Fuente: Canal N
 

Videnza advierte inconsistencias en propuestas económicas de los candidatos

Análisis del director de Videnza Instituto alerta que persisten debilidades técnicas en propuestas económicas y riesgos para la estabilidad fiscal.  Tras la primera vuelta electoral y en la antesala de la segunda, el análisis de los planes económicos de los candidatos evidencia que persisten vacíos importantes en el sustento técnico y financiero de sus propuestas. Según Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, aunque ahora el debate se ha reducido a menos opciones, continúan las inconsistencias en planteamientos que combinan anuncios de alto gasto con promesas de disciplina fiscal. Entre los principales cuestionamientos, el economista advirtió que iniciativas como grandes proyectos de infraestructura, incluidos sistemas ferroviarios, siguen sin detallar su financiamiento. “Se plantean ferrocarriles interurbanos por un costo incremental anual de S/5 mil millones y no se explica cómo se financiarán”, señaló. Para Castilla, esta falta de claridad no es nueva y refleja una tendencia observada durante toda la campaña. “Todos sin excepción son muy laxos en prometer cosas que no saben cómo los van a financiar”, afirmó. El análisis también identifica riesgos en materia fiscal y tributaria. Castilla alertó que propuestas como la reasignación de impuestos no consideran las restricciones actuales del sistema. “Se plantea reasignar parte del IGV y este ya está bastante reasignado”, explicó, al advertir posibles tensiones en las finanzas públicas. Además, subrayó que varias iniciativas dependen de decisiones del Congreso o no detallan su viabilidad, lo que incrementa la incertidumbre en esta etapa decisiva. Finalmente, el especialista destacó que será clave que los candidatos —más aún ahora, de cara a la segunda vuelta— precisen cómo sostendrán la estabilidad macroeconómica. Mientras algunos han planteado dar continuidad a la conducción técnica del Banco Central de Reserva, otros no han definido una posición clara, lo que refleja diferencias en el enfoque hacia la política monetaria y la institucionalidad económica.
Fuente: InfoActiva
 

Desconfianza y desinterés marcan la relación de los peruanos con la política

Estudio evidencia baja confianza en instituciones y mayor apertura a liderazgos fuertes. La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”. “La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú. Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas. En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción. “Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.
Fuente: Rumbo Minero
 

Especialistas advierten que reducir plazos de concesiones mineras desalentaría la inversión

Proyectar una disminución de 30 a 15 años en la titularidad minera afectaría la exploración y restaría competitividad al Perú frente a Chile y Argentina. La propuesta de reducir el plazo de las concesiones mineras de 30 a 15 años ha generado una alerta en el sector extractivo peruano. María Cristina Alva, especialista en minería y recursos naturales, calificó la medida como nefasta para la inversión, argumentando que los tiempos reales de desarrollo de un proyecto —que incluyen exploración, obtención de permisos y licencias sociales— no son compatibles con periodos tan cortos. Al respecto, la experta señaló: “Este cambio afectaría principalmente la exploración, ya que los tiempos reales de desarrollo de un proyecto minero no son compatibles con plazos más cortos”. Actualmente, solo el 16 % del territorio nacional está concesionado, lo que evidencia un amplio margen para atraer capitales en un contexto de alta demanda global de minerales como el cobre. No obstante, Alva advirtió que el principal obstáculo para el crecimiento no es el régimen de concesiones, sino la «permisología» estatal, que puede dilatar el inicio de operaciones hasta por seis años. En un escenario donde el Perú compite directamente con otros destinos mineros de la región, cualquier alteración en la estabilidad jurídica podría desviar flujos de capital hacia mercados con reglas de juego más previsibles y estables. La incertidumbre generada por este debate legislativo ya está siendo observada por inversionistas internacionales, lo que podría influir en futuras decisiones de financiamiento. La especialista hizo un llamado al Congreso para cerrar esta discusión y enfocarse en mejorar la eficiencia administrativa del Estado sin sacrificar los estándares actuales. Concluyó que, para aprovechar el presente ciclo económico favorable, es fundamental mantener un sistema de concesiones sólido que brinde seguridad jurídica, afirmando que “el desafío no es reducir estándares, sino mejorar la eficiencia del Estado para acelerar la ejecución de inversiones”.
Fuente: Infobae
 

FMI proyecta crecimiento de 2.8 % para Perú en 2026 en un entorno global desafiante

Pese a la desaceleración respecto al año previo, la economía peruana mantendría un desempeño superior al promedio de América Latina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía peruana crecerá un 2.8 % tanto en 2026 como en 2027, lo que refleja una resistencia moderada frente a un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y restricciones financieras. Aunque esta cifra es menor al 3.4 % alcanzado en 2025, el organismo destaca que el país se mantendrá por encima del promedio regional proyectado de 2.3 %. Este panorama de crecimiento se da en medio de un encarecimiento de las materias primas y una demanda global más débil, factores que condicionan el dinamismo de las naciones emergentes. En el resto de la región, el FMI observa un panorama heterogéneo: mientras Centroamérica crecería impulsada por el consumo y las remesas, grandes economías como Brasil enfrentarían una pérdida de dinamismo. Por el contrario, Argentina registraría uno de los desempeños más sólidos con expansiones del 3.5 %, apoyada en sus recientes reformas de estabilización. Para el caso peruano y la región andina, el informe subraya que el aumento de los costos energéticos y las condiciones financieras más estrictas seguirán siendo los principales riesgos que podrían afectar la trayectoria de recuperación gradual prevista para el mediano plazo. El organismo también resalta que la integración comercial, mediante acuerdos como el pacto Mercosur-Unión Europea, será clave para diversificar las exportaciones y mitigar los choques externos. No obstante, el balance general para América Latina continúa siendo complejo, con una alta dependencia de las variables externas y la volatilidad de los precios internacionales. Para el Perú, el reto será transformar esta resiliencia relativa en un crecimiento más robusto que permita mejorar la calidad de los servicios públicos, en un entorno donde la política fiscal ajustada y las tensiones comerciales globales seguirán marcando la pauta económica.
Fuente: La República
 

Colegio de Ingenieros exige soluciones técnicas para frenar el colapso del transporte

La congestión vehicular le cuesta a cada conductor en Lima entre 120 y 150 horas al año, afectando severamente la productividad y competitividad. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) emitió un pronunciamiento urgente exigiendo que el próximo gobierno priorice una estrategia técnica para enfrentar la crisis del transporte urbano. El gremio advirtió que el crecimiento desmedido del parque automotor, que supera los dos millones de vehículos en Lima, ha colapsado una infraestructura vial que no avanzó al mismo ritmo. Jaime Ruiz Béjar, decano nacional del CIP, subrayó el impacto económico de esta problemática al señalar: “La congestión impacta directamente en los costos logísticos, la eficiencia laboral y la calidad de vida de millones de ciudadanos, porque representa una pérdida de tiempo de vida y de oportunidades económicas”. Según el ranking internacional TomTom Traffic Index 2025, el Perú se posiciona como el segundo país más congestionado de Sudamérica, con velocidades promedio en hora punta que apenas alcanzan los 17 kilómetros por hora en la capital. Esta saturación no solo genera malestar social, sino que eleva drásticamente los costos operativos en sectores estratégicos como el comercio y la logística, restando competitividad a ciudades como Lima y Arequipa. El CIP sostiene que la falta de integración entre los modos de transporte y la ausencia de políticas de largo aliento han llevado al sistema a un estado crítico que requiere medidas inmediatas y sostenibles. Para el gremio, el actual proceso electoral es una oportunidad crucial para que los candidatos asuman compromisos claros basados en la planificación urbana y el fortalecimiento del transporte público masivo. Ruiz Béjar enfatizó que no se pueden seguir abordando estos problemas con soluciones aisladas o parches de corto plazo, sino mediante una ejecución de proyectos que consideren la movilidad urbana como una prioridad estratégica. Concluyó que atender esta crisis es una condición fundamental para el desarrollo del país, advirtiendo que “postergar las soluciones solo incrementa los costos para el país. Atender este problema debe ser una prioridad estratégica para el futuro”.
Fuente: Business Empresarial
 

Oferta inmobiliaria se dinamiza en Lima Moderna y Centro con inversión de S/ 237 millones

Tres nuevos proyectos en Lince, Santa Beatriz y Breña incorporarán más de 940 unidades al mercado, con un fuerte enfoque en inversionistas y primera vivienda. El sector inmobiliario en la capital registra un nuevo impulso con el lanzamiento de tres proyectos estratégicos en Lince, Santa Beatriz y Breña, que en conjunto suman 943 departamentos. Esta expansión, liderada por V&V Inmobiliaria, representa una inversión total de 237.2 millones de soles y apunta a distritos con alta conectividad y potencial de valorización. El proyecto en Breña destaca por su volumen, con 486 unidades situadas estratégicamente cerca de la nueva red del Metro de Lima, mientras que la oferta en Lince se orienta a un segmento con mayor poder adquisitivo, donde se estima que la mitad de las ventas provendrán de inversionistas atraídos por el límite con San Isidro. El perfil del comprador varía significativamente según la ubicación. En Breña, el público objetivo son jóvenes de entre 24 y 45 años que buscan su primera vivienda, con precios que inician en los 210 mil soles. En Santa Beatriz, la oferta de departamentos de un dormitorio busca captar tanto a residentes como a quienes apuestan por el mercado de alquileres. Por su parte, el desarrollo en Lince prioriza la calidad arquitectónica y la vista a parques para atraer a familias y profesionales. Los representantes de la firma inmobiliaria señalaron que su ventaja competitiva radica en la conceptualización integral de cada edificio, afirmando que su objetivo es “ingresar a estos mercados para marcar distancia con una propuesta integral”. Con proyecciones de venta que oscilan entre 5 y 7 unidades mensuales por proyecto, la compañía busca capturar cerca del 10 % de participación de mercado en estas zonas. La cercanía a servicios esenciales, colegios históricos y sistemas de transporte masivo sustenta la expectativa de que al menos el 30 % de las compras globales se destinen a inversión inmobiliaria. Esta dinámica no solo busca satisfacer la demanda habitacional, sino también reactivar la economía local a través de la construcción y el desarrollo urbano en zonas consolidadas de Lima Moderna y el Centro, consolidando una oferta diversa para distintos niveles socioeconómicos.
Fuente: El Comercio
 

Retraso en reducción de pobreza e infraestructura escolar: los retos del próximo gobierno

El 27.8 % de los peruanos no logra costear la canasta básica, mientras que el 57 % de los colegios rurales requiere una sustitución total de su infraestructura. El próximo presidente de la República heredará una radiografía social compleja, donde el crecimiento económico proyectado en 3.2 % resulta insuficiente para reducir la pobreza de manera acelerada. Actualmente, 9.6 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza, una cifra que ha retrocedido a niveles similares a los de 2011 tras el impacto de la pandemia y la reciente recesión. Las brechas se profundizan en regiones como Cajamarca, Loreto y el sur del país, pero también en Lima y el Callao, donde la incidencia ha alcanzado sus niveles más altos en casi dos décadas. Ante esta situación, especialistas como Karla Gaviño advierten sobre la necesidad de “dar la solvencia política, la estabilidad jurídica que permita realmente traer más inversiones”. En el ámbito educativo, la crisis de infraestructura es crítica, especialmente en el sector rural. Se estima que se requiere una inversión de 99 mil millones de soles para que las escuelas alcancen condiciones básicas, dado que más de la mitad de los colegios en estas zonas necesitan ser reconstruidos desde cero. Esta deficiencia afecta directamente a dos millones de estudiantes concentrados principalmente en la sierra y la selva. Asimismo, el sector salud enfrenta un rezago similar en el primer nivel de atención, donde faltan implementar más de 860 centros médicos para garantizar la cobertura básica de la población y reducir la saturación de los grandes hospitales. A este panorama se suma una creciente crisis de inseguridad ciudadana. Solo en los primeros meses de 2026 se han registrado cifras alarmantes de homicidios por arma de fuego, superando picos previos pese a los estados de emergencia declarados. La desconfianza ciudadana en la labor policial se sitúa en niveles históricamente bajos, mientras que la delincuencia y la corrupción se mantienen como las principales preocupaciones de la población. El gran desafío de la nueva gestión será integrar estos problemas en un plan de infraestructura y seguridad con visión de largo plazo que, hasta el momento, no ha sido abordado con profundidad en el debate electoral.
Fuente: Construyendo
 

CAPECO advierte que trabas técnicas ponen en riesgo ejecución de megaproyectos

La paralización de obras públicas asciende a 68 mil millones de soles debido a deficiencias en la gestión y problemas de disponibilidad de terrenos. El desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en el Perú enfrenta un escenario crítico debido a obstáculos técnicos y administrativos que frenan su avance. Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el actual modelo de inversión estatal evidencia signos de agotamiento, con miles de obras paralizadas a nivel nacional. Si bien el nuevo Plan Nacional de Infraestructura prioriza 72 proyectos, iniciativas fundamentales como la Línea 3 del Metro y el reemplazo de puentes en la red nacional han quedado fuera de la lista de prioridades inmediatas. El vicepresidente de CAPECO, Guido Valdivia, advirtió: “Las trabas técnicas, sumadas a limitaciones fiscales y la precariedad en la gestión pública, están frenando proyectos prioritarios”. Megaproyectos en curso, como la Nueva Carretera Central, el Anillo Vial Periférico y la Línea 2 del Metro, presentan dificultades significativas debido a interferencias con servicios públicos y demoras en la liberación de predios. Esta situación no solo posterga los beneficios para los ciudadanos, sino que incrementa los costos finales y genera inseguridad jurídica para los inversionistas. El gremio sostiene que las soluciones unilaterales, como la suspensión de peajes, no son viables y que el país requiere un cambio estructural en la forma en que se gestiona la inversión pública para evitar que las obras se conviertan en «elefantes blancos». Ante este panorama, CAPECO hace un llamado urgente a un acuerdo político que promueva las alianzas público-privadas y el mecanismo de obras por impuestos bajo un enfoque territorial. El objetivo es garantizar que los proyectos no solo se concluyan, sino que sean sostenibles en el tiempo y generen un impacto real en la competitividad del país. Valdivia enfatizó la necesidad de reformular el sistema de gestión pública para restablecer la confianza, señalando que es imperativo “promover alianzas público-privadas y obras por impuestos con tarifas reales para garantizar la sostenibilidad y el avance de la infraestructura que el país necesita”.
Fuente: Lima Conecta
 

MEF proyecta crecimiento de 3.2 % al 2026 impulsado por inversión privada y minería

Economista advierte que la estabilidad jurídica y el control de la minería ilegal serán claves para sostener el dinamismo económico. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento promedio de 3.2% hacia 2026, impulsado principalmente por la inversión privada y el sector minero. Según el economista Álvaro Bardales, este desempeño responde al repunte de la inversión minera, que superó los US$1,092 millones y genera cerca de 270 mil empleos formales. “La inversión privada va a tener un papel protagónico, especialmente en minería”, señaló. No obstante, advirtió que el avance dependerá del contexto político y de la capacidad del Estado para destrabar proyectos. Bardales enfatizó que garantizar seguridad jurídica y combatir la minería ilegal será fundamental. “El Estado debe generar confianza y mantener un entorno atractivo para la inversión”, sostuvo. Además, destacó el rol de las APP para cerrar brechas en infraestructura.
Fuente: Lima Conecta
 

Inseguridad y alza de pasajes golpean a usuarios del transporte público

Extorsiones, falta de control policial y aumento de tarifas agravan la crisis diaria de miles de ciudadanos que dependen del transporte para trabajar y estudiar. La crisis en el transporte público continúa afectando a la población, marcada por la inseguridad y el incremento de pasajes. Julio, empleado, advierte que “los microbuseros pagan extorsiones y eso nos afecta a todos, por eso suben los pasajes”. Además, cuestiona la limitada capacidad policial para enfrentar el problema. En la misma línea, Francisco, trabajador independiente, señala: “subir un sol o 50 céntimos perjudica al bolsillo, más con un sueldo mínimo que no alcanza”. También critica la corrupción y la falta de inteligencia en seguridad. Por su parte, el periodista William alerta sobre la violencia: “la delincuencia ha tomado la ciudad y hace lo que quiere”. Añade que el alza responde también al costo del combustible y pide mayor presencia de seguridad en el transporte.

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