En un Perú que arde en crisis, el Consejo Fiscal se atrevió a interrumpir el clímax al recordarnos el martes que estaríamos sobregirando la tarjeta de crédito del país por los próximos diez años, con 229 leyes aprobadas y 352 por aprobarse, claman atención en lo que podría convertirse en una película de terror que nadie pidió protagonizar.
Y es que, en el último período, que comprende los años 2021 a 2026, el parlamento ha aprobado un número de leyes con impacto fiscal adverso que triplican el promedio de los últimos períodos.
No solo eso. El costo conjunto de 101 de ellas, promulgadas por insistencia, es decir, en contra de la opinión técnica del Poder Ejecutivo, le costaría al Estado S/35.795 millones, según advirtió el organismo autónomo.
Asimismo, faltarían agregar 352 iniciativas legislativas al día de hoy en trámite en el Congreso de la República, donde diez de ellas tendrían un costo fiscal anual de S/25.000 millones.
Un escenario alarmante considerando que, y como bien validan los números, el año electoral es cuando más leyes se publican.
EVENTUAL CAÍDA DE LA JOYA DE LA CORONA
La implementación de leyes ya aprobadas e iniciativas en trámite generaría que el déficit fiscal se incremente 5 p.p. del PBI hacia 2036 (6,4%) por encima de las estimaciones del MEF contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 (MMM) y de la regla fiscal que limita el déficit fiscal a 1% del PBI, con lo que la deuda pública llegaría a duplicarse al 70% del PBI.
Escenarios alternativos muestran que la deuda pública mantendría una tendencia creciente, incluso con supuestos favorables para la estabilidad fiscal, como un incremento significativo de la tasa de crecimiento del PBI.
No se consideran otras leyes o iniciativas con potencial costo fiscal significativo, como la reforma de pensiones (ley) o la remoción del MEF de emitir opinión en negociaciones colectivas.
Hecho que, de acuerdo con Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, puede quebrar al país.
Y lo que ni siquiera el Banco Central de Reserva podrá salvar es el pago de intereses, que alcanzaría niveles no vistos en 30 años, minando el espacio de gasto destinado a la provisión de servicios públicos y al cierre de brechas sociales.
De acuerdo con cálculos del organismo, si hoy pagamos 1,7% del PBI en intereses, en diez años escalaría a 4,1%, lo que equivale aproximadamente el 80% del gasto de capital que prevé el MMM.
Las decisiones de los últimos meses están hipotecando el futuro, debilitando la joya que es nuestra fortaleza macroeconómica y credibilidad fiscal.
COSTO EN LA CALIDAD DE VIDA
El presidente del Consejo Fiscal explicó a La República que el impacto de la acumulación de deuda y de leyes con alto costo fiscal no es inmediato, pero sí inevitable si no se toman medidas correctivas ahora. Comparó la situación con una tarjeta de crédito sobrecargada:
“Si sobregiras tu tarjeta, gran parte de tu sueldo se va solo a pagar intereses, y ya no te alcanza para cubrir educación, salud, alimentación o vivienda. Lo mismo le pasa al país: a medida que suben los pagos de intereses, disminuye el espacio para brindar servicios públicos y oportunidades de crecimiento”.
Aunque los escenarios actuales son simulaciones, muestran que, si se aprueban todas las leyes pendientes sin ajustes, el costo de vida para los peruanos se encarecería de forma gradual.
Esto se traduce en mayores tasas de endeudamiento del Estado, menos inversión en infraestructura y servicios, y, finalmente, un menor crecimiento económico, lo que afecta el empleo, ingresos y acceso a bienes y servicios básicos.
A este escenario se le suman leyes ya aprobadas que le quitan al MEF la capacidad de opinar sobre si hay recursos suficientes para nuevos incrementos salariales.
“Ya no puede decir ‘no hay plata’. Si negocian [gremios de trabajadores con entidades estatales] y dicen ‘el cielo es el límite’, el cielo es el límite”, advirtió Segura. “No está cuantificada [entre las leyes con costo fiscal] porque depende de qué tanto negocien ‘el cielo’. Todos los años, además”.
Además, permiten indexar los sueldos a la inflación, lo que significa que las remuneraciones públicas crecerían automáticamente cada año. El Consejo Fiscal, resalta la propuesta de incrementar la pensión de los profesores de S/600 a más de S/3.000.
“No es que no lo merezcan, pero no guarda proporcionalidad con otros sistemas de pensiones del país, ni con lo que han aportado”, se explicó Segura: “No estamos criticando su labor; estamos señalando que, si no se hace con responsabilidad, esta medida podría quebrar el sistema al crear un efecto dominó para otros sectores”.
Otros riesgos relevantes son la reforma previsional, cuyo costo fue subestimado, y el caso de Petroperú, que recibe cerca de US$2.000 millones anuales para cubrir sus pérdidas.
Alonso Segura fue enfático al comentar que existen contingencias que ya comprometen recursos del Estado y que, tarde o temprano, se materializarán.
PARTIDOS POLÍTICOS (I)RESPONSABLES
La República identificó con nombre y apellido las diez leyes con mayor costo fiscal señaladas por el Consejo Fiscal.
A través de una investigación inversa —que partió de las leyes aprobadas hacia los proyectos que les dieron origen—, se rastreó la autoría principal, los coautores y la filiación partidaria de cada iniciativa. El resultado atribuye dichas leyes a Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú.
Perú Libre impulsó principalmente las leyes 31495, 32387, 32216, 32424 y 32434, cuyo costo fiscal recurrente asciende a S/12.300 millones, y el transitorio —distribuido en uno o varios años— a S/41.731 millones.
Fuerza Popular aparece como autora de las leyes 31729, 32335 y 31903, con un costo recurrente de S/5.280 millones y transitorio de S/8.040 millones.
Podemos Perú, por su parte, promovió las leyes 32201 y 32392, que representan un costo transitorio de S/5.611 millones.
En conjunto, el costo fiscal transitorio de las diez leyes asciende a S/55.382 millones, con dos iniciativas por cada partido. En cuanto al costo recurrente, que totaliza S/17.580 millones, la mayoría corresponde a Perú Libre, con tres leyes, y una a Fuerza Popular.
Cabe precisar que la fragmentación del Congreso impide atribuir la aprobación de una ley a una sola bancada. En la práctica, intervienen legisladores de diversos grupos políticos; por ello, la atribución responde al partido con mayor participación en la elaboración e impulso de la norma.
CORREGIR EL RUMBO ANTES DE LA METÁSTASIS FISCAL
Al ser consultado sobre qué leyes deberían derogarse o modificarse para recuperar el equilibrio fiscal sin desatender las medidas sociales, Alonso Segura fue claro: el Consejo Fiscal no puede señalar normas específicas, porque su labor es evaluar magnitudes.
La decisión corresponde a las instancias del Estado: el Congreso, el Ejecutivo y, eventualmente, el Tribunal Constitucional.
Consideró, sin embargo, que el escenario político actual podría facilitar un mayor diálogo: el presidente del Congreso se mantiene y el primer ministro fue presidente del Tribunal Constitucional.
“Todavía se puede corregir el rumbo, pero se requiere acción inmediata para evitar que el problema crezca como una ‘metástasis fiscal’, que termine comprometiendo no solo la estabilidad económica del país, sino también la calidad de vida de los peruanos”, advirtió Segura.
Si bien en entrevista exclusiva con este diario Alonso Segura evitó mencionar leyes específicas que el Consejo Fiscal cuestiona por su impacto negativo en las cuentas públicas, el organismo sí lo hizo en su opinión escrita sobre el MMM.
Entre ellas figuran la Ley N° 32219 —que redujo el IGV para restaurantes y alojamientos turísticos—, la Ley N° 32392 —que crea las Zonas Económicas Especiales de Turismo—, y el incremento de remuneraciones al personal militar y policial aprobado en el Presupuesto 2025, que implicará S/863 millones adicionales en 2026.
“Debemos dejar de aprobar exoneraciones, gastos tributarios y exenciones que perforan la base imponible”, enfatizó en respuesta a cómo generar ingresos. “Crean privilegios, encarecen la administración tributaria y fomentan la evasión y la elusión”.
Para Segura, existen dos vías: la política tributaria —que define tasas e impuestos— y una mejor administración tributaria, apoyada en tecnología e inteligencia artificial para detectar evasores. Más aún con esos ajustes, el aumento de la recaudación tomará tiempo.
“El verdadero desafío —concluyó— es elevar la productividad de empresas y trabajadores. Solo generando más valor se crea capacidad contributiva. Y eso exige políticas públicas sostenidas en educación, capital humano y formalización”.
LA REINTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79
El Consejo Fiscal considera que el quiebre en la disciplina fiscal se agravó tras una sentencia del Tribunal Constitucional que reinterpretó el artículo 79 de la Constitución, el cual prohíbe al Congreso aprobar iniciativas con gasto público.
El fallo interpretó que la restricción a crear o aumentar gastos públicos sólo aplicaba al año en curso, lo que abrió la puerta a leyes con compromisos de gasto futuro.
A partir de esa interpretación, el número y la magnitud de normas con costo fiscal han crecido vertiginosamente.
De modo que el pedido del organismo autónomo es que el Tribunal re evalúe su decisión y cierre esa “compuerta”, o la condicione mediante la aplicación de otros principios constitucionales como la coordinación (previa) con el Ejecutivo, el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad fiscal. También que invite al Consejo Fiscal como amicus curiae en demandas.
Por: Dax Canchari