A menos de dos semanas de iniciarse el nuevo año escolar, la Defensoría del Pueblo continúa supervisando la infraestructura de los centros educativos. En los últimos días se supervisaron 10 colegios públicos calificados de alto riesgo, según la base de datos de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), los cuales atienden a un total de 13 914 estudiantes, y se comprobó su mal estado y el alto riesgo que representa para los alumnos y personal de cada uno de ellos.
En el recorrido, se verificó que algunas aulas cuentan con techos de calamina en mal estado por donde se filtra el agua cuando llueve, columnas rajadas, cercos perimétricos colapsados, servicios higiénicos no acondicionados en favor de las/los estudiantes con discapacidad. Además de módulos educativos que tienen una antigüedad de más de 20 años y que requieren ser sustituidos a fin de garantizar espacios educativos seguros y adecuados para el servicio educativo brindado a niñas y niños en educación de nivel inicial.
Asimismo, las/los comisionadas/os de la Defensoría del Pueblo constataron que las salas de cómputo requieren mantenimiento en su infraestructura y el equipo de cómputo debe ser sustituido por elementos modernos, la gran mayoría de ellas fueron dejadas de usar por el contexto de la pandemia. También, se observaron paredes con alto nivel de humedad que son cubiertas con papelógrafos, así como cercos perimétricos en pésimo estado.
En la Institución Educativa (I.E.) María Auxiliadora, ubicada en el distrito de Chorrillos, personal defensorial identificó que algunas de sus aulas cuentan con techos deteriorados, columnas dañadas por el pasar de los años, armarios viejos, y las paredes cubiertas con papel. “Este centro educativo cuenta un extenso terreno que debe ser acondicionado para instalar los ocho módulos ofrecidos por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) que permitiría atender a 1780 estudiantes provenientes de familias en situación de pobreza extrema”, dijo Milagritos Anderson, representante de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo.
En el mismo distrito, en la I.E. Mateo Pumacahua, que cuenta con 2091 estudiantes, se verificó la presencia de pabellones sin uso y tres aulas prefabricadas que datan del año 2003. Las instalaciones están apolilladas, el cerco perimétrico colapsado y el patio de primaria, sin toldo.
La I.E. Coronel José Félix Bogado, ubicada en el distrito del Rímac, también se encuentra es peligro. Cuenta con 950 estudiantes, tres módulos instalados en 2012 y cinco en 2020, las cuales requieren instalación eléctrica. También tiene un cerco perimétrico colapsado con grietas y residuos sólidos en su patio, asimismo, las escaleras en la entrada para las/los estudiantes tienen las gradas en grave estado. En las mismas condiciones se observó a los colegios Virgen del Carmen y Nacional del Rímac, que cuentan con 1199 y 1500 estudiantes, respectivamente.
Por su parte, en el Cercado de Lima, en la I.E. Juana Infantes Vera de la Unidad Vecinal n.° 03, la cual alberga a 858 alumnos, se observó 12 aulas y nueve módulos educativos desde el 2015, mientras que en la I.E. República de Canadá -con 616 estudiantes – tiene 12 aulas que requieren remodelación, así como su sala de cómputo, patios y rampas que se encuentran agrietadas.
En el distrito de La Victoria, la I.E. Manuela Felicia Gómez cuenta en su cerco perimétrico una fisura leve, mientras que la I.E. Víctor Andrés Belaúnde con un módulo educativo desde el 2015. Y en la jurisdicción de San Miguel, se constató que en el pabellón de secundaria de la I.E Jesús Redentor tiene calaminas ligeras que necesitan cambio de la estructura metálica oxidada, paredes con salitre y un pabellón cuyo segundo piso fue demolido.
De los 10 colegios visitados solo seis contaban con rampas a favor de las/los estudiantes con discapacidad y seis servicios higiénicos accesibles. Ante esta situación crítica, hacemos un llamado urgente al Ministerio de Educación -a través del PRONIED-, atender con urgencia las 355 I.E. de alto riesgo de Lima Metropolitana, y de manera especial aquellos colegios que requieren acondicionar sus terrenos para acceder a la instalación de módulos educativos en los centros educativos descritos.