Parece un chiste cruel. Como tantas otras normas que suenan a broma. Pero, no, nada tiene de gracioso, aunque parezca una payasada esta nueva muestra de humor de nuestros nada serios y nada ilustres huéspedes del Palacio Legislativo de la avenida Abancay. Desde sus curules, las bancadas continúan cuidándose las espaldas. Parecieran sospechar lo que se les puede venir y por eso se unen para protegerse lo más que se pueda.

El Congreso lo ha hecho de nuevo. Y queda constancia de sus perversas intenciones. El trabajo fiscal y judicial han sido amenazados por ese Parlamento que pretende quitarles libertad de acción, limitarlos. El Pleno ha aprobado en primera votación un dictamen que modifica la definición de crimen organizado y afecta el proceso de allanamiento al imponer que este se realice con la presencia del involucrado y de su abogado.

¿Y quién creen que es el padre de esta frescura? Pues nada menos que Waldemar Cerrón, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón, investigado por organización criminal y sometido al allanamiento de su vivienda y oficinas por más de un proceso en su contra, y quien hace más de siete meses se esconde de la justicia para no afrontar una sentencia de más de tres años de prisión por corrupción.

¿Y qué otras bancadas, cómplices, aliadas, creen que apoyaron esta barbaridad? Pues 11 de las 12 bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial y Renovación Popular, algunas también investigadas por organización criminal.

El texto sustitutorio, aprobado el último jueves por el Pleno con 51 votos de estas 11 bandadas, busca darle ventaja al involucrado en una investigación al obligar que el procedimiento de allanamiento se realice en presencia del imputado y también de su abogado. Incluso, si el involucrado no contara con abogado se le adjudicará uno de oficio. Eso quiere decir que se le advertirá al potencial sospechoso de un delito antes de allanar su vivienda u oficina, los lugares donde la Fiscalía podría hallar alguna prueba en su contra.

“FACILITA EL DELITO”

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, denunció que con esta norma “se pierde el factor sorpresa” y se deja a los fiscales y policías expuestos ante la criminalidad.

“Este proyecto implica un retroceso la lucha contra el crimen organizado en la que están empeñados la Policía y el Ministerio Público. Resulta completamente irreal que se intente que, una vez que recibimos las disposiciones, notifiquemos a los abogados de la organización criminal para que estén presentes en el operativo. La norma va a facilitar el delito”, señaló el fiscal a Perú21.

Para Chávez Cotrina, el Congreso debe entender que la Fiscalía enfrenta a organizaciones criminales que cometen delitos de alta peligrosidad y la propuesta de Cerrón “atenta contra los operadores de justicia” y que anticipar a los delincuentes de las diligencias los expone a posibles ataques.

“Espero que los legisladores reflexionen y dejen sin efecto este tipo de barbaridades jurídicas. Tenemos que legislar pro societate y no prodelincuencia”, indicó a este diario Chávez Cotrina, recordando que hace 15 días asistió a la Comisión de Justicia del Congreso y ningún miembro de este grupo de trabajo lo atendió.

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