| Fuente: El Comercio / TuContribuyes |
Reforma tributaria que reduce el periodo de recupero de crédito fiscal afecta negativamente a pequeña, mediana y gran empresa La medida implementada por el Gobierno limita el tiempo para usar el IGV de las compras, generando dificultades operativas y aumentando el riesgo de sanciones para las empresas. El Decreto Legislativo 1669, emitido por el Gobierno, reduce el plazo para utilizar el crédito fiscal del IGV de 12 meses a uno, dos o tres meses, dependiendo de la modalidad de los comprobantes. Este cambio afecta directamente a las empresas, ya que deben registrar sus compras dentro de un plazo más corto para no perder el derecho a utilizar el crédito fiscal, lo que podría resultar en una sanción. Según Fernando Cáceres Freyre, director ejecutivo de Síntesis Instituto; y, Klever Espinoza, socio de KERZ, «el Congreso no le dio al Ejecutivo facultades para legislar sobre el plazo para usar el IGV de las compras», lo que plantea dudas sobre la legalidad de esta medida. Además, la medida podría generar efectos perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas (mypes), que enfrentan costos adicionales y dificultades para adaptarse a los nuevos plazos. La reforma limita el uso del crédito fiscal, un derecho que las empresas adquirieron dentro del marco formal. Como explican ambos especialistas “lo que está haciendo el decreto legislativo es delimitar el alcance de sentencias llamadas por los abogados ‘casatorias’ de la Corte Suprema”. Esta limitación ha causado gran preocupación, pues incrementa el costo de transacción y representa un desincentivo para las empresas que operan en el mercado formal. En este contexto, se observa si las medidas propuestas realmente fomentan un entorno económico competitivo. La reducción del plazo de registro del crédito fiscal no solo afecta a las grandes empresas, sino que también pone una presión innecesaria sobre las mypes. Esta reforma podría resultar en un retroceso en la competitividad y en el crecimiento económico de las pequeñas empresas, que ya enfrentan barreras significativas para operar de manera eficiente. |
| Fuente: El Comercio |
Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios. La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios. Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes. Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país. |
| Fuente: IPE |
Rotación de funcionarios y recortes presupuestales debilitan capacidad regulatoria del Indecopi IPE advierte que la institución enfrenta desafíos críticos para garantizar libre competencia, con salas especializadas sin quórum y sueldos muy por debajo de estándares regionales. El Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) atraviesa una crisis institucional que amenaza su capacidad para regular mercados y proteger a los consumidores. Según análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), la injerencia política se ha traducido en una rotación acelerada de sus autoridades: los presidentes del directorio permanecen en el cargo apenas 13 meses en promedio, frente a los 40 meses que duraban hasta 2020. Esta inestabilidad ha dejado a cuatro de las cinco salas especializadas sin el quórum necesario para operar durante gran parte del 2024. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señaló que el problema se agrava por un presupuesto que se ha reducido en 16% en términos reales desde 2019, pese a que la institución asumió nuevas responsabilidades como el control de fusiones empresariales. «Los sueldos de los especialistas son hasta tres veces menores que los de sus pares en Chile, lo que dificulta retener talento calificado», explicó. A esto se suman los retrasos recurrentes en los nombramientos de funcionarios clave por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Frente a este escenario, el IPE plantea otorgar al Indecopi autonomía constitucional similar a la del Banco Central, implementar concursos meritocráticos para su directorio y ajustar su financiamiento para equipararse con organismos regulatorios de la región. «Sin una institución fuerte, la burocracia y las prácticas anticompetitivas seguirán frenando el crecimiento económico», advirtió Gallardo. |
| Fuente: Andina |
Samsung y empresas turcas exploran inversiones en Perú impulsadas por potencial logístico de Chancay ProInversión negocia con multinacionales para instalación de plantas industriales y proyectos de infraestructura en zona de influencia del megapuerto. El Puerto de Chancay se ha convertido en el principal imán para las inversiones extranjeras en Perú, según confirmó Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión. El funcionario reveló conversaciones avanzadas con gigantes como Samsung –interesada en proyectos de infraestructura y salud– y delegaciones empresariales de Turquía, Chile y Colombia. «El puerto es un factor determinante. Empresas que antes miraban otros mercados ahora eligen Perú por su conectividad futura», afirmó durante un encuentro con inversionistas. Del Carpio destacó que el Ministerio de Economía evalúa crear zonas económicas especiales con beneficios tributarios cerca de Chancay y el Parque Industrial de Ancón, ubicado estratégicamente a 40 kilómetros del megapuerto. «Algunos critican los incentivos fiscales, pero sin inversión no hay impuestos que recaudar», argumentó, señalando que el proyecto posicionará al país como eje logístico frente a competidores como Chile o Ecuador. Las declaraciones coinciden con el interés de multinacionales por establecer plantas de ensamblaje y centros de distribución que aprovechen la ruta hacia Asia. ProInversión participa activamente en las mesas de trabajo para desarrollar la zona de influencia del puerto, cuyo operador privado, Cosco Shipping, iniciará operaciones en el último trimestre de 2025. «Esta es una ventana histórica que no podemos desaprovechar», concluyó Del Carpio. |
| Fuente: Latina Noticias |
Organismo internacional exige protección prioritaria para menores ante ola delincuencial en Perú Escuelas cerradas por extorsión y reclutamiento de adolescentes por bandas criminales vulneran derechos fundamentales, advierte UNICEF. UNICEF emitió un contundente llamado a las autoridades peruanas para priorizar la protección de niños y adolescentes, ante la creciente ola de inseguridad que motivó el estado de emergencia en Lima y Callao. El organismo destacó que el cierre de colegios por amenazas, el uso de menores por grupos delictivos y el clima de violencia generalizado están vulnerando derechos básicos como la educación y la vida libre de violencia. «Cuando adolescentes son usados por grupos criminales o familias pierden sus negocios por extorsiones, estamos fallando a la infancia», señaló el comunicado. UNICEF instó a un trabajo coordinado entre instituciones para garantizar entornos seguros, especialmente en espacios públicos. La advertencia llega cuando reportes policiales indican que bandas están reclutando a menores para actividades ilícitas, aprovechando su impunidad penal. El pronunciamiento coincide con protestas vecinales en múltiples regiones exigiendo acciones concretas. Mientras el gobierno extiende medidas como patrullajes militares, expertos subrayan que se requieren políticas integrales que protejan específicamente a la población infantil y adolescente de esta crisis. |
| Fuente: La República |
«Ciudad Bicentenario»: el megaproyecto urbano que transformará 8,100 hectáreas en Ancón Con inversión de US$3,000 millones, el plan incluye el parque industrial más grande del país y áreas verdes equivalentes al 60% de las que existen actualmente en Lima. El Ministerio del Ambiente presentó avances de «Ciudad Bicentenario», un megaproyecto urbano que ocupará 8,130 hectáreas en Ancón y albergará hasta medio millón de personas. Diseñada como modelo de sostenibilidad, integrará viviendas sociales, un hospital de 26 hectáreas (el doble del Rebagliati) y 2,000 hectáreas de áreas verdes irrigadas con aguas tratadas. Su ubicación estratégica, cerca del puerto de Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez, busca convertirla en un hub logístico y residencial. El plan incluye el Parque Industrial de Ancón (1,338 hectáreas) para atraer inversiones manufactureras. «Es la última gran reserva de tierra pública en Lima, y la usaremos para evitar asentamientos informales en zonas de riesgo», explicó un vocero del Minam. El financiamiento combinará recursos públicos y privados, con miras a iniciar obras en 2026. Críticos advierten desafíos en la ejecución, pero autoridades insisten en que el proyecto equilibrará crecimiento urbano y protección ambiental. «Será un referente de ciudad planificada en la región», aseguraron. |
| Fuente: Altavoz |
Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12% El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres. La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes. Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías. La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad. |
| Fuente: Lima Conecta |
Propuestas radicales y desinformación: el desafío del próximo proceso electoral Analistas advierten que un electorado informado puede marcar la diferencia para elegir líderes preparados y con visión técnica para el desarrollo del país. En las elecciones generales del próximo año, el voto informado será esencial para elegir a políticos preparados que conduzcan el país hacia un rumbo adecuado. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos han confirmado su participación, lo que plantea un escenario complejo durante los comicios electorales. Enrique Valderrama, analista político y director del portal Punto de Encuentro, señala que este panorama favorece propuestas radicales y sin sustento. “Estamos frente a un festín de promesas sin respaldo técnico, lo que puede desviar la atención de los ciudadanos y dañar la democracia”, afirmó. Valderrama también enfatiza la importancia de investigar no solo al candidato, sino también a su plancha presidencial y equipo técnico. “Es fundamental analizar si cumplen con el perfil adecuado para liderar el país y resolver los grandes problemas sociales”, agregó. |
| Fuente: Lima Conecta |
La educación en crisis: Más del 50% de peruanos percibe un deterioro en la enseñanza Una encuesta de Datum muestra que el 52% de los ciudadanos considera que la calidad educativa ha empeorado durante el gobierno actual. Una reciente encuesta de Datum, publicada en El Comercio, revela que el 52% de los ciudadanos considera que la calidad de la enseñanza en el Perú ha empeorado durante el gobierno de Dina Boluarte. Además, el 41% califica como mala la educación en los colegios públicos, lo que refleja una profunda insatisfacción con el sistema educativo nacional. El ingeniero y político Juan Sheput afirmó: “Se está enseñando a toda una generación de profesionales que van a ser completamente mediocres. La virtualidad debe ser un complemento, no la base del sistema educativo.” Sheput también señaló que el Estado debe ir más allá de garantizar acceso a la educación y enfocarse en asegurar su calidad, tanto en infraestructura como en la formación de docentes. Este panorama subraya la urgencia de políticas educativas integrales que reduzcan las brechas entre colegios públicos y privados, además de fortalecer la seguridad en las escuelas frente a la creciente criminalidad. |
| Fuente: Lima Conecta |
Régimen económico de la Constitución de 1993: clave para evitar la hiperinflación La Carta Magna establece normas que frenaron el gasto desmedido del Estado y limitaron la emisión inorgánica de dinero, garantizando estabilidad económica en el Perú. El régimen económico de la Constitución de 1993 ha sido decisivo para el progreso del Perú, según el Dr. Ernesto Álvarez, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Este marco legal estableció restricciones al gasto público desmedido y a la emisión inorgánica de dinero, previniendo una nueva hiperinflación como la vivida en los años 80. La Carta Magna también limitó el apoyo a empresas estatales ineficientes, liberando recursos para cerrar brechas sociales y destinarlos a obras prioritarias. “El Estado dejó de desperdiciar impuestos en empresas deficitarias como Petroperú y priorizó el desarrollo social”, señaló Álvarez. Asimismo, este modelo económico ha fomentado la inversión privada, creando empleos de calidad y fortaleciendo sectores clave. Según el letrado, mantener estos principios es vital para garantizar estabilidad y crecimiento, mientras se corrigen deficiencias en la gestión pública. |