La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final en mayoría que recomienda acusar al presidente de la República, Pedro Castillo, por diferentes delitos por los casos Puente Tarata y Sarratea.

Por 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, dicho grupo de trabajo dio luz verde al informe en mayoría, cuyas conclusiones fueron leídas durante la sesión llevada a cabo este jueves 30 de junio.

Según el documento, el mandatario lidera una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios.

Por ello, se recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado por incurrir, presuntamente, en los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Entre las conclusiones, se resalta que Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

También se lee que las comunicaciones entre Castillo Terrones, Pacheco, Villaverde y López se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.

Además del caso Puente Tarata, en el informe también se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por haber mantenido reuniones en la casa del pasaje Sarratea, ubicada en Breña, sin que se hayan transparentado.

Paralelamente, se presentó un informe en minoría a cargo de Pasión Dávila (Bloque Magisterial), que plantea archivar la investigación de la Comisión de Fiscalización contra Castillo Terrones en todos los casos.

Este documento también plantea archivar la investigación contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich Fredy López Ureña, todos de Acción Popular y apodados ‘Los niños’.

Congreso aprueba censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien deberá dejar el cargo

El Congreso de la República aprobó este jueves 30 de junio la moción de censura promovida por la bancada de Fuerza Popular y otros grupos de oposición contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien deberá dejar el cargo en las próximas 72 horas.

Por 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al documento presentado por la fuga del extitular de Transportes Juan Silva y las muertes por enfrentamientos entre mineros artesanales en Caravelí, región Arequipa.

Durante el debate el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) aseguró que votaría en contra. “No tengo por qué votar por la censura porque cuando recurrí a él para que se detengan las muertes en Atico, él atendió mi llamado”, acotó.

La misma posición adoptó su colega Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), quien dijo que oponía a la censura. “No vayamos por lo más fácil, que es censurar al ministro. Ya hay un proceso de investigación, que siga su curso”, manifestó.

En tanto, legisladores como Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Susel Paredes (No Agrupados) respaldaron la censura de Dimitri Senmache

El documento llevaba las rúbricas de 34 legisladores, la mayoría de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, además de Karol Paredes (Acción Popular), Kira Alcaraz (Somos Perú), Gladys Echaíz y Roberto Chiabra (ambos de Alianza para el Progreso).

En la moción se acusaba al titular del Mininter de “omisión de funciones e incapacidad de gestión” tras los enfrentamientos en el distrito arequipeño de Atico, que a la fecha han dejado 14 muertos.

Asimismo, se le sindicaba de “grave responsabilidad funcional” por la “inacción y desidia” para ubicar y capturar a los prófugos Silva Villegas, Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo.

Del mismo modo, refería que Senmache, ante la Comisión de Fiscalización, no ha cumplido con esclarecer los hechos, ni ha “respondido con idoneidad y cabalidad” sobre las acciones desplegadas por su sector para revertir los acontecimientos.

“Por el contrario, ha trasladado la responsabilidad al Ministerio Público, desconociendo que las acciones relacionadas con el orden interno y orden público son de competencia primordial y exclusiva del ministerio a su cargo”, señalaba.

También consideraba “reprochable” que el ministro haya manifestado que no podía hacer seguimiento a Juan Silva porque eso requería una orden judicial, “olvidándose por un lado que tenía la responsabilidad de la videovigilancia” y que la seguridad del Estado asignada al exministro se encontraba bajo competencia de su sector.

“Los hechos sucedidos son razones suficientes para que el actual ministro del Interior deje el despacho ministerial antes que por culpa de su incompetencia e inacción se sigan sucediendo más tragedias en el país que desestabilizan a la Nación”, enfatizaba. (Correo).

 

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