Con su decisión, el Congreso da muestras de estar ajeno a la situación crítica que soporta el país. Incluso la presidenta Dina Boluarte, que más temprano dio una conferencia para la prensa extranjera, pidió al Congreso que acelere su voto para adelantar los comicios.

En su encuentro con la prensa, la mandataria, al ser consultada sobre una eventual renuncia al cargo, descartó esa posibilidad y sostuvo que su gobierno era respetuoso del estado de derecho: «¿Mi renuncia resolvería la crisis y la violencia?», concluyó.

Sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los militares, la presidenta respondió en la conferencia: «¿qué hacemos frente a esas amenazas? (…) ¿Dejamos que sigan incendiando y dejamos que el caos campee en el Perú y las fuerzas policiales queden ahí? Creo que dentro de la ley y la constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país. Las Fuerzas Armadas están detrás, ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú».

En las principales ciudades y carreteras los manifestantes se funden en organizaciones regionales, colectivos, universitarios, gremios. En la capital, las marchas continúan con grupos que, en su intento por acercarse a la Plaza Mayor, al Parlamento o a la sede principal del Poder Judicial, se dispersan por las calles del centro de Lima. La policía los disuade disparando bombas lacrimógenas bajo un estado de emergencia que sigue agravando la situación.

La lucha de los heridos por recuperar sus vidas

Rosalino Flores Valverde, de 21 años, se encuentra en una UCI. Su pronóstico es reservado. Recibió 36 impactos de perdigón que han afectado sus intestinos, hígado y riñón.

Hasta el momento, más de 1.400 heridos, la mayoría civiles, es el saldo de la convulsión social en el país. Según el Ministerio de Salud, 66 permanecían hospitalizados hasta el martes 24 de enero. Muchos serán sometidos a diversas cirugías para retomar sus vidas.

Tal es el caso de Elisbán Blas Mamani, 32 años, padre de tres menores. Se encontró en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía. Cayeron bombas lacrimógenas. Mientras intentaba apagar una, sintió una explosión en la pierna y vio que un grupo de policías se acercaba.

—Sentí como que reventó un cohete en mi pie y quise correr, pero me tropecé. Me volví a parar y me tropecé nuevamente — recuerda Elisbán Blas, que tiene un negocio de mecánica de producción en Juliaca. La policía lo alcanzó, lo golpeó en la cabeza y otras partes del cuerpo, antes de ser trasladado al hospital de Juliaca.

Nueve meses han pasado desde que se dio a esta etapa y solo el 25% de la población objetivo la ha recibido. Entre las razones de la escasa cifra se esgrime la falsa sensación de seguridad y el agotamiento pandémico, pero hay muchas más que los expertos consultados por OjoPúblico nos explican.

Una amenaza contra educación sobre derechos humanos adquiridos

En Perú, la Ley 31498 otorga facultades a organizaciones civiles ultraconservadoras para supervisar y vetar contenidos de nivel inicial, primario y secundario. Dado el contexto actual, para el investigador de Human Rights Watch Cristian González esta norma podría emplearse para limitar la información sobre cualquier otro tipo de cuestiones vinculadas a derechos humanos.  (Ojo Público).