Fuente: Perú 21 |
Obras por Impuestos son la salida tras la caída de la inversión pública El nuevo reglamento permite usar este mecanismo en actividades de rehabilitación y mantenimiento, ante la caída de la inversión pública en Perú. Desde el pasado 14 de septiembre entró en vigor el nuevo reglamento para el mecanismo de obras por impuestos (OxI), modalidad poco explotada desde su creación en 2008. Ante una situación desalentadora como la actual, con 2,346 obras paralizadas en todo el país, según Contraloría, y una deficiente ejecución del presupuesto para inversión pública, por falta de formulación de proyectos, las obras por impuestos representan una solución. Sin embargo, es una modalidad que también depende de la burocracia estatal. Entre los factores que desincentivan el uso de las OxI está la recurrente demora en la entrega de documentación por parte de las entidades públicas. También hay falta de capacidad técnica de funcionarios en todos los niveles de gestión y el desconocimiento de la normativa provoca la paralización de los proyectos. Asimismo, antes los gobiernos regionales y municipalidades solo podían utilizar recursos del canon. Sin embargo, el nuevo reglamento parece ser una buena noticia, porque incluirá este mecanismo para obras de mantenimiento y reparación, y no solo para proyectos nuevos. También se podrán utilizar fondos municipales adicionales como el Focam, el Foncor y el Foncomun, inclusive recursos ordinarios para cierto tipo de obras. |
Fuente: Gestión |
Partido nacionalista busca nacionalizar el litio antes de que despegue su producción La aprobación del proyecto de ley de la bancada magisterial implicaría expropiar a la canadiense American Lithium su proyecto de litio en Puno. Si bien en algunos países de la región ya avanza la exportación de litio, en el Perú aún está en fase de exploración el proyecto de la canadiense American Lithium para la futura explotación de ese metal en Puno, pero desde el oficialismo la apuesta es nacionalizar esa actividad. El grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, afín al presidente Pedro Castillo, presentó este miércoles un proyecto de ley que nacionaliza el litio, al considerarlo un recurso estratégico, así como sus derivados. El proyecto propone la nacionalización del litio con la finalidad de que la exploración, la explotación, la industrialización y la comercialización de este mineral esté a cargo del Estado peruano. Argumenta que el litio es un recurso estratégico y que su aprovechamiento, así como el de sus derivados es de alto interés público y de manifiesta conveniencia nacional. Para el ex viceministro de minas del Minem, Rómulo Mucho, esta propuesta del grupo parlamentario allegado al presidente Castillo buscaría la expropiación de la concesión minera que opera American Lithium para la futura explotación de los yacimientos de litio en Puno. Cabe señalar que la citada compañía está desarrollando aún la fase de exploración en su proyecto Falchani, en la zona Macusani, al norte de la región Puno. |
Fuente: Gestión |
Gobierno aprueba subsidio para impulsar empleo juvenil en el sector privado El subsidio permitirá la contratación de jóvenes con una remuneración de hasta S/ 1,700 y se otorgará por un máximo de seis meses. El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de ley que “establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado”. La norma apunta a beneficiar a más de 164,000 jóvenes que serían contratados por alrededor de 45,000 empresas del sector privado. El Ministerio de Economía informó que este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, permitirá recuperar el empleo formal perdido por efectos de la pandemia del COVID-19, con el fin de promover el incremento de personas adecuadamente empleadas. Asimismo, indicó que la medida permitirá apoyar la labor de las pequeñas y microempresas, considerando que solo podrán contratar las empresas que tengan no más de 100 trabajadores. De igual modo, abrirá oportunidades para que los jóvenes se integren al mundo laboral y ganen experiencia en sus respectivos campos. La norma también ha sido planteada para promover además la contratación de mujeres, así como impulsar vínculos laborales a plazos indeterminados. Así, el Estado otorgará un porcentaje de subsidio de hasta 55% durante los tres primeros meses a los sueldos de mujeres jóvenes que haya sido contratadas por tiempo indefinido. Este porcentaje se reducirá a 27.5% durante los tres meses siguientes, agregó. |
Fuente: Gestión |
Bloqueos de corredores mineros afectan la producción y el desarrollo económico En ambas situaciones, el reclamo de los comuneros es por incumplimientos de obras del Gobierno del presidente Pedro Castillo. El corredor minero del sur es protagonista de dos nuevos bloqueos que afectan el transporte del concentrado de cobre, esta vez perjudicando a las empresas mineras Antapaccay, Hudbay y Las Bambas, que en conjunto representan un 30% de la producción nacional de este mineral. El primer bloqueo se inició el último lunes, en la comunidad de Huisapata, en la provincia de Espinar, en la región Cusco, donde los pobladores cerraron la vía, en protesta al retraso en el asfaltado de del tramo Yauri – Tintaya Marquiri – Condoroma. El segundo punto en conflicto se sitúa en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, también en el departamento del Cusco. La medida de fuerza se inició en horas de la mañana de hoy, pero fue suspendida hasta el 25 de octubre, tras el otorgamiento de una tregua al Gobierno, explicó Juan Ahuate Samata, líder de la comunidad indígena Pulpera Condes. “Si las autoridades no llegan el 25, vamos a hacer un paro indefinido contra el presidente”, agregó Ahuate Samata. En ambas situaciones, el reclamo de los comuneros es en contra del Gobierno de Pedro Castillo. En Chumbivilcas se reclama el incumplimiento en el financiamiento de 15 proyectos de saneamiento básico y educación. Además, de la entrega de presupuestos para los distritos, entre otros temas que están pendientes de solución. Cabe precisar que, de las tres empresas, es Minera Las Bambas, la cual desde el inicio de sus operaciones en el 2016, ha experimentado más de 500 días de bloqueos en el corredor vial sur. |
Fuente: El Comercio |
Prime Charters International ganó la licitación para compra de urea Agro Rural otorgó la adjudicación de la compra internacional de urea nitrogenada tras culminar el proceso de licitación iniciado en el presente mes. Agro Rural señaló que la empresa keniana deberá cumplir con la entrega de un total de 44.000 toneladas de este insumo agrícola (bolsas de 50 kilogramos) conforme a un plazo establecido. Asimismo esta adquisición demandará un desembolso de US $17′600.000 millones para la atención y continuidad de la campaña agrícola 2022-2023 que se lleva a cabo en las zonas rurales del país. El proceso de elección de la firma keniana se dio luego de que en la fase evaluatoria, que tuvo a 21 empresas postoras, cumpliese con los requisitos exigidos por Agro Rural. Durante las fases del procedimiento, se empleó la plataforma Award, espacio virtual que proporcionó un proceso transparente, una evaluación sólida y efectiva que redujo los riesgos y seleccionó con confianza y eficiencia al mejor postor. Los beneficiarios de la urea nitrogenada serán los productores rurales con una extensión de terreno de hasta cinco hectáreas, quienes deberán estar empadronados respectivamente en las dependencias del Midagri/AgroRural del departamento proveniente. Del mismo modo, coordinará de forma permanente con las autoridades locales y regionales con el objetivo de garantizar la entrega de forma oportuna y transparente. |
Fuente: La República |
Hay 19600 millones de dólares en la cartera de proyectos del país Es clave recuperar la confianza para garantizar su ejecución, señalan desde EY Perú y Proinversión, ya que estamos en la cola del ranking global de infraestructura. Considerando las modalidades de inversión en infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI) y Acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), el Perú tiene en total una cartera de US$19.600 millones, de acuerdo con la Guía para Invertir en Proyectos de Infraestructura en Perú 2022-2023. A detalle, son 24 proyectos promocionados por Proinversión a través de las APP con una inversión estimada de US$7.400 millones, y contempla ocho sectores económicos. “Es una cifra relevante para no solamente cerrar las brechas en infraestructura, sino para generar un efecto dinamizador y multiplicador en el empleo”, dijo Manuel Rivera, líder de Impuestos de EY Perú. Mientras que en las Obras por Impuesto, la cartera es de 581 proyectos y se espera una inversión de US$1.500 millones. Rivera señala que si bien desde el 2012 se han comprometido US$1.600 millones, es clave para este portafolio que despeguen las coordinaciones con las nuevas autoridades regionales y locales, junto con los cambios normativos para acceder a financiamiento. |
Fuente: Lima Conecta |
Una nueva Constitución frenaría al país Roy Ventura, experto en gestión pública, comentó que los métodos de gobierno del Ejecutivo no son los adecuados para el país y por el contrario han sido un freno para la inversión privada. Ventura explicó que el gobierno no ha favorecido al sector privado ni a la generación de empleo y una asamblea constituyente sería perjudicial para el país. “El presidente y sus funcionarios que han ingresado con él pidiendo una nueva constitución porque la actual es un retraso para el Perú. Ahora vemos que ellos se aferran a esta para quedarse en el cargo y sabemos que una nueva Constitución no es la solución para el Perú. Lo que necesitamos es combatir a la delincuencia y ya se tiene las herramientas legales, existe el marco legal necesario para reactivar la economía y soltar el presupuesto de los ministerios a los distintos distritos y poder dinamizar el poder de generar más puestos de trabajo. Pero ponernos en un escenario de una asamblea constituyente es frenar todo”, comentó. Además, Ventura sostuvo que hay aspectos que rescatar de la actual Constitución, como el hecho de que mediante esta se logró que muchas personas cuenten con una vivienda propia. “No es momento de poner ideas vagas como la asamblea constituyente, porque esta Constitución creo que está bien dada y te da el marco legal necesario para poder generar emprendimiento y gracias a esta es que muchos empresario han salido adelante, familias que gozan de agua y luz, títulos de propiedad. Creo que es un falso sueño decir que una nueva constitución política va a ser la solución a nuestros problemas es falso, lo que es la solución es que exista la voluntad política de querer trabajar”, agregó. Finalmente, Ventura señaló que con la crisis económica que se vive, el Ejecutivo debería ver la manera de fomentar el empleo en lugar de seguir entregando bonos. “Creo lo que tienen que hacer es usar el marco legal que ya existe para generar más puestos de trabajo, invertir en obras públicas, muchas obras no solo en Lima sino en regiones también ya sea con FONCODES, Reconstrucción con Cambios, tipo el modelo de los Juegos Panamericanos, ese modelo legal debe utilizarse para dinamizar la economía utilizando los recursos públicos”, declaró para Lima Conecta. |
Fuente: Lima Conecta |
Universidades públicas de regiones no invierten en infraestructura Diego Quispe, periodista, comentó que el presupuesto del Canon que se asigna para las universidades públicas de las regiones no sería usado correctamente. Quispe indicó que es lamentable que solo una universidad pública de región haya figurado en el ranking Webometrics, cuando las regiones cuentan con un presupuesto asignado por Canon. “Hay un dato importante que se tiene que compartir, hace poco fue el Perumin en Arequipa y ahí se analizó cómo los proyectos mineros han estado contribuyendo no solo a obras en regiones sino también a universidades públicas, lo que muchas personas no saben es que las universidades en provincia reciben muchos ingresos de la actividad minera. En Áncash por minería han recibido dos mil ochenta y seis millones de soles, es un monto elevado, claro este informe es del 2021 falta el de este año que lo vamos a ver al finalizar este año. Si estas universidades reciben estos montos porque tienen carencias en infraestructura y educación, ninguna universidad pública de la región figura entre las primeras del país”, comentó. Además, Quispe detalló cuáles serían las regiones que han recibido presupuesto por el Canon y no habrían invertido en su educación. “En Arequipa han recibido mil ciento dieciocho millones de soles, Moquegua quinientos setenta y tres millones de soles, Tacna ochocientos cuarenta millones, Cusco quinientos diecinueve millones y dentro de este monto hay para proyectos de infraestructura, generación de empleos y universidades públicas”, agregó. Finalmente, Quispe mencionó que uno de los problemas además de la corrupción es la burocracia que se origina al momento de realizar algún proyecto. “Cajamarca es una de las regiones que recibe mayor Canon a nivel nacional es una de las regiones más pobres del país y su universidad ni figura en este ranking, el mismo caso es de Huancavelica que los estudiantes ni siquiera tienen acceso a una biblioteca actualizada y tienen que venir a Lima a comprar libros siendo sus universidades que reciben millones de soles del Canon. Pero esto es responsabilidad del gobierno central y regional porque no están bien articuladas”, declaró para Lima Conecta. |
Fuente: Lima Conecta |
Debe fortalecerse la fiscalización sin afectar a la inversión privada Carlos Lee, especialista en derecho laboral, comentó que lo que ha afectado al país en cuanto a generación de empleo habrían sido las leyes promovidas por el gobierno. Lee indicó que se debe fortalecer la fiscalización en lugar de efectuar leyes que abarcan un contexto más amplio, debido a que hay un retroceso en cuanto al desarrollo económico del país. “Lo que debe hacerse en nuestro país es centrarse en la fiscalización no hay normas que sean difíciles de cumplir o imposibles porque las normas laborales en favor de los trabajadores muy pocas empresas las cumplen. El problema está en que se cree que la ley de tercerización quita derechos a los trabajadores sino es la informalidad y ahí viene el papel de Sunafil por fiscalizar”, comentó. Además, Lee afirmó que se debe fomentar la formalización ya que es una barrera de desarrollo económico que ha ido en aumento. “El actuar del gobierno es desincentivar la especialización de empresas porque cuando una empresa contrata a otra para un servicio es porque es especialista en ese servicio, pero si nosotros quitamos a estas empresas y solo vamos a responsabilizar a una empresa para que haga todo tipo de labores vamos a hacer que dejen de existir las especializadas, quiebren y si eran empresas extranjeras se irán con una mala imagen del país”, agregó. Finalmente, el especialista señaló que la fiscalización se debería realizar específicamente en las empresas que estén trabajando de manera informal. “Deben enfocar en la fiscalización y lamentablemente en la práctica la Sunafil fiscaliza a las empresas formales y lo que se debería hacer es fiscalizar a las empresas informales porque nadie fiscaliza a estas empresas. Se debe tratar de fiscalizar a las informales para que se vuelvan formales porque no estamos ayudando a las personas que están trabajando bajo esas condiciones”, declaró para Lima Conecta. |
Fuente: Gestión |
Perú no tiene un plan para enfrentar la crisis alimentaria el próximo año Actualmente más de tres millones de adultos recurren al menos una vez a la semana a comedores populares u ollas comunes para alimentarse. En el último Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el presidente Pedro Castillo reconoció que en el Perú alrededor de 16 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Esta cifra es parte del diagnóstico sobre el Perú ante la crisis alimentaria que viene afectando al mundo y que intensificaría sus efectos en el 2023, según la propia advertencia de la FAO. La situación es tan compleja para el país que, según el propio presidente, el 70% de los distritos del Perú presentan altos niveles de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria. Según Castillo, son dos las acciones que se han tomado para hacer frente a esta situación: iniciar la “segunda reforma agraria” y la entrega de bonos. Esto último aún no se empieza ya que recién el lunes último se oficializó la transferencia de S/1,170 millones para pagar el bono alimentario. A la entrega de bonos se le suman la rebaja de IGV a los alimentos para contrarrestar el alza de los precios o un mayor presupuesto para las ollas comunes. Pero cada una de estas acciones son aisladas, sin un plan articulado. “Hay como cosas sueltas. No hay una estrategia articulada, que siente a los sectores y niveles de Gobierno a pensar en cómo hacemos para que la gente no pase hambre”, afirmó la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. |