Tomás Aladino Gálvez juró como fiscal de la Nación el pasado 24 de marzo, tras obtener la mayoría de votos en la Junta de Fiscales Supremos. Asume al cargo más alto del Ministerio Público luego de que una fiscal designada por él archivara la investigación que lo implicaba en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La decisión ha sido apelada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
Según documentación a la que accedió OjoPúblico, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso, el 12 de marzo, no formalizar ni continuar la investigación preparatoria comprendida en la carpeta fiscal 017-2022. En ella, Gálvez era investigado por cohecho activo específico y tráfico de influencias durante su postulación a fiscal supremo en 2015.
La investigación fue archivada por la fiscal Lourdes Téllez Pérez, designada como titular de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en octubre del 2025, por el propio Gálvez, cuando se desempeñaba como fiscal de la Nación interino.
Al respecto, este medio solicitó el pronunciamiento de la fiscal Téllez a través de su oficina de Comunicaciones; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Téllez fue coordinadora nacional de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios en la gestión del exfiscal Pedro Chávarry, también implicado en el caso Los Cuellos Blancos.
En sus últimas declaraciones, Gálvez ha buscado deslindar cualquier vínculo con la red de corrupción entre operadores de justicia. “No tengo ninguna investigación de Cuellos Blancos”, señaló el pasado 6 de enero, durante una ceremonia por el inicio del año fiscal 2026. Sin embargo, como da a conocer OjoPúblico, una investigación en su contra se mantuvo en curso hasta mediados de marzo en la Fiscalía Suprema.
Por estos hechos también fueron investigados el exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera Ramos; el candidato presidencial César Acuña Peralta; su hermano Humberto Acuña; y el exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hermanos Acuña habrían financiado la campaña de Noguera al CNM para luego solicitarle que favoreciera a Gálvez en su postulación a fiscal supremo.
La disposición fiscal incluyó a los exmagistrados César Hinostroza Pariachi y Ángel Romero Díaz, así como al empresario Mario Mendoza Díaz y al abogado Julio Severino Bazán.
En este caso, se sostenía que César Hinostroza y Ángel Romero, a través de Mario Mendoza, Julio Severino y Willy Serrato, habrían obtenido el respaldo de los consejeros del CNM, Guido Águila e Iván Noguera, en su postulación a jueces supremos en 2015.
Archivo del caso bajo cuestionamiento
Doce días después del archivamiento de la carpeta fiscal que implicaba a Gálvez, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción presentó un recurso de elevación de actuados para que un fiscal superior revise la decisión.
El recurso al que accedió OjoPúblico plantea cuatro cuestionamientos principales. Primero, sostiene que la Fiscalía elevó indebidamente el umbral de valoración para archivar el caso. Es decir, la fiscal Tellez Pérez exigió una “demostración prácticamente cerrada” de los delitos en una etapa preliminar, donde solo se requieren “elementos de convicción suficientes para sostener (…) que la hipótesis incriminatoria no es conjetural”.
El segundo advierte una “indebida valoración de las pruebas” al examinarlas de manera aislada, sin considerar su peso conjunto. “Ninguno de estos documentos, por sí solo, demuestra corrupción; pero esa no es su función. Su importancia radica en ofrecer el soporte objetivo del contexto en que operan las declaraciones incriminatorias”, apunta el documento.
En tercer lugar, señala la “existencia de corroboraciones periféricas objetivas que impedían el archivo”. Es decir, pruebas secundarias que aportan contexto a la hipótesis.
Finalmente, cuestiona el “archivo prematuro” de la investigación al considerar que todavía existían diligencias útiles para confirmar o descartar la hipótesis incriminatoria.
Para el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizú González, el recurso presentado por la Procuraduría es correcto, pero ineficaz. “Frente a un archivo, lo que quedaba era interponer un recurso de elevación de actuados; sin embargo, la pregunta es ¿ante quién? ¿Cuál sería el superior jerárquico de la Fiscalía Suprema que debe resolver el recurso de elevación de actuados? No existe”, advirtió.
Arbizú recuerda que, durante su gestión como procurador anticorrupción del 2011 al 2014, afrontó una situación similar. “Hace doce años, cuando yo fui procurador, la Fiscalía de la Nación, a cargo de José Peláez, archivó la denuncia contra Alan García por el delito de enriquecimiento ilícito. En ese caso interpusimos un recurso de elevación de actuados para que se eleve a la Junta de Fiscales Supremos”, explicó. “El pedido se rechazó porque la Junta no era el superior jerárquico del fiscal de la Nación”, agregó.
Los votos a favor de Gálvez
En la elección para fiscal de la Nación, Gálvez obtuvo tres votos: el suyo, el de Patricia Benavides y de Zoraida Ávalos. Juan Carlos Villena, su contendor, consiguió dos votos: el suyo y el de Luis Arce Córdova.
Fuentes del Ministerio Público señalan que la votación estuvo marcada por tensiones internas, alianzas y disputas entre fiscales supremos.
Según un fiscal superior que pidió no ser citado, Gálvez habría captado el voto de Benavides “ofreciéndole el archivamiento de todos sus procesos relacionados con el caso Valquiria”.
Ávalos habría votado por Gálvez a cambio de protección ante el Congreso, especialmente en la Comisión Investigadora Multipartidaria presidida por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, indicó la misma fuente. En junio de 2023, el Congreso inhabilitó por cinco años a Ávalos, acusándola de no haber investigado debidamente al expresidente Pedro Castillo.
Además, Gálvez y Ávalos tienen otros espacios de cercanía ya que ambos asisten a la misma iglesia evangélica Alianza Cristiana y Misionera, señalaron fuentes de la Fiscalía. A fines del 2025, Gálvez le pidió perdón a Ávalos y Pablo Sánchez durante una ceremonia del Ministerio Público.
Del otro lado, Villena solo obtuvo su voto y el de Luis Arce Córdova. Pese a que Arce también está vinculado al caso Cuellos Blancos, este no habría apoyado la candidatura de Gálvez por un antiguo desencuentro en la Junta de Fiscales Supremos.
En 2016, Gálvez y Arce se incorporaron a la Junta de Fiscales Supremos conformada por Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Uno de ellos debía ser designado miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un cargo poco atractivo dentro de la institución.
“Es como ir a la congeladora”, explicó a este medio un fiscal que pidió la reserva de su identidad. Ni Gálvez ni Arce querían asumirlo. Sin embargo, Gálvez tenía más influencia en el Ministerio Público debido a su trayectoria como fiscal adjunto, mientras que Arce venía del Poder Judicial, donde fue juez por más de 25 años y presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Arce fue designado al JNE y permaneció en el cargo hasta junio del 2021, cuando renunció en plena segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. “Arce se sintió traicionado por Gálvez por usar su influencia para mantenerse en la Fiscalía”, señala una fuente del Ministerio Público consultada por este medio.
Por su parte, Villena no contó con el voto de Ávalos, con quien mantiene un distanciamiento reciente. En diciembre del 2023, fue elegido fiscal de la Nación interino tras sellar una alianza con la entonces fiscal suprema Delia Espinoza, con apoyo de Pablo Sánchez.
Sin embargo, a mediados de 2024, Ávalos fue repuesta a la Junta de Fiscales Supremos y promovió la candidatura de Espinoza a fiscal de la Nación. En noviembre de ese año, Espinoza fue elegida titular del Ministerio Público con el voto de Ávalos, además del de ella misma y Sánchez.
“Ávalos rompió la alianza entre Villena y Espinoza”, resume una fuente fiscal. “Villena se sintió traicionado por todos, principalmente por Delia”, añadió.
En ese contexto, Arce esperaba que Patricia Benavides respaldara a Villena, debido a su cercanía con sus hermanas, Emma y Ruth Benavides, en el Poder Judicial. Sin embargo, la gestión interina de Gálvez ha mostrado señales que podrían favorecerla, como la desactivación del equipo especial Efficop, donde Benavides estaba implicada en el caso ‘Valquiria’, y el archivamiento de la investigación que se le abrió por intentar ser repuesta como fiscal de la Nación en junio del 2025.
OjoPúblico buscó el descargo de Zoraida Ávalos a través de mensajes, pero al cierre de este informe no respondió.
Vínculos y decisiones controvertidas
La trayectoria de Gálvez ha estado marcada por diversos episodios relacionados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Antes de ser fiscal supremo, fue fiscal supremo adjunto y estuvo a cargo del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público hasta 2015. Durante ese periodo, su exasistente Kimberly Salguero Alcalá lo denunció por una presunta sobrevaloración de gastos de una capacitación ante la Fiscalía Suprema de Control Interino, entonces a cargo de Pedro Chávarry, también vinculado al caso Cuellos Blancos. La denuncia fue archivada.
En 2015, según IDL-Reporteros, respaldó la candidatura de Guido Águila Grados al CNM, quien luego participó como jurado en su proceso de selección como fiscal supremo.
El caso Los Cuellos Blancos del Puerto se hizo público en 2018, tras la difusión de audios que revelaron una red de corrupción entre operadores de justicia del más alto nivel, abogados, políticos y empresarios. Entre los involucrados se encontraba el entonces fiscal supremo Gálvez.
En 2019, el Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida del país en su contra, tras identificar 24 llamadas telefónicas con integrantes de esta red, las cuales evidenciaron gestiones a favor de terceros en distintos procesos judiciales y administrativos. Entre ellos, el favorecimiento a Segundo Villalobos Zárate, integrante de las rondas campesinas de Moyobamba (San Martín); el beneficio al empresario Mauricio Arrieta en un proceso con la Sunat, el apoyo al entonces fiscal anticorrupción Walther Delgado en una denuncia por violencia familiar y su ascenso a fiscal superior penal de Lima.
OjoPúblico informó que Tomás Aladino fue confidente y luego delator del abogado José Luis Cavassa Roncalla, preso entre 2001 y 2005 por la falsificación de firmas del partido de Alberto Fujimori, procesado por integrar la red criminal del exgobernador de Áncash César Álvarez entre 2007 y 2013, y también implicado en el caso Cuellos Blancos.
Por su vinculación con esta red, Gálvez fue inhabilitado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en abril del 2021. Sin embargo, en 2025, el Tribunal Constitucional anuló la destitución de Gálvez al considerar que se vulneró su derecho al debido proceso.
Tras este fallo, Gálvez fue restituido como fiscal supremo a mediados de junio del 2025. Meses después asumió como fiscal de la Nación interino.
Para el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, el retorno de Gálvez al Ministerio Público fue posible tanto por la intervención del Tribunal Constitucional como del Congreso.
“Lo que a mí no me da ninguna garantía es que quien declara nulo el proceso son miembros del TC que están sumamente cuestionados, elegidos por el Congreso actual, que también ha sido cuestionado (…) por haber favorecido ampliamente al crimen organizado mediante leyes pro crimen”, indicó a OjoPúblico.
Desactivación de equipos clave
Durante esta gestión, el 5 de enero del 2025, Gálvez desactivó equipos especiales de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto, así como el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas en las protestas sociales (Eficavip) y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop): este último inició investigaciones sobre casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo y alcanzó a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el caso Valquiria.
Además, separó a la fiscal Julianna Chávez Hernández, quien formaba parte del equipo especial del caso Cuellos Blancos. El 14 de octubre de ese año, la coordinadora del equipo, Magaly Quiroz, renunció a su cargo.
Dos semanas después, el 31 de octubre, Gálvez separó a la fiscal suprema provisional Carolina Delgado, quien estaba a cargo de la investigación que lo implicaba en el caso Cuellos Blancos, así como a su fiscal adjunta Alejandra Cárdenas.
El 1 de enero de este año, también separó del Ministerio Público a la fiscal adjunta provincial Sandra Castro, quien inició el caso Cuellos Blancos, tras su postulación al Senado con el Partido Morado.
“El fiscal Gálvez ha tenido actuaciones completamente desacertadas que, en cualquier otra circunstancia, habrían merecido una denuncia constitucional ante el Congreso. Sin embargo, cuenta con el respaldo político de sectores mafiosos que gobiernan el país. Ha tenido las manos libres para realizar actos que no buscan favorecer al Ministerio Público, sino debilitarlo”, sostiene el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva.
Hasta el 15 de marzo, Gálvez no registraba ningún proceso abierto en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. Sin embargo, al día siguiente, el abogado y candidato a diputado por Lima de Primero La Gente, Renzo Díaz Giunta, presentó una denuncia disciplinaria contra Gálvez por la remoción de la fiscal suprema provisional Carolina Delgado, quien investigaba su caso.
El 18 de marzo se abrió el expediente para la denuncia y se dispuso la designación de un instructor. Con este proceso, el nombre del fiscal de la Nación continuará vinculado al caso Cuellos Blancos.
Una de las primeras medidas de Gálvez como fiscal de la Nación ha sido impulsar un proyecto de ley que plantea eliminar el requisito de “encontrarse hábil en el ejercicio profesional” ante el colegio de abogados correspondiente para ejercer como fiscal.
La iniciativa fue presentada el 30 de marzo ante el Congreso de la República, en un contexto en el que el Colegio de Abogados de Lima (CAL), actualmente presidido por Delia Espinoza, suspendió en enero la colegiatura de la fiscal suprema Patricia Benavides.
Por: Álvaro Meneses