Las municipalidades realizan constantes campañas a favor de que los vecinos cumplan con pagar sus tributos para no perjudicar los servicios públicos. Sin embargo, las entidades ediles no parecen tener el mismo criterio cuando se trata de cumplir con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), puesto que 36 de las 42 municipalidades de Lima Metropolitana registran una deuda tributaria en cobranza coactiva que suma más de S/549 millones ante la Sunat.

Estas deudas –que se arrastran desde los 90– consisten en aportes del empleador por contribuciones a Essalud, así como de la retención de tributos de los trabajadores, por contribuciones (ONP y Fonavi) e impuestos de cuarta y quinta categoría, así como las multas administrativas por retenciones no pagadas, entre otros.

Entre las 36 municipalidades más deudoras, la de San Martín de Porres arrastra la cifra más alta, superando los S/151 millones. Mientras que la deuda de La Victoria y Breña está por encima de los S/60 millones.

De los actuales alcaldes, que acaban de asumir funciones en enero pasado, ciertas gestiones han presentado algunas deudas.

En Jesús María, el equipo del alcalde Jesús Gálvez indicó que se trató de un error administrativo, porque se realizó un pago por renta de cuarta categoría cuando debió ser por aportes a la ONP.

En primera instancia nos informaron que el tema “ya se está resolviendo”, y minutos después indicaron que ya habían pagado.

Consultamos también con Miraflores, y la gestión del alcalde Carlos Canales se limitó a decir que la deuda del 2023 ya se había subsanado.

Por su parte, Chorrillos, Surco, La Molina, Los Olivos y Santa Anita no tienen deudas ante la Sunat. La Municipalidad de Lima tampoco registra acreencia.

Sin pagos a la vista

El 98% de las deudas de las municipalidades corresponde a impuestos y contribuciones que descontaron a sus trabajadores, pero no realizaron el pago respectivo a la Sunat. “Este componente de la deuda se origina por la retención de quinta categoría, que lo descuentan de la planilla, pero esa retención no la entregan. Luego se tienen los aportes de ONP y Essalud.

Se basa en esos tres conceptos”, explicó Giorgio Balza, asociado principal del estudio Cuatrecasas.

Cuando un contribuyente natural registra una deuda coactiva, la Sunat tiene la facultad de embargar propiedades y hasta sus cuentas bancarias. Sin embargo, en el caso de las municipalidades, esta figura no aplica.

Balza explicó que no se pueden embargar propiedades que son del propio Estado por la normativa vigente. Desde la Sunat explicaron que no es posible embargar las cuentas de la municipalidad, porque esto podría paralizar a la entidad edil, al truncar transferencias del Ministerio de Economía.

Desde el 2014, se empleó una especie de sanción al no permitirles a las municipalidades morosas acceder a los recursos del Fondo de Compensación Municipal, pero esto se flexibiliza según cada gobierno.

La mayoría de alcaldes se excusaron de comentar para este informe, alegando que son deudas que no atañen a sus gestiones. Ese mismo argumento usan para no pagar.

Balza recordó que existen formas para que la deuda prescriba, pero que los alcaldes no suelen tomarle importancia debido a que no existe mecanismo real para exigir la cobranza. Pese a ello, recordó que se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que busca un sinceramiento de dichas deudas.

Se trata de la iniciativa del parlamentario José Arriola (Acción Popular), quien plantea que se extingan los intereses, actualización e intereses capitalizados respecto de la deuda tributaria de los gobiernos regionales y locales, así como las multas generadas por el incumplimiento de las obligaciones.

Además, señala el proyecto, los municipios que se acogieran a la norma aplicarían a un descuento de hasta 20% si es que se acogen a la modalidad de pago al contado. El proyecto fue presentado en abril del 2022, y hasta la fecha no ha sido dictaminado por la Comisión de Economía del Congreso.

En junio del 2022, el Poder Ejecutivo también presentó un proyecto de ley para establecer el tercer régimen de reprogramación de pago de aportes a los fondos del sistema privado de pensiones. Este proyecto está en la agenda del pleno, pero aún no se aprueba. A diciembre del 2018, existían 1917 entidades públicas que mantenían una deuda por aportes no efectuados a las AFP ascendente a S/ 6.975 millones.

Lo que sí se ha aprobado en el pleno del Congreso es una norma que sanciona con pena de cárcel a todo servidor público que desvíe o disponga los aportes pensionarios de un trabajador.

Gestión de Spadaro arranca con multa tributaria

En apenas cinco meses de gestión, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, ha acumulado informes de la contraloría referidos a faltas tributarias.

El primero de estos, de abril pasado, advierte sobre el pago extemporáneo de tributos retenidos a trabajadores de la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (Eslimp Callao), en enero del 2023. El pago fuera de plazo generó una multa de S/50.000 a la Sunat. El monto retenido a los trabajadores de limpieza ascendía a S/100.000.

La Municipalidad Provincial del Callao nos remitió un documento de Eslimp donde se indica que la multa se pagó gracias a un “régimen de gradualidad”.

Otra entidad adscrita es el Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver Callao). La Sunat asistió a Finver para el “proceso de embargo en forma de depósito sin extracción” por tratarse de una empresa pública del municipio. A dicha entidad se le embargó dos fotocopiadoras y un vehículo. Según la gestión de Spadaro, se trata de “deudas tributarias heredadas”.

Entre la Municipalidad del Callao, Finver y Eslimp, arrastran una deuda de S/ 232 millones.

Por: Martin Hidalgo Bustamante

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