La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha sumado una nueva derrota en los tribunales internacionales. La justicia estadounidense, a través del juez Lewis J. Liman del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ratificó el rechazo a la solicitud de ‘discovery’ presentada por la comuna contra la empresa Brookfield, en el marco de la investigación por el presunto origen ilícito del accionariado en la concesionaria Rutas de Lima. La decisión judicial revelada por ‘Infobae’, que desestima una reconsideración de la MML, supone un significativo fracaso para la administración municipal que, según López Aliaga, buscaba en los tribunales norteamericanos la justicia que afirma no hallar en Perú.
El revés legal se torna aún más profundo al confirmarse que la Corte de EE. UU. mantuvo su postura inicial a pesar de que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato fuera incorporada a la solicitud del ‘discovery’, una movida que el propio alcalde López Aliaga había presionado mediáticamente. El magistrado Lewis J. Liman reafirmó que la MML carece de la calidad de «parte interesada» legítima para exigir la entrega de información, desestimando la resolución que colocaba a la Procuraduría de su lado como una prueba contundente. De esta manera, el fallo da validez a las advertencias previas de la exprocuradora Silvana Carrión y pone en entredicho la estrategia legal de la Municipalidad para obtener la evidencia necesaria en su disputa con la concesionaria.
Los argumentos de la MML fueron desestimados por infundados y engañosos
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez Lewis J. Liman, rechazó la reconsideración de la MML argumentando que la resolución de la Procuraduría General del Estado (PGE), que ordenaba sumar a la Procuraduría Ad Hoc al caso, no podía ser considerada una “prueba recientemente descubierta”. El magistrado señaló que dicho documento fue emitido posteriormente a la decisión inicial y bajo presiones mediáticas directas del alcalde López Aliaga. Incluso si se hubiese aceptado, el juez recalcó que el documento de la PGE no especificaba los derechos de la MML para presentar pruebas en procedimientos extranjeros, con lo cual la condición de «parte interesada» que buscaba acreditar la comuna seguía siendo inválida ante el tribunal. Otro punto crucial desestimado fue el argumento de la Municipalidad sobre la alta probabilidad de que la investigación peruana contra Brookfield por supuesto lavado de activos fuese formalizada en el corto plazo. La defensa de Lima presentó una disposición fiscal que ampliaba la investigación para sugerir que la investigación preparatoria era inminente, pero el juez Liman indicó que esto solo reflejaba la determinación del fiscal de ampliar el plazo.
Además, el magistrado corrigió a la MML por caracterizar una frase sobre la «gran sospecha de blanqueo de capitales» como una conclusión de la Fiscalía, cuando en realidad la frase aparecía en la sección que resumía la propia denuncia de la Municipalidad, calificando dicha presentación de la información como «engañosa».
Por: Pamela Arroyo