Luego que diferentes medios de comunicación de Lambayeque se encuentren vulnerados de sus derechos por parte de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al ser impedidos de ingresar a la sede judicial, sin embargo recordemos que “La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión”
A continuación, reproducimos un caso donde la Corte Superior de Justicia de Piura, también impedía el ingreso a periodistas a la sede judicial, sin embargo, el impedimento se da de la siguiente manera:
La Corte Superior de Justicia de Piura no tiene la facultad de impedir el ingreso de la prensa a sus instalaciones, salvo en casos excepcionales y con justificación legal. Su misión principal es garantizar el acceso a la justicia y la transparencia de los procesos, lo cual incluye la libre circulación de la prensa para informar sobre los procedimientos judiciales.
El derecho a la información y la libertad de prensa son fundamentales en una democracia, y la Corte Superior de Justicia no debe obstaculizar su ejercicio. Sin embargo, existen excepciones:
- Seguridad:
En casos de riesgo o amenaza a la seguridad de los participantes en un proceso judicial o a la integridad de la sede judicial, la Corte podría restringir el acceso, pero siempre de forma proporcional y justificada.
Algunos procesos judiciales pueden ser declarados secretos por razones de seguridad o para proteger la intimidad de las partes involucradas. En estos casos, la prensa no tendría acceso.
En el interior de las salas de audiencia, la prensa tiene que respetar las reglas de orden y decoro, y puede estar sujeta a restricciones impuestas por el juez para garantizar la correcta administración de justicia.
En resumen, la Corte Superior de Justicia de Piura debe velar por la seguridad y el orden, pero no puede impedir el acceso de la prensa a sus instalaciones de forma general y arbitraria. La transparencia y el acceso a la información son valores fundamentales que la Corte debe proteger.
Escribe: Luis Llumpo Ch.
LA NOTICIA RENOVADA
En su programa político El que se pica pierde
A continuación, publicamos el comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP
COMUNICADO DE LA ANP
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP rechaza la decisión arbitraria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de impedir el ingreso de la prensa a la sede judicial. Dicha medida, que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, tiene una afectación directa a la actividad periodística y es contraria al ejercicio de derechos fundamentales.
La prensa es esencial para garantizar el deber de publicidad de las audiencias. Prohibiciones, restricciones o demandas o establecimiento de protocolos limitantes son propias de regímenes autoritarios.
Periodistas de radio Exitosa, el diario La Industria y el diario La Verdad de Chiclayo informaron a la ANP que agentes de seguridad les señalaron que no podían ingresar a la sede judicial por orden de la Coordinadora del Órgano de Imagen Institucional, Alejandra de América Custodio Hernández. Dicha funcionaria señala que la Presidencia ha emitido una resolución en la que prohíbe el ingreso de la prensa “como medida de seguridad”. Lo curioso es que, en paralelo, según indican los reporteros, sí ingresan a la sede repartidores de comida y otros. A los periodistas se les indicó de la existencia de una resolución que entraba en vigencia desde hoy y que se les alcanzaría en integridad en las próximas horas.
La ANP demanda de manera inmediata se levante esa restricción que afecta además de la actividad periodística, el derecho a la información de la ciudadanía. De no hacerlo demandaremos sanciones efectivas para los responsables de esa decisión al contravenir la naturaleza y acción de las instituciones públicas y lo contemplado en el marco normativo nacional e interamericano que garantiza el derecho a la información de la ciudadanía y demanda a los Estados a dar garantías para el pleno ejercicio de la actividad periodística en el país.
Por: Renzo Chávez