdenes sin refutar, incluso órdenes de las más absurdas”, manifestó en referencia a las presiones del ministerio hacia Petroperú para que opere el Lote 192 sin socio, a pesar de que la empresa petrolera no tiene presupuesto para ello y arrastra deudas por US$ 4,300 millones. |
| Fuente: Lampadia |
Un 87.5% de los trabajadores formales pertenecen a empresas tercerizadoras De acuerdo con el presidente de la AETT, Óscar Núñez, la aprobación del DS que prohíbe la tercerización pone en riesgo a los trabajadores. “Esa norma es un campo minado y tiende hacía la desaparición de la tercerización. La diferencia entre nuclear y principal no es clara y consideramos que todo se puede clasificar como nuclear. Nosotros ya prevemos que impacte en todos nuestros asociados, lo cual terminaría afectando a más de 700,000 personas, sin contar las empresas y trabajadores que no forman parte de la AETT”, indicó el presidente. Núñez agregó que, según la data de la AETT, alrededor del 85% de las empresas del país utilizan servicios de tercerización, por lo que el impacto de la norma llegaría a todo el Perú. Según indica la Asociación, el 53% de empresas que utilizan este tipo de contratos se encuentran en el rubro de la minería y en construcción, por lo que serían los más impactados por la medida que cobra vigencia en agosto. Por otro lado, un 35% opera en los sectores de petróleo, retail y consumo. Finalmente, un 12% se encuentra en el sector de agricultura, manufactura, comercio y otros. Según Núñez, la norma “paralizará por completo al país” o llevará a que se recurra al mercado informal, como vienen advirtiendo los expertos. Agrega que, en el peor de los casos, se podría ver un caso como el de México hace unos años, en el que el empleo formal se redujo en un 80%, según sus cálculos. |
| Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú |
Gobierno de Pedro Castillo sería el que más dinero ha recibido de la minería Así lo indicó Marcial García, líder en minería de EY, quien también refirió que el impacto de las paralizaciones se reflejará en los ingresos fiscales. García advirtió que las transferencias de recursos se han multiplicado, pero el actual gobierno no sería el actor idóneo para aprovecharlas en el cierre de brechas. “El 2021 la recaudación al sector minero se triplicó, al crecer 230%, y se batieron récords de transferencias a los gobiernos subnacionales, cerca de S/ 6,600 millones, entre canon, derecho de vigencia y regalías, que van a las regiones”, dijo. Con respecto a la conflictividad social, indicó que para este 2022 las recaudaciones sufrirán pérdidas. “Al parecer (la menor producción de minas actuales) se ha visto compensada por el nivel de precios de los metales y por la entrada en operación de nuevas iniciativas como Minas Justa desde el año pasado, y el factor de nuevas operaciones de Quellaveco, que debería aportar unas 300 mil toneladas al año a la producción”. Finalmente, recordó que el manejo de los tributos mineros es lamentable para todos los peruanos. “Los conflictos sociales son un claro reflejo de que no se están utilizando de la mejor forma los recursos que tienen las regiones; no se están atendiendo las demandas sociales y es por eso hay conflictos. Hay que analizar en qué se gastan los recursos”, enfatizó. |