Ecuador acabó el 2022 con un récord de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que casi cuadruplica los 7,1 homicidios registrados en el 2020. En ese contexto de ascendente violencia, el presidente Guillermo Lasso dictó el sábado el Decreto 707, que autoriza el porte de armas por civiles para defensa personal.
El mandatario dijo que la medida respondía al clamor de la ciudadanía y que es necesaria para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común.
La norma también autoriza a que los guardias de seguridad privada armados apoyen a la policía. Lasso remarcó que se trata de «una estrategia cruzada de seguridad» en la que las Fuerzas Armadas también apoyarán a la policía en las calles.
El periodista Bolívar Velasco, de «El Comercio» de Quito, informó que el país no cuenta con datos abiertos al público sobre la tenencia y porte de armas de fuego de forma legal.
El último dato al respecto es del 2017, cuando un estudio de la firma Small Arms Survey, con sede en Suiza, consignó que 402,000 armas estaban en manos de civiles en Ecuador. De ese total, el 58% no estaban registradas ante las autoridades.
En ese año, la tasa de tenencia de armas en Ecuador era de 2,4 por cada 100 habitantes, al nivel del Perú y muy por debajo de Uruguay, que tiene la tasa más alta en Sudamérica, con 34,7 por 100 habitantes, y de Venezuela, con 18,5 armas por cada 100 habitantes.
CONTROVERSIA
Tras el anuncio de esta nueva normativa, voces a favor y en contra dominan el debate político y sobre la inseguridad en Ecuador.
Mediante un comunicado, la Universidad de Cuenca rechazó la medida de Lasso, pues considera que «transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección».
«Estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, feminicidios, suicidios y la violencia social», remarcó.
Mientras que, en la otra orilla, la bancada del conservador Partido Social Cristiano dijo que apoya la autorización para el porte de armas y que lleva «dos años pidiendo que se haga, ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo».
«Están bien las intenciones, las declaraciones, la teoría y las propias leyes, pero estas no solucionarán nada si no se aplican las acciones pertinentes, que debe ser inmediatas, permanentes, financiadas y coordinadas», indicó en un comunicado.
En tanto, el expresidente Rafael Correa rechazó el anunició: «No permitamos que la ineptitud nos mate. Con la prohibición de porte de armas, convertimos a Ecuador en segundo país más seguro de Latinoamérica. Destrozaron todo y ahora nos venden sus torpes soluciones», escribió en su cuenta de la red social Twitter.
El presidente Guillermo Lasso ha decretado al menos 17 estados de excepción desde mayo del 2021 debido al repunte de la violencia en Ecuador, principalmente en Guayaquil y sus alrededores.
Ecuador se ha convertido en uno de los principales territorios para la salida de cocaína. Ello ha generado una explosión de la violencia, pues las pandillas locales que responden a las mafias mexicanas se disputan las rutas de la droga.
EN DETALLE
El porte de armas en Ecuador está contemplado en su legislación, pero en el 2011 fue suspendido por el gobierno del presidente Rafael Correa. Solo se mantuvo la tenencia.
El Decreto 707 detalla que las armas que podrán portar los civiles ecuatorianos son pistolas hasta el calibre 9 mm, semiautomáticas con alimentadores de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38 y escopetas recortadas del calibre 10 al 410. Además, se habilita el uso civil de aerosoles de gas pimienta.
La norma también establece que cuando un civil utilice su arma de fuego, será detenido y procesado penalmente hasta que demuestre que disparó en legítima defensa o para proteger a un tercero. Debe probar que hizo un uso racional de la defensa.
Hay un plazo de seis meses para elaborar el reglamento del decreto. Una vez que ello esté listo, los ciudadanos podrán empezar a tramitar sus permisos para el porte de armas.
