| Fuente: El Comercio |
Adjudicaciones récord en APP y OxI pierden impulso por lenta ejecución y alta rotación ministerial El IPE advierte que, aunque el Estado y las empresas privadas impulsan más proyectos que nunca, la burocracia y los constantes cambios de ministros frenan su avance. El Instituto Peruano de Economía (IPE) alertó que el país mantiene un grave retraso en infraestructura básica, pese al récord de proyectos adjudicados a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “El Perú ocupa el puesto 63 de 67 países en el subíndice de infraestructura del Índice de Competitividad del International Institute for Management Development (IMD) 2024”, recordó el IPE, y subrayó que contar con carreteras, hospitales y plantas de tratamiento de agua en buen estado es clave para mejorar la calidad de vida de la población. En 2024, las APP lograron adjudicaciones por más de US$8,000 millones y las OxI alcanzaron casi S/4,000 millones, cifras históricas. Sin embargo, la ejecución no avanza al mismo ritmo: la brecha entre lo adjudicado y lo realmente ejecutado supera los S/1,000 millones, según un informe del instituto. El IPE explicó que muchos proyectos quedan a mitad de camino por demoras en la firma de contratos, trabas en permisos y disputas legales. “Existen 20 arbitrajes en el CIADI (una institución del Banco Mundial que resuelve disputas entre inversionistas y Estados contratante) vinculados a concesiones, cuatro veces más que en 2015”, advirtió la entidad, y señaló que estos conflictos pueden costarle caro al país y retrasar obras esenciales para los ciudadanos. Otro factor que agrava la situación es la inestabilidad política. “Desde 2016, el MTC, Minem y MEF han tenido más de 50 ministros”, precisó el IPE, al remarcar que la alta rotación impide dar continuidad a los proyectos. El instituto recomendó que el actual gobierno de transición priorice la ejecución de los proyectos ya adjudicados, como una forma de dejar un legado concreto al siguiente mandato. |
| Fuente: CADE |
CADE Ejecutivos 2025: «Sin justicia no hay desarrollo» y el 73% de peruanos desconfía de sus instituciones El foro empresarial CADE Ejecutivos abordará la crisis de confianza en la justicia. IPAE subraya que un sistema judicial predecible y confiable es «condición esencial para el desarrollo del país» y clave para la inversión. El foro empresarial CADE Ejecutivos 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial, ha puesto en agenda la urgencia de contar con un sistema judicial independiente, predecible y accesible. La organización articula su postura bajo la premisa de que: «Sin justicia no hay desarrollo». La iniciativa responde a la profunda crisis de confianza que afecta al país: «El 73% de los peruanos considera que la justicia no se aplica por igual para todos, reflejando una profunda crisis de confianza en las instituciones, según Ipsos (2024)». Durante el segundo día del evento se abordará el tema “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”, en el marco del eje “Institucionalidad, libertad y justicia para el desarrollo”. La desconfianza alcanza niveles alarmantes: el 84% de los ciudadanos considera que los jueces no actúan con independencia y el 77% afirma no confiar en el Poder Judicial, según el Barómetro de las Américas (LAPOP 2023–2024). CADE Ejecutivos 2025 enfatizará que la consolidación de una justicia eficaz, autónoma y con autoridad es: “condición esencial para el desarrollo del país”. La organización subraya que «un sistema judicial predecible, confiable y regido por reglas claras constituye un elemento clave para promover la inversión sostenible, fortalecer la seguridad jurídica y restablecer la confianza en las instituciones, bases fundamentales para el progreso económico y social del Perú”. Con esta iniciativa, IPAE reafirma su propósito de impulsar la acción para construir un Perú institucionalmente sólido. |
| Fuente: El Comercio |
Congreso pone en riesgo la meta fiscal: proyectos de gasto elevarían déficit a 4.3% del PBI en 2026 Un total de 41 iniciativas legislativas de alzas salariales y pensionarias en trámite costarían S/ 25,902 millones adicionales, equivalentes al 2.2% del PBI. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrenta una grave amenaza a la sostenibilidad fiscal debido a las 41 iniciativas legislativas que el Congreso mantiene en trámite y que no cuentan con financiamiento en el Presupuesto 2026. Según el Consejo Fiscal (CF), la implementación de estas normas generaría un gasto adicional de S/ 25,902 millones en 2026, equivalente al 2.2% del PBI. Este gasto, de aprobarse, incrementaría el déficit fiscal proyectado por el BCRP del 2.1% a un alarmante 4.3% del PBI, incumpliendo la meta fiscal de 1.8% por un año más. Los cerca de S/ 26,000 millones de gasto adicional se concentran en aumentos al presupuesto para el pago de personal y obligaciones sociales (S/ 18,818 millones) y el de pensiones y otras prestaciones sociales (S/ 7,684 millones). Para dimensionar este impacto, el monto supera el presupuesto de inversiones del Gobierno Nacional para 2025 (S/ 25,227 millones). El CF advierte que este gasto, de carácter rígido, presionaría la deuda pública, dificultando la meta de reducirla y, en el peor escenario, podría alcanzar el 70% del PBI en 2036. Estas iniciativas, impulsadas en gran medida por grupos como Perú Libre y el Bloque Magisterial, enfrentan cuestionamientos por su posible inconstitucionalidad al contravenir el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe al Congreso generar mayor gasto público. El caso más claro de inequidad es el incremento de pensiones para docentes públicos, que, de replicarse a otros profesionales del sector, elevaría aún más el costo fiscal, evidenciando que los beneficios responden a fines más electorales que a una reforma estructural equitativa del sistema previsional. |
| Fuente: RCR |
Confiep alerta que economías ilegales buscan “control político” financiando candidatos para Elecciones 2026 Jorge Zapata de Confiep y Miguel Ángel Ibarra advierten una alta penetración de dinero sucio del narcotráfico y la minería ilegal en la política. El sector empresarial y el análisis político han encendido las alertas sobre la inminente influencia de las economías ilegales en las próximas Elecciones Generales y de gobiernos subnacionales de 2026. Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y el analista político Miguel Ángel Ibarra advirtieron que estas actividades, como la minería ilegal, narcotráfico, sicariato y extorsiones, buscan “control político” financiando campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y el Congreso. Zapata enfatizó que la raíz de la violencia y el sicariato se encuentra en las economías ilegales, señalando la ineficacia del Estado para combatirlas. Al respecto, el presidente de la Confiep criticó que, pese a las alertas de Capeco sobre las extorsiones en el sector construcción, se hizo muy poco, permitiendo que el problema se agrave. Zapata afirmó que: «Estas economías quieren control político y financian campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y en el Congreso”. Ibarra complementó la alerta al señalar que la minería ilegal se ha convertido en una fuente clave de financiamiento político, llevando al Perú a un camino similar al de México y Colombia, donde redes delictivas «apoyan» a candidatos de distintas tiendas. Subrayó que la debilidad de los partidos políticos y la falta de organicidad han generado que muchos se conviertan en «vehículos de negocios», donde se ofertan candidaturas. La falta de voluntad política y la reforma bicameral agravan el riesgo de que la democracia peruana sea capturada por intereses ilegales. |
| Fuente: El Comercio |
La minería informal y el costo de US$ 30,000 millones en pasivos Raúl Benavides Ganoza exige el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al considerar que fomentó la informalidad. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debería cerrarse a fin de año, ya que, aunque fue creado para facilitar la formalización, terminó generando la expansión de la minería informal. Raúl Benavides Ganoza señala que la fecha límite se ha postergado en repetidas ocasiones, lo que ha llevado a que hoy existan cerca de 80,000 inscripciones en el Reinfo, muchas de ellas ya caducadas. Benavides Ganoza es enfático al señalar la grave omisión de la norma: “La sociedad no puede seguir tolerando que la minería informal destruya ecosistemas, contamine ríos y ponga en riesgo vidas”. Recordó que, en nombre de la formalización, se permitió que miles de operaciones funcionaran sin control ambiental ni laboral, permitiendo la comercialización descontrolada de explosivos y el uso indiscriminado de mercurio y cianuro. Remediar los 60,000 pasivos ambientales dejados por las inscripciones caducadas costaría unos US$ 30,000 millones, lo que representa casi la mitad de las reservas internacionales del país. Por ello, Ganoza concluye que, aunque podría ser razonable dar más tiempo para completar la formalización, la condición básica es: «que no se siga destruyendo el medio ambiente ni poniendo en riesgo la vida de las personas». |
| Fuente: El Comercio |
Reinfo: Denuncian predictamen del Congreso que busca extender el registro y reincorporar a 50 mil excluidos El proyecto de ley, impulsado en la Comisión de Energía y Minas, no solo busca la prórroga hasta 2026, sino también «suspender los procesos de exclusión». Al interior de la Comisión de Energía y Minas del Congreso se está preparando un predictamen para una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La propuesta, impulsada desde la presidencia de la comisión, plantea no solo extender el plazo de vigencia del registro hasta diciembre del 2026, sino también suspender los procedimientos de exclusión y reincorporar a más de 50 mil informales que ya habían sido depurados por no cumplir con los requisitos. La iniciativa ha sido duramente cuestionada. Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expresó su preocupación por la insistencia en proyectos que prolongan la vigencia de un mecanismo que: “ha demostrado haber fracasado en todo lo que es el proceso de formalización minera”. Grossheim agregó que este predictamen sería “un retroceso en el proceso de formalización” y que perpetúa un status quo dañino. Por su parte, el abogado especialista en materia ambiental César Ipenza remarcó que lo que se pretende es generar “máxima impunidad”, ya que la propuesta implica que el Estado no podrá supervisar ni excluir a quienes estén en el Reinfo, aun si encuentran ilegalidades. Ipenza concluyó que la reincorporación de quienes no cumplieron con las condiciones mínimas es: “simplemente para seguir lavando oro de origen ilegal”. |
| Fuente: El Comercio |
Colectivo PAS: Ampliar Reinfo hasta el 2029 es “prolongar el poder de la minería ilegal y crimen organizado” El Colectivo País Seguro (PAS) califica la posible extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como un encubrimiento de la impunidad. El Colectivo País Seguro (PAS) se ha pronunciado en contra de una posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la cual está siendo debatida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. En un comunicado, la organización exige al Gobierno de José Jerí que se mantenga firme contra la minería ilegal y advierte sobre el riesgo de la prórroga. El PAS calificó la posible ampliación de la vigencia del Reinfo como: “prolongar el poder de la minería ilegal y el crimen organizado”. La entidad recuerda que el Reinfo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la que debe concluir con transparencia y fiscalización, ya que “No es una herramienta eficaz para la formalización”. El Colectivo concluye que la extensión del Reinfo: “continúa encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas”. En lugar de la prórroga, el PAS insta a la aprobación de una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales, asegurando la trazabilidad de la producción y el respeto a la propiedad privada. |
| Fuente: Revista Economía |
Vía Expresa y Puente Santa Rosa iniciarían en 2026 para conectar con el nuevo Jorge Chávez El premier Ernesto Álvarez anunció el inicio de las obras clave entre mayo y junio de 2026, tras obtener el voto de confianza. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que las obras de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa —infraestructuras clave para la conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez— comenzarán entre mayo y junio de 2026. El anuncio fue realizado durante su presentación ante el Congreso de la República, donde el premier destacó la prioridad del Ejecutivo de garantizar seguridad jurídica y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos. En el plan de infraestructura nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) culminará, entre enero y marzo de 2026, la construcción de ocho corredores viales que comprenden más de 2,300 kilómetros de la Red Vial Departamental. Estas obras beneficiarán a 6.4 millones de ciudadanos en regiones como Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Pasco y Cajamarca, con el objetivo de integrar las regiones. Álvarez también destacó la ejecución de seis obras emblemáticas con una inversión superior a S/ 500 millones, además de la instalación de 42 puentes modulares. Entre los proyectos priorizados figura la nueva Carretera Central, cuya primera fase comenzará en mayo de 2026. Además, se ejecutarán tres proyectos aeroportuarios en la selva, con una inversión conjunta de S/ 400 millones, para reforzar la integración aérea del oriente peruano. |
| Fuente: Lima Conecta |
Autoridades municipales bajo la lupa por uso de recursos públicos en campañas El especialista en gestión y políticas públicas, Martín D’Azevedo, advierte que cada proceso electoral revela casos de autoridades que emplean bienes del Estado para su promoción política. A pocos meses de las elecciones, diversas denuncias alertan sobre el uso indebido de recursos municipales con fines electorales. Según el especialista en gestión y políticas públicas, Martín D’Azevedo, existen tres mecanismos de control: el Consejo Municipal, la Contraloría General y la OMP. “El principio de neutralidad obliga a las autoridades a no usar bienes públicos para favorecer sus campañas”, explicó el especialista. Añadió que las sanciones pueden llegar hasta 100 UIT y que la flexibilización de las normas ha debilitado la responsabilidad de los partidos políticos. “Hoy la carga recae solo en los candidatos, no en las organizaciones, lo que genera impunidad”, advirtió. |
| Fuente: Lima Conecta |
Extorsiones se disparan en el 2025: más de 20 mil denuncias y una “cifra negra” que preocupa Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), se registraron 20,705 casos de extorsión en lo que va del año, un aumento del 40% respecto a 2024. Expertos advierten que la cifra real sería mucho mayor. El delito de extorsión ha alcanzado niveles históricos en el país. De acuerdo con el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), se registraron 20,705 denuncias a la fecha, lo que significa un incremento del 40% en comparación con el año 2024. Sin embargo, César Ortiz Anderson, presidente de Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), señala que la realidad es mucho más alarmante. “La cifra negra puede multiplicarse hasta por diez. El Perú nunca ha tenido tantas extorsiones como hoy. Muchos pagan sin denunciar por miedo”, advierte Ortiz. El especialista sostiene que los sectores más afectados son el transporte público y las bodegas, y que el problema se agrava por la falta de una política de Estado clara para enfrentar la criminalidad. |