No sé si todos los peruanos sabemos que la Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución Política del 93. Sí, por esa misma Constitución que rabanitos y progres odian y maldicen. “La Constitución de Fujimori”, que le dicen. Es esta Constitución del 93 la que hoy les permite cobrar ese sueldo privilegiado, ser académicos de instituciones afines con su ideología, y además manejar la defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos según la escala de amistad, compañerismo, camaradería o simpatía tengan con las víctimas.
Si bien es cierto la Defensoría del Pueblo se crea el año 1993, recién el 1996 inicia sus actividades con el Dr. Jorge Santistevan de Noriega como primer Defensor del Pueblo. A su vez, Santistevan de Noriega pertenecía a la Comisión Andina de Juristas del cuestionado Diego García Sayán. Eran socios, por decir lo menos.
Santistevan de Noriega no cumple su mandato, el cual concluía el año 2001, pues decide postular a la Presidencia de la República, junto a sus excolaboradores de la Defensoría Vladimiro Waroc y Rolando Luque, ambos reconocidos militantes de izquierda.
En el año 2000 Walter Albán, quien había sido segundo de Jorge Santistevan de Noriega, asume el cargo de Defensor. Es Walter Albán quien junto a la Comisión Andina de Juristas de García Sayán y el sacerdote belga Hubert Lanssiers, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, habrían iniciado el trabajo de organización para la formación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Hubert Lanssiers habría hecho el contacto con importantes ONG belgas para la financiación de la Comisión de la Verdad. Fueron millones de euros.
En enero de 2002, la Defensoría del Pueblo emite su Informe Defensorial Nro. 55, bajo el título: La Desaparición Forzada de Personas en el Perú (1980-1996), en cuyo Anexo D, artículo séptimo, inciso a) de la página 690, resuelve:
“La aprobación de una ley para crear una Comisión de la Verdad… asignar las responsabilidades institucionales y personales, así como reconocer la reparación correspondiente…”
Es así como la Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución del 93, es usada desde el año 1996, pareciera principalmente, para lucrar con la persecución de la familia militar-policial, con los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y por supuesto para defender a los que subvierten el orden.
La intención parece ser clara, emitir Informes Defensoriales sesgados, sin investigaciones objetivas previas, sin resoluciones judiciales, con sesgos subjetivos; para luego tener el camino preparado para una segunda Comisión de la Verdad o algo parecido, que con la defensa de lo indefendible, les asegure la inyección de dólares y euros que en los últimos años le son escasos.
La cúpula que inició el trabajo de la Defensoría el año 1996 no ha cambiado. Son los mismos, los descendientes del Dr. Jorge Santistevan de Noriega, miembro de la Comisión Andina de Juristas y postulante a la Presidencia del Perú, junto a Vladimiro Waroc (pareja de Eliana Rebollar Añaños, actual Defensora del Pueblo) y Rolando Luque, actual alto funcionario de la Defensoría. La argolla no se rompe, se mantiene.
Es hora de un cambio radical en la institución que vela por el cuidado de nuestros derechos fundamentales. Por el momento, la pregunta es totalmente válida: ¿A quién defiende la Defensoría?
Por: Milagros Bellido Z.