La historia detrás de los cambios ordenados por la Fiscal de la Nación. La manipulación de un informe de productividad y la revelación de una carpeta fiscal contra otra de las hermanas de Patricia Benavides.
“El cambio de la doctora Revilla se da porque estoy poniendo orden en casa (…). Existiendo un informe de baja producción, como Fiscal de la Nación que dirige la política de la institución, tengo que actuar con orden y firmeza”, señaló la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 3 de agosto en una entrevista en RPP.
Benavides se refería al informe que sirvió de sustento para el cambio de la fiscal Bersabeth Revilla a otro despacho el 25 de julio pasado. Un argumento que le ha servido de escudo frente a las críticas por su presunta intromisión en la investigación que Revilla llevaba contra su hermana mayor, la jueza superior Enma Benavides.
La Fiscal de la Nación volvió a mencionar el informe recientemente en una entrevista publicada en el diario Trome y en otra ofrecida al programa Panorama. Lo hizo sin mostrar ni de cerca ni de lejos el reporte a los crédulos entrevistadores.
IDL-R solicitó el informe por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 26 de julio, un día después de que Benavides ordenara el cambio de Revilla, pero este recién fue entregado el 16 de agosto. Luego de analizar el documento, este medio halló serias inconsistencias entre lo que la Fiscal de la Nación afirma y los indicadores de productividad que figuran en el mismo.
El Informe N°000012-2022-MP-FN-OCPF cuenta apenas con tres carillas y está firmado por el ingeniero Abel Cartolín, jefe de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal. La información de base proviene del Sistema de Gestión Fiscal (SGF), un software que sirve de insumo, junto a varios otros, para la medición del desempeño de los fiscales.
Los cuestionamientos al SGF se concentran en su baja o nula capacidad para medir la tasa de éxito fiscal en casos complejos. El sistema le asigna el mismo valor a una investigación archivada en etapa preliminar que a una que logró sentencias condenatorias para los acusados. Ambas son consideradas “resueltas”.
Todas las demás investigaciones que se encuentran en la cadena son consideradas “en trámite” y por lo tanto representan un demérito para el fiscal. Es por ello que hasta la propia titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, se manifestó en contra de este tipo de evaluación en la entrevista personal que rindió ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el 30 de mayo de este año.
Ese día, Antonio de la Haza, miembro de la JNJ, le preguntó a Benavides cuáles deberían ser los indicadores para medir el desempeño de los fiscales. Benavides contestó que no siempre las estadísticas reflejaban el trabajo de los fiscales en los casos complejos. “A veces, en el Ministerio Público tenemos solamente el tema de la cantidad y el porcentaje resuelto al año, ¿no? Debiera tenerse otros indicadores”, dijo.
El informe de productividad entregado por la Fiscalía demuestra que, incluso bajo los discutibles parámetros del SGF, el rendimiento de Revilla entre los años 2019 y 2021 siguió una línea notoriamente ascendente.
En julio del 2019, Revilla asumió como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios. La oficina fue creada luego de que la Primera Fiscalía Transitoria, a cargo del fiscal Jesús Fernández Alarcón, asumiera a dedicación exclusiva gran parte de las carpetas del caso “Cuellos Blancos”.
Ese año, Revilla asumió 237 casos y en un plazo de seis meses pudo resolver 101 de ellos. El porcentaje de productividad de ese año fue de 42.6%. Su desempeño mejoró en el 2020, cuando la fiscal y su equipo pudieron resolver 161 de 288 casos asignados, por lo que el índice se elevó a 55.9%.
Pero fue en 2021 en que Revilla mostró un pico de rendimiento. Ese año, el equipo que lideraba resolvió 272 de los 371 casos asignados a su despacho y obtuvo un promedio de 73.3%. El desempeño de Revilla también se puede medir en relación a los otros despachos que fueron parte de la misma evaluación ordenada por Benavides.
Según el cuadro elaborado por la Fiscalía, de enero a julio de este año, Revilla mostraba un rendimiento de 47.2%, mayor al 38.8% logrado por la Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios y muy por encima del registrado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, bajo el mando de Fernández Alarcón (3.9%).
A pesar de ello, el informe de productividad concluye de manera general que hay un “bajo nivel resolutivo en las Fiscalías Transitorias”. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? El informe no lo explica. Peor aún, en este se admite que el reporte fue elaborado sin que se haya aprobado “una meta mensual estándar” de cada despacho. ¿Cómo se supo entonces que los porcentajes eran bajos, medios o altos?
Los resultados obtenidos por Revilla coinciden en parte con información que la propia fiscal envió a la Junta Nacional de Justicia este año. Según una evaluación interna, Revilla pudo resolver 89% de los casos asignados a su despacho en los años 2019 y 2020, mientras que en 2021 el porcentaje de casos resueltos fue de 87%.
¿Ignora Benavides esta información? En absoluto. El pasado 2 de agosto, la fiscal Revilla le envió una carta de reconsideración junto a un voluminoso reporte con el avance de cada una de las carpetas que tuvo a su cargo. Son alrededor de 600 casos que involucran a jueces, fiscales, congresistas, ministros y otros altos funcionarios.
Al momento de su remoción, Revilla ya había formalizado investigación contra el excontralor Edgar Alarcón y el exfiscal supremo Luis Arce Córdova, ambos investigados por enriquecimiento ilícito. También contra el expremier César Villanueva por hechos vinculados a Lava Jato.
Por otro lado, Revilla había formalizado investigación contra el exfiscal de la Nación Pedro Chavarry por obstruir la investigación contra Keiko Fujimori y tenía a su cargo el caso que involucra a Kenji Fujimori en la compra de votos en el Congreso para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, el cual se encuentra en etapa de juicio oral.
Si de productividad se trataba, las cifras indican que la fiscal Revilla debió ser felicitada y promovida. Así que en este caso no se puede hablar de razón sino de pretexto. Y el pretexto fue muy mal elegido, pues muestra lo contrario de lo que alegó Benavides.
Entonces, si la razón alegada resultó un pretexto, ¿cuál es la razón verdadera? Todo indica que fue la investigación que Revilla llevaba contra Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, y que causó ya una intervención directa de esta, incluso antes de asumir la fiscalía de la Nación. Es decir, un caso patente de conflicto de interés.
Enma Benavides
“¿Usted alguna vez, antes de ser Fiscal de la Nación, se reunió con la fiscal Revilla cuando ella seguía este caso (el de su hermana Enma)?”, fue otra de las preguntas que Benavides respondió en la misma entrevista del 3 de julio en RPP. “Jamás, jamás”, dijo Benavides en aquella ocasión.
No obstante, hay otra versión de los hechos que contradice esta respuesta. De acuerdo con el testimonio de Revilla, a fines del 2019 la fiscal Benavides la buscó en su despacho ubicado en el octavo piso del Ministerio Público. En ese tiempo, Benavides encabezaba el Área Especializada en Denuncias contra Magistrados (Aredema).
Esta dependencia resultaba clave, pues se encarga de filtrar todas las denuncias contra jueces, fiscales y otros altos funcionarios. Sin embargo, la denuncia contra su hermana Enma no siguió el trámite regular porque Revilla, conociendo el parentesco entre ambas, tramitó el caso directamente con la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Fue en este contexto en que Revilla afirma haber recibido la visita de la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Mi hermana es inocente, doctora. Este señor (Rosales) la acosa hace mucho tiempo, pero el caso ya fue archivado en la OCMA (Órgano de Control de la Magistratura)”, le aseguró Benavides a Revilla, según el testimonio que esta última brindó a IDL-R durante una entrevista.
La respuesta de Revilla fue firme. Le dijo que creía en la presunción de inocencia, pero que su deber era investigar la denuncia. “¿Qué puedo hacer? No puedo quemarla, esconderla o enviarla al tercer sótano. Quiero que entienda que mi deber como fiscal es investigar los hechos”, recuerda haberle dicho Revilla.
La fiscal Revilla no denunció este hecho porque consideró que Benavides actuaba de buena fe. Sin embargo, el solo intento de “influenciar sobre otros fiscales o jueces en causas que estos investigan o tramitan” está catalogado como una falta muy grave y podría conllevar a una destitución, de acuerdo con la Ley de Carrera Fiscal.
En cualquier caso, este diálogo fue el último que sostuvieron ambas fiscales, según Revilla. Tras ello, se abocó a la investigación fiscal que está basada en dos hechos ocurridos entre 2012 y 2015, cuando la jueza superior Enma Benavides integraba el Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional junto a María Luisa Apaza y Pablo Ilave.
Dicho colegiado ordenó la variación de la prisión preventiva por comparecencia para varios investigados por narcotráfico. Entre ellos, el peligroso narcotraficante colombiano Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’. Gómez fue puesto en libertad en 2015 gracias a una resolución donde Benavides fue ponente.
La jueza Benavides también fue la ponente en el caso de José Manuel López Quispe, alias ‘Papitas’. López ya era conocido como uno de los grandes acopiadores de cocaína en el Vraem cuando cayó preso en el penal Piedras Gordas en 2012. Antes había sido capturado por la Policía en el 2004 y el 2009, pero obtuvo su libertad gracias a resoluciones del Poder Judicial.
La última vez no fue la excepción. Pese a sus graves antecedentes, el 15 de diciembre del 2014 el colegiado “E” de la Sala Penal Nacional dispuso su libertad con comparecencia.
La revelación de estas y otras resoluciones sospechosas provino del mayor PNP (r) Hilario Rosales. En 2014, Rosales cayó preso en el penal Piedras Gordas por asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas por un caso de tráfico de terrenos relacionado al Sodalicio de Vida Cristiana en el distrito de Tacalá (Piura).
Rosales debía cumplir 36 meses de prisión preventiva, pero al poco tiempo de su internamiento asegura haber recibido una oferta para lograr su libertad. Según su testimonio, el abogado Walter Mendoza Pérez le propuso a este y a sus coacusados la variación de su prisión preventiva por comparecencia a cambio de un pago.
Mendoza, de acuerdo con el mismo testimonio, habló a nombre de la jueza Enma Benavides. Les dijo que la magistrada no contaba con ninguna prueba contra ellos, pero que su libertad les iba a costar 100 mil dólares a cada uno. “A la profesora (refiriéndose a Benavides) no le interesa que seas culpable o inocente: la libertad cuesta; y que si es apelada el Juez Hinostroza Pariachi se encargaba de confirmarla”, les habría dicho.
Aunque Rosales finalmente no aceptó la oferta, siempre según su versión, en los siguientes meses fue testigo de las constantes visitas de Mendoza a procesados por narcotráfico, algunos de los cuales lograron obtener libertad provisional gracias a resoluciones de la sala que integraba Benavides. En total, Rosales asegura haber obtenido hasta 56 resoluciones judiciales sospechosas pero estas le habrían sido incautadas por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En 2019, Rosales presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación que contenía sólo nueve resoluciones emitidas por la Sala que integraba la jueza Enma Benavides, y también el testimonio de dos reos a los que se les habría hecho la oferta de libertad a cambio de un pago para la magistrada. El caso fue a manos del fiscal Fernández Alarcón y luego al despacho de Revilla.
De acuerdo con Registros Públicos, la jueza superior Enma Benavides es propietaria de ocho inmuebles en Lima, un lote en la playa y un terreno en Huancavelica. Entre 2013 y 2018, Benavides adquirió un terreno en el barrio de San Cristóbal, en Huancavelica, por 150 mil dólares; un departamento en la calle Grimaldo del Solar, en Miraflores, por 292 mil 500 dólares; un inmueble en la urbanización Liguria, en Surco, por 100 mil dólares; y un lote en la playa Chocalla, en Asia, por 85 mil dólares.
En 2015, Benavides adquirió una camioneta Mazda a 21,900 dólares y, dos años después, pagó 72 mil dólares por una camioneta Porsche Cayenne.
En septiembre de 2021, Revilla formalizó la investigación. Sin embargo, antes de que pudiera formular acusación la fiscal fue removida de su cargo por orden de la hermana de Enma Benavides, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La investigación ahora depende enteramente de su reemplazante, el fiscal supremo provisional Uriel Terán Dianderas.
Antes de dejar su cargo, Revilla había cursado solicitudes de cooperación internacional para poder entrevistar a procesados por narcotráfico que presuntamente habían logrado su libertad gracias a Benavides, pero que se encontraban purgando condenas por el mismo delito en otros países. También tenía un proceso de colaboración eficaz en curso.
Ruth Benavides
No es la única investigación que la fiscal dejó inconclusa. Un dato menos conocido es que Revilla también estaba al frente de una investigación contra la jueza superior Ruth Benavides, otra de las hermanas de la Fiscal de la Nación, quien en medio del escándalo y las revelaciones del caso Lava Jato, reemplazó a Walter Ríos en la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao en 2019.
La investigación en contra de Ruth Benavides surgió a partir de una denuncia de la actual presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Aurora Guerrero. Poco tiempo después de asumir dicho cargo, el 17 de diciembre del 2020, Guerrero recibió una denuncia anónima a través de su correo electrónico.
La acusación iba dirigida contra su antecesora en el cargo, Ruth Benavides, y la jefa de Recursos Humanos de la misma institución, Roxana Pereira Mestas. Ambas fueron responsabilizadas por la presunta contratación irregular de un total de 242 trabajadores para la Corte del Callao, entre los años 2019 y 2020.
Guerrero presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Callao el 21 de diciembre del 2020, pero debido al alto cargo que ocupa Benavides en la magistratura esta fue derivada al despacho de Revilla.
Después de analizar los hechos, la fiscal decidió archivar la investigación. El 21 de marzo pasado, la Procuraduría Anticorrupción apeló la resolución de archivo y el caso fue derivado al despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez. Dos meses después, Sánchez dispuso que Revilla continuara con las investigaciones. La fiscal se aprestaba a cumplir con el mandato de su superior cuando fue removida de su puesto.
Vegas Vaccaro
La resolución del 25 de julio, que dispuso el cambio de Revilla a otro despacho contiene un aspecto difícil de entender. La Fiscal de la Nación ordenó que Revilla fuera a trabajar como fiscal adjunta de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, cuyo titular encargado desde el 2 de julio es el fiscal adjunto supremo provisional, Miguel Vegas Vaccaro.
Vegas Vaccaro no es precisamente el mejor ejemplo de productividad. A fines de 2018, fue sancionado con un mes de suspensión y la rebaja del 50% de su remuneración por haber demorado en la emisión de dictámenes de 102 expedientes judiciales, cuando se desempeñaba como titular de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima.
Pero esto no es lo más grave. Hace solo unos meses, Vegas Vaccaro fue investigado en el despacho de Revilla. Este y el fiscal adjunto provincial Raúl Chávez Balcazar fueron denunciados por colusión y negociación incompatible por hechos ocurridos en 2017, cuando Vegas Vaccaro ocupaba la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima.
Según la denuncia, Vegas Vaccaro solicitó y autorizó la contratación de Chávez Balcázar como secretario de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, a pesar de que este ya percibía un sueldo de la institución por cumplir la misma función. En total, el fiscal adjunto habría cobrado indebidamente 48 mil soles a través de dos órdenes de servicio.
Aunque la denuncia recayó en el despacho de Revilla, quien vio directamente el caso fue su adjunto Luis Felipe Zapata. Fue este quien se encargó de recabar las evidencias y redactó un informe con los avances de la investigación en contra de Vegas que fue presentado en diciembre del 2020 a la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Patricia Benavides, la actual Fiscal de la Nación, tuvo pleno conocimiento de esta investigación. Como responsable de Aredema, Benavides participó de los informes orales que Vegas y Chávez rindieron ante Ávalos el 17 de junio del 2021. Tras ello, Ávalos devolvió la investigación a Revilla con algunas observaciones a subsanar.
En los siguientes meses, la tesis de Revilla se vio fortalecida debido a que Chávez devolvió voluntariamente el dinero cobrado al Ministerio Público.
Por ello, en marzo de este año Revilla cursó una segunda solicitud de formalización a la Fiscalía de la Nación, que durante unos meses estuvo a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez.
El 17 de mayo de este año, Sánchez dispuso archivar la investigación debido a que, según su criterio, no se había podido corroborar la injerencia de Vegas en la contratación de Chávez. La resolución de Sánchez lleva en la última página las iniciales de Liz Patricia Benavides Vargas.
En la Fiscalía, se sabe que este es un signo que el autor del proyecto de resolución coloca en el documento.
La Fiscal de la Nación no ignoraba esto cuando el 25 de julio pasado dispuso el cambio de Revilla como adjunta del despacho de Vegas y el retorno del fiscal Zapata a su plaza de origen en la Fiscalía de Ucayali.
La fiscal Revilla asegura que el objetivo era degradarla y por ello renunció al Ministerio Público un día después. “Lo consideré como un segundo agravio. Además de cuestionar mi desempeño, conociendo esta situación (Benavides) quería que fuera a trabajar bajo las órdenes de un investigado. No lo iba a permitir”, señaló Revilla al cierre de una entrevista con IDL-Reporteros.
(*) IDL-R solicitó una entrevista con la Fiscal de la Nación. Pese a que se le hizo conocer que había preguntas sobre asuntos no abordados, ella rechazó la invitación argumentando que ya había abordado estos temas en otros medios y se ratificó en lo dicho. La Oficina de Imagen Institucional también comunicó que no sería posible entrevistar al Jefe de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Abel Cartolín.
Por: César Prado