“Justicia para el pueblo” decía el polo blanco de Wilson Quispe, congresista que se quitó la camisa en medio del discurso de Dina Boluarte. La congresista Ruth Luque, por su lado, alzó la foto de Rosalino Flores, cusqueño asesinado durante las protestas en 2023. “Dina, el pueblo te repudia”, se leyó en una banderola que levantó Jaime Quito. Mensajes parecidos salieron en ceremonias de graduación; en protestas en regiones visitadas por la mandataria a lo largo del mes; en el cerro San Cristóbal, un día antes y el mismo 28 de julio en el centro histórico de Lima con una bandera peruana en negro blanco y negro. Pese a las muestras de rechazo generalizadas, Boluarte apareció con más hojas que el año pasado para dar su mensaje a la nación. En los primeros minutos, acusó a los manifestantes de diciembre del 2022 y enero del 2023 de haber actuado con el “afán de dañar la imagen internacional de nuestro país”.
Mientras tanto, cientos de peruanos, entre los que están familiares de los 50 fallecidos durante la violenta represión por las mencionadas marchas, aún exigen justicia. Los días centrales de ‘Fiestas Patrias’ fueron declarados ‘Luto Nacional’.
Congresistas se retiran en medio del discurso
Al menos diez congresistas y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se retiraron en medio del mensaje presidencial. “Yo me retiré luego de ejercer mi protesta cuando la señora Boluarte afirmaba que ella había recuperado la democracia”, comenta Ruth Luque. La parlamentaria decidió levantar la fotografía de Rosalino Flores Valverde, quien tenía 22 años cuando fue baleado mientras protestaba. “Recibió más de 35 perdigones en el cuerpo. El policía que le disparó está identificado, pero no hay nadie en prisión, como en ninguno de los casos. Por eso, para mí su caso representa la exigencia de justicia”, explica. Así como el joven cusqueño, investigaciones registran 50 personas asesinadas, de distintas regiones. No todas ellas exigían justicia, algunos son menores alcanzados por fuerzas del orden.
Recientemente, el Congreso decidió archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía que responsabiliza a Dina Boluarte y seis exministros de las muertes durante las protestas sociales entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. José Jerí, actual presidente electo del Congreso, sustentó la decisión alegando una presunta falta de pruebas. Ello pese a que organismos internacionales e investigaciones previas avalan las acusaciones. Antes de la manifestación de Luque, Wilson Quispe fue el primero en reaccionar ante el mensaje presidencial. Mientras en su ropa exigía justicia, un cartel que sostuvo decía: “El pueblo no se rinde”. El parlamentario de Juntos por el Perú ya había protestado con el cartel “Puno se respeta” durante la votación para la Mesa Directiva del Congreso, dos días antes. Lo mismo hizo Jaime Quito, de la Bancada Socialista, que para esta ocasión se retiró tras mostrar su banderola dirigida a la mandataria.
Familiares de víctimas piden justicia
Frente a la impunidad, los familiares de las víctimas de la represión de 2022 y 2023 exigen justicia mediante movilizaciones en las calles desde hace dos años y medio. Las últimas se llevaron a cabo en estos últimos días. El 27 de julio, se unieron a familiares del conflicto armado interno, cuyos procesos judiciales se ven afectados por la modificación de la ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional). Juntos sumaron más de 200 personas que con atuendos rojos y fotos de las víctimas realizaron un simbólico peregrinaje, en honor a la memoria, en el cerro San Cristóbal. La emotiva manifestación, mostrada en fotos por redes sociales y en distintos medios, parece haber sido ignorada por la presidenta que en su discurso se refirió a los participantes de las protestas a inicios de su gobierno como “golpistas”. “Se construyó una narrativa, un relato, por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos, fuimos los victimarios”, leyó. “Es lamentable escuchar un mensaje que evade la realidad que hoy nuestro país vive con ciudadanos reclamando justicia y rechazando las leyes de impunidad”, observa al respecto Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “Es un mensaje que intenta evadir responsabilidad y ha reducido el ámbito de la justicia a la creación de más cárceles, como si ese fuera el único elemento que hace falta. Hoy, tenemos ciudadanos desde épocas del conflicto armado exigiendo justicia y reparación y rechazando la ley de amnistía hacia militares, miembros de la policía y de comité de autodefensa”, señala.
Para este 28 de julio, también se convocaron marchas en Lima. Asistieron familiares de personas fallecidas por la represión con ataúdes simbólicos y fotografías de las víctimas. Se trasladaron en los alrededores del Palacio de Justicia, donde se registraron algunos enfrentamientos con la policía. Paralelamente, en Arequipa, Puno y Cusco, también se llevaron a cabo movilizaciones, donde los manifestantes bloquearon el paso en algunas carreteras.
Por: Camila Alomía