El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se negó a obedecer la solicitud de Fiscalía que le daba 48 horas como plazo máximo para poder entregar la cuenta de iCloud y contraseña de su celular, un iPhone 15 pro max, como parte de la investigación por el presunto delito de abuso de autoridad, todo esto después de que el pasado 2 de diciembre, el titular entregó su celular reseteado y sin la tarjeta SIM. «Existen dos tipos de pedidos: legales e ilegales (…) la información de un iCloud quienes tienen iPhone, saben que con esa contraseña accedes a todo, a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos, accedes a toda tu información. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida, que me cite y me pregunte, pero no a través de ningún usuario ni contraseña de iCloud, es un pedido ilegal», sostuvo para la prensa.

Ante esa situación, Santiváñez aseguró que presentará ante la Junta Nacional de Justicia una queja de manera formal sobre la función de la fiscal de la Naciónporque «no permitirá que se vulneren sus derechos». Cabe recalcar que la investigación que sigue el Ministerio Público es por una supuesta conversación con el capitán de la PNP, Junior Izquierdo, también conocido como ‘Culebra’ en el que le pediría hacer un reglaje al periodista Marco Sifuentes de ‘La Encerrona’, además de información del desactivado equipo que apoyaba al Eficoop. «Querido amigo, ¿Cómo estás? Oye, dile, pues, al doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado», se escucha en el audio difundido.

Ministro Santiváñez: juez Checkley seguirá a cargo de investigación en su contra

El pasado 14 de enero, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó que juez supremo Juan Carlos Checkley continúe a cargo de la investigación en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que el referido juez solicitó inhibirse del caso, debido a que su abogado en el caso de Patricia Benavides trabaja en el estudio de Santiváñez.Al respecto, el abogado del capitán Izquierdo, José Carlos Mejía Chávez, expresó su descontento respecto a la demora en la investigación, atribuyéndola a la tardanza del juez en informar sobre su inhibición. Mejía destacó que, si esta comunicación se hubiera dado a tiempo, el proceso no se habría extendido innecesariamente. Además, recordó que desde el 26 de agosto de 2024 era público que el Estudio Caro asumiría la defensa de Santiváñez, planteando dudas sobre el porqué de la espera de más de un mes para oficializar la decisión.

Por: Eva Palomino

Ministro Juan José Santiváñez buscaría impunidad en investigación por actos de corrupción

Juan José Santiváñez prepara una nueva jugada legal contra la Fiscalía con el objetivo de dilatar la investigación en su contra que se basa desde la desactivación de la Diviac, por una supuesta indicación de la presidenta Dina Boluarte, hasta un presunto blindaje en la fuga de Cerrón, acciones que se revelaron en la difusión de audios y conversaciones que mantenía con el capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’ a través del WhatsApp.Desde que asumió el cargo más alto del sector Interior, en mayo de 2024, el ministro responde con altanería cada vez que los periodistas cuestionan sus acciones. Sin embargo, sus ataques ya no se centran en la prensa, sino ahora arremete contra el Ministerio Público y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que le solicita entregar la clave de su celular y el acceso a su cuenta de iCloud, donde almacena información tal como se comprometió el pasado 11 de noviembre de 2024.

Al respecto, La República consultó con un especialista en derecho penal y expertos en gestión pública, quienes coincidieron que existe una falta de transparencia por parte de Santiváñez para dilatar la investigación y beneficiarse.Joel Córdova, abogado penalista, quien se desempeñó en la Procuraduría General de La República, aseguró a este medio que «no es un delito retroceder en su decisión de colaborar con la justicia»; sin embargo, demuestra que «sí es una conducta procesal de mala fe por parte de Santiváñez, debido a que ha perjudicado y obstruido la labor de la fiscalía por su falta de transparencia».

En esa crítica, el penalista indicó, además, que Santiváñez si puede ser investigado por el delito de desobediencia a la autoridad si se cumple dos requisitos: que exista una obligación de cumplir ese mandato (entregar su celular) y que haya existido una advertencia de la Fiscalía de que si no cumplía con la diligencia sería denunciado.En tanto, el politólogo Jhimer Monzón, director de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales Leviatán, indica que la negativa del ministro Santiváñez es una decisión política y moral que evidencia la falta de respeto del Gobierno hacia la ciudadanía.

«La imagen que deja es el de la impunidad sin escrúpulos, en primera instancia al no tener el honor de cumplir su palabra, y luego por no dar el ejemplo en cuestión de transparencia y lucha contra la corrupción, sobre todo al ser autoridad política del más alto nivel», argumentó Monzón a La República.

Por su parte, el politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Diego Quevedo, aseguró que este cambio de actitud de Juan Santiváñez se debe a que el levantamiento del secreto de sus comunicaciones podría repercutir negativamente en su situación jurídica.

En ese sentido, el experto señala que esta decisión, adoptada en noviembre, buscaba desviar la atención de la ola de criminalidad que enfrentaba el país en ese momento; sin embargo, al considerar ahora cómo podría afectarlo personalmente, ha decidido retroceder, dilatar y buscar impunidad para su caso.

Juan Santiváñez: la jugada del ministro del Interior para evadir la justicia

Cuando el ministro del Interior se puso a disposición de la Fiscalía dijo que entregaría su celular de manera voluntaria para colaborar con la investigación, pero, días después, el 2 de diciembre, el representante del sector Interior, no tuvo mejor idea que entregar su dispositivo iPhone 15 Pro Max ya reseteado, es decir, sin información y sin chip que ayuden a esclarecer los hechos que lo vinculan a presuntos actos de corrupción.

Esto fue corroborado por la Fiscalía, el 10 de enero de este año, en circunstancias que se realizó el deslacrado del celular para extraer información.

Ante esa irregularidad, desde el Ministerio Público le otorgaron un plazo de 48 horas para cumplir con lo solicitado; no obstante, el ministro «preferido» de Boluarte declaró, este jueves 16 de enero, que no obedecerá la orden; por el contrario, se mostró desafiante y en un tono amenazante señaló que presentará una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que las actuales diligencias que se realizan contra el ministro no están relacionadas con el levantamiento de sus comunicaciones que obra instancia judicial, debido a que el juez Juan Carlos Checkley Soria, aún no ha llevado a cabo la audiencia para determinar dicho proceso.

Esto se debe a que el magistrado intentó inhibirse de la investigación porque su abogado labora en el estudio de Santiváñez; sin embargo, la Sala Suprema de César San Martín, rechazó su pedido, por lo que aún no se ha establecido una fecha para la audiencia. Según la información recabada por este medio, la Fiscalía solicita el celular de Santiváñez para revisar las conversaciones con el capitán ‘Culebra’ desde el 17 de mayo hasta el 19 de junio del 2024, cuando ambos mantenían una relación amical.

Por: Daniel Muñoz