El Poder Judicial dispuso el arresto preliminar por 10 días contra el empresario Segundo Sánchez, quien es dueño de la casa del pasaje Sarratea. Como se sabe, el presidente Pedro Castillo tenía sus reuniones clandestinas en ese inmueble fuera de Palacio de Gobierno y que fueron revelados en noviembre del año pasado.

La decisión se concretó gracias a un pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderada por la fiscal superior Marita Barreto, al juez Víctor Zuñiga Urday. El magistrado también dispuso la detención contra los exasesores del presidente Castillo que habrían formado parte del llamado “Gabinete en las sombras”.

Estos son Abel Cabrera Fernández, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Viton Burga. Adicionalmente, la medida también alcanza a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, investigado por pertenecer a una presunta organización criminal que direccionaba obras en su sector en Cajamarca y otras regiones del país.

“(Se dispone) detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización criminal— prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, se lee en la orden del PJ. Además, se incluyen los delitos de colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.

Según la tesis fiscal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez ern los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a Cabrera, Vásquez, Castillo, Viton y Marrufo. Sin embargo, se desconoce el paradero del dueño de la casa de Sarratea desde hace más de 15 días.

Roles

La red criminal consistió en que tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”. Luego, Castillo en Palacio de Gobierno, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales.

De acuerdo a la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021. Finalmente, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso.

Sarratea y el Gabinete en las Sombras

Como se recuerda, el programa dominical Cuarto Poder reveló que la casa de Sarratea servía como una especie de despacho presidencial clandestino de Pedro Castillo para reunirse con ministros, familiares, amigos y empresarios. Con estos últimos, se habrían acordado direccionar una serie de licitaciones para los financistas del presidente para ganar obras en los ministerios de Transportes y Vivienda.

Una prueba es que, el pasado 1 de septiembre, el diario La República reveló que Daniel Obregón Flores, propietario del Grupo Constructor Parasol, logró adjudicarse la licitación de una obra pública valorizada en 19,5 millones de soles. Se trataba de la construcción de un camino comunal en el distrito cajamarquino de Anguía. Quien fue testigo de este acto resultó ser el empresario Hugo Espino.

La reunión que Espino menciona habría ocurrido días antes de que Castillo asuma el poder. Luego, la ruta consistió en que el 27 de julio ya había expediente técnico para el proyecto en Anguía. Después, el 12 de septiembre, el presidente comprometió al entonces ministro de Transportes, Juan Silva, a transferir los fondos para la obra que promovía el hoy encarcelado alcalde José Nenil Medina.

Por su parte, el 10 de marzo pasado se informó que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada había abierto una investigación preliminar por 60 días en contra de los asesores del Presidente y trabajadores de Palacio de Gobierno. A estos se los denominó como el Gabinete en la sombra.

Según el documento fiscal, Biberto Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son los funcionarios investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno. También se está investigando a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

Esta pesquisa tiene inicio por las pasadas declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien pidió al mandatario que reconsidere su entorno cercano y que un grupo de asesores serían los responsables de que haya cometido “errores” en sus primeros seis meses como Presidente.

“Tiene un equipo de asesores, además, se lo dije abiertamente, que él debería reconsiderar el tema de quién es el entorno más cercano porque han visto que varias veces se cometen muchos errores en el gobierno. Sí siento que es la responsabilidad de quien a él lo asesora. Tiene un conjunto de personas que estos últimos días han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad. Están acusándose unos a otros y eso me preocupa”, dijo en una entrevista con RPP, el 1 de marzo.

Además, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, también advirtió que muchas de las decisiones tomadas por el mandatario se hacían bajo la influencia de “algunos asesores y funcionarios designados cual gabinete en la sombra”.

“Una gran decepción por un manejo bastante informal, pero sobre todo fuera de la ley. O sea, sin respeto de las normas administrativas. Y que eso permite que se hagan espacios donde lleguen, o puedan llegar, la corrupción, el tráfico de influencias y la usurpación de funciones. Pero también esto lleva a que la agenda país no se cumpla, lo cual lleva a un tema de desgobierno e inestabilidad”, sostuvo en una entrevista con El Comercio. (Infobae).

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