Fuente: El Comercio
 

Universidades públicas acumulan retrasos de más de un año y sobrecostos del 25% en sus obras

Informe revela que 40 casas de estudio enfrentan demoras críticas y 440 proyectos están paralizados, algunos sin avances desde 2019.   Un informe del Índice Universitario de Eficiencia en la Inversión Pública 2024, elaborado por Videnza, advierte que 40 universidades públicas en el Perú enfrentan retrasos superiores a un año y sobrecostos mayores al 25% en sus proyectos de inversión. Además, se identificaron 440 obras detenidas, de las cuales 102 no presentan ningún avance desde 2019. El estudio, que analizó a 48 de las 53 universidades públicas del país, expone graves deficiencias en planificación, ejecución y cierre de proyectos, pese a que 35 instituciones ejecutaron más del 70% de sus recursos asignados.   La Universidad Nacional Agraria La Molina lidera los casos críticos, con un sobrecosto del 146% y un retraso de casi tres años. Le siguen San Agustín de Arequipa (57% de sobrecosto y 731 días de demora) y San Antonio Abad del Cusco (40% de sobrecosto y 593 días de retraso). “Diecinueve universidades presentaron proyectos que no tuvieron ninguna ejecución durante todo el 2024”, advirtió Juan José Collantes Antezana, analista del estudio. El impacto alcanza a más de 350 000 estudiantes, mientras que persiste la intención legislativa de crear nuevas universidades públicas, pese a los retrocesos.   Casos como el de la Universidad Nacional del Callao, que cayó 29 posiciones en el ranking, evidencian la falta de continuidad en la gestión. “Aunque muchas universidades logran ejecutar recursos, estos se diluyen en ineficiencias que impiden un verdadero impacto en la calidad educativa”, señaló Cristián Segovia Ferreira, analista de Videnza.
Fuente: SNI
 

SNI urge políticas industriales para enfrentar desafíos globales y reactivar economía

Felipe James, presidente del gremio, pidió en el Foro Central de la SNI mayor articulación público-privada para impulsar empleo formal y competitividad regional.   En el Foro Central por su 129 aniversario, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) destacó el rol clave del sector industrial para el desarrollo nacional. Felipe James, presidente del gremio, subrayó la necesidad de «empresarios valientes que generen empleo formal y construyan reputación con hechos». Criticó la inseguridad ciudadana y la informalidad laboral (70%), aunque reconoció avances como la Ley 31969 para textiles y la próxima promulgación de leyes de Zonas Económicas Especiales (ZEEP).   Raúl Pérez-Reyes, ministro de Economía, proyectó un crecimiento de 3.5% a 4% en 2025, impulsado por exportaciones (US$80,000 millones estimados) y demanda interna (+8.8%). Anunció que el déficit fiscal se ajustará a 2.5% este año y 2% en 2026, sin afectar la reactivación. «La inversión pública y la reducción de la informalidad son prioritarias», afirmó.   El internacionalista Farid Kahhat alertó sobre riesgos por la tensión EE.UU.-China, mientras gremios como ADEX y ComexPerú coincidieron en exigir estabilidad política ante las elecciones de 2026. Julia Torreblanca (SNMPE) pidió frenar iniciativas que afecten la competitividad, como la Ley MAPE. «Sin confianza, no hay inversión», concluyó James.
Fuente: RPP
 

Alcalde de SJL pide facultades para fiscalizar uso de chalecos con placa en motociclistas

Jesús Maldonado afirma que la norma no se cumple por falta de supervisión y propone capacitar agentes municipales con apoyo de la PNP.   El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, criticó la ineficacia de la norma que exige a motociclistas usar chalecos con placa identificatoria, atribuyendo el incumplimiento a la falta de fiscalización. «Una medida funciona solo si se supervisa», dijo, proponiendo que las municipalidades reciban facultades para sancionar infracciones, con agentes capacitados por la Policía Nacional. Maldonado destacó inversiones locales en seguridad, como 610 cámaras con inteligencia artificial y 20 camionetas donadas a comisarías, pero insistió en que se necesita mayor presupuesto para la PNP. Además, planteó implementar un modelo de «seguridad por impuestos», donde empresas financien proyectos a cambio de beneficios tributarios, similar a obras por impuestos.   El burgomaestre también pidió agilizar los procesos de ProInversión: «Un alcalde que quiere construir un colegio espera hasta año y medio». La propuesta busca combatir la informalidad en el transporte, que representa el 40% de accidentes en el distrito.
Fuente: JNE
 

JNE presenta plan para fortalecer educación cívica y participación política 2025-2028

La iniciativa busca promover valores democráticos mediante talleres, plataformas digitales y diálogo con organizaciones sociales y políticas.   El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó su Plan de Formación Cívica Ciudadana 2025-2028, aprobado mediante la Resolución N° 000098-2025-P/JNE. Giovana Hurtado Magán, directora de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, explicó que el proyecto busca «fortalecer valores democráticos mediante un enfoque integral que combine información, diálogo y participación». La iniciativa estará en consulta pública durante 10 días para recibir aportes ciudadanos.   El plan prioriza herramientas como la plataforma Voto Informado para difundir perfiles de candidatos y planes de gobierno. Hurtado destacó que se realizarán talleres de asistencia técnica y mesas de diálogo con organizaciones sociales, incluyendo a grupos vulnerables como comunidades indígenas y personas con discapacidad. «La diversidad es nuestra riqueza. Queremos que todos comprendan cómo ejercer sus derechos políticos», afirmó.   La medida llega en un contexto donde, según estudios del JNE, solo el 38% de jóvenes peruanos muestra interés en la política. El organismo espera que estas acciones incrementen la participación informada en las elecciones de 2026. «No solo informamos, sino que formamos ciudadanos críticos», concluyó Hurtado.
Fuente: El Comercio
 

Petroperú reporta pérdida de US$111 millones en primer trimestre y descarta nuevo salvataje

La estatal atribuye los resultados a la caída del precio del crudo, pero exgerentes advierten que el problema es estructural y exigirá más rescates.   Petroperú registró una pérdida de US$111 millones en el primer trimestre de 2025, que su presidente, Alejandro Narváez, atribuyó al desplome del precio del crudo (US$60/barril). Aseguró que no solicitará otro salvataje, pese a que la empresa acumula US$742 millones en pérdidas en 2024. «Hemos estabilizado la situación», afirmó, destacando que la refinería de Talara opera al 100%, aunque admitió que parará pronto por oleajes que bloquean puertos.   Sin embargo, Fernando de la Torre, exgerente financiero, cuestionó la explicación: «El bajo precio del crudo beneficia a refinadores como Petroperú. Las pérdidas reflejan una mala gestión». Advirtió que la empresa incumplirá pagos de deuda desde junio, forzando un nuevo rescate.   El MEF aún evalúa una auditoría forense en Talara, cuya licitación se lanzará en mayo. Analistas estiman que la estatal requerirá US$1,000 millones adicionales para evitar la quiebra.
Fuente: Congreso.gob
 

Congreso insiste en reforma para agilizar inversiones mediante APP pese a observaciones del Ejecutivo

La Comisión de Economía aprobó insistir en proyecto que modifica normas de Asociaciones Público-Privadas, ignorando 21 observaciones del Poder Ejecutivo.   La Comisión de Economía del Congreso, presidida por Ilich López Ureña, aprobó con 18 votos a favor insistir en una reforma que busca agilizar proyectos de inversión mediante Asociaciones Público-Privadas, pese a 21 observaciones del Ejecutivo. Entre las críticas figura la eliminación del Órgano de Gestión de Proyectos (OEGEP), clave para el Ministerio de Transportes, y la falta de mecanismos ágiles para emergencias viales. Rosangella Barbarán, defensora de la iniciativa, argumentó que «destrabará inversiones atascadas por la burocracia, como hospitales en Huánuco esperando más de 8 años».   El dictamen prioriza cerrar brechas de infraestructura «en plazos récord», aunque críticos señalan que debilita la rectoría del Estado. Paralelamente, la comisión archivó una propuesta para crear un Parque Nacional del Cacao en Junín con exoneración del IGV, al no alcanzar consenso (10 votos a favor vs. 11 abstenciones). En la misma sesión, López Ureña advirtió sobre el envejecimiento poblacional y la urgencia de reformar el sistema previsional: «El 65% de peruanos será adulto mayor en 10 años. Hoy el 62% tiene menos de 55 años, pero sin fondos suficientes para pensiones». Anunció que analizarán 27 proyectos sobre retiros extraordinarios del sistema privado, aunque postergarán cambios hasta que se implemente la reforma pensionaria vigente.
Fuente: Andina
 

BID destaca avances de Perú en salud mediante APP: «Inversión privada es clave para desarrollo»

El organismo resaltó proyectos como el Hospital de San Borja y nuevos complejos en Piura y Chimbote, con inversión de US$322 millones.   El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elogió el uso de Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector salud peruano, destacando los hospitales Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) y Alberto Barton (Callao), pioneros en América Latina. Javier Beverinotti, economista del BID, resaltó que estos centros atienden a 250,000 personas anuales y cuentan con 200 camas modernas. «El Estado solo no puede cubrir las brechas. Las APP son un pilar para la infraestructura social», afirmó durante la presentación del proyecto de operación del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.   El BID también apoyó la estructuración de hospitales de alta complejidad en Piura y Chimbote (US$322 millones), cuyos contratos se firmaron en 2024. Beverinotti subrayó que estas alianzas mejoran la calidad de vida y promueven el crecimiento inclusivo. «Perú está mostrando cómo combinar recursos públicos y privados para servicios esenciales», añadió. Pese a los avances, persisten desafíos. El MEF reporta que el 60% de proyectos APP en salud enfrentan retrasos por trámites burocráticos. El BID se comprometió a seguir colaborando con soluciones sostenibles, incluyendo digitalización y capacitación de personal.
Fuente: Infobae
 

Megapuerto de Chancay: alcalde denuncia que solo 80 policías enfrentan a bandas organizadas

Autoridad local alerta que grupos de Trujillo, Huaral y Callao disputan el control de la zona con extorsiones, balaceras y ataques con explosivos.   El Megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024, ha convertido a este distrito en escenario de una ola delictiva sin precedentes. Juan Álvarez, alcalde de Chancay, denunció que solo 80 policías deben enfrentar a bandas como Los Pulpos (Trujillo), Los Monos (Huaral) y Los Antitren (Callao), que se disputan el control de rutas de extorsión. «Hay balaceras mensuales y negocios dinamitados por negarse a pagar ‘cupos'», declaró Vladimir Cantoral, líder gremial, quien sufrió amenazas directas.   Álvarez exigió al Gobierno Central una comisaría especializada y un laboratorio criminalístico, ya que la infraestructura actual es insuficiente. «Advertimos esto hace meses, pero no actuaron», reprochó. La crisis se agrava por el colapso de un puente de 80 años, aún sin reparar por litigios judiciales, y el aumento del tránsito pesado. La PNP reconoció la urgencia pero alegó falta de recursos. Mientras, comerciantes piden operativos conjuntos con inteligencia. «Si no intervenimos, esto escalará», advirtió el alcalde, cuyo distrito pasó de ser tranquilo a un foco de violencia en solo seis meses.
Fuente: Perú 21
 

Medios internacionales alertan sobre crisis de seguridad en Perú por crimen organizado y minería ilegal

The New York Times y The Economist destacan el aumento de extorsiones, violencia minera y la falta de estrategia estatal efectiva para combatir estos flagelos.   Perú enfrenta una crisis de seguridad que ha captado la atención de medios internacionales. The New York Times documentó el asesinato de 13 mineros en un campamento ilegal en mayo, atribuido a bandas criminales infiltradas en el sector. El medio criticó la respuesta «tibia» del gobierno, que ha declarado estados de emergencia sin resultados concretos. El Dr. Eduardo Moncada, explicó que las extorsiones, con 2,000 denuncias mensuales, son una táctica para consolidar control territorial: «Las bandas reclutan vecinos como informantes, creando redes de miedo».   Por su parte, The Economist vinculó el auge de la minería ilegal al precio récord del oro (US$3,000/onza) y al narcotráfico. El medio cuestionó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que según su análisis, sirve de «escudo legal» para mafias. Aunque el gobierno prohibió actividades mineras en zonas como Pataz, las protestas de mineros informales en Trujillo evidencian la falta de alternativas. Ambos medios coinciden: Perú pasa de ser un «oasis de estabilidad» a un foco de violencia regional. El Ministerio del Interior se negó a comentar los reportes. Mientras, en distritos como San Juan de Lurigancho, comerciantes cierran locales por amenazas. «No hay cabida para el crimen», declaró la presidenta Dina Boluarte, pero las cifras muestran lo contrario: el 65% de peruanos percibe inseguridad como su principal problema, según Ipsos.
Fuente: Lima Conecta
 

Congreso aprueba reducción del IGV y transfiere fondos a municipios

La nueva ley reduce el IGV del 16% al 14% en cuatro años y transfiere más recursos a los municipios, pese a su baja capacidad de ejecución y denuncias por corrupción.   El Congreso aprobó una ley que reduce gradualmente la tasa del IGV del 16% al 14% en los próximos cuatro años. Los dos puntos porcentuales serán destinados al Foncomún, fondo que financia a los municipios. Según el analista económico Alejandro Indacochea, esta medida es populista. “Las municipalidades hoy devuelven más del 60% del presupuesto porque no pueden ejecutarlo”, advirtió. El riesgo, señala, es doble: se recortan recursos clave para salud, educación e inversión pública, y se transfiere dinero a entidades con limitada capacidad técnica y serios antecedentes de corrupción.   Además, alertó que esta medida podría comprometer el grado de inversión del país. “Hipotecan el futuro por votos. El problema no es falta de dinero, sino de eficiencia”, concluyó. La ley establece que el nuevo 4% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) no podrá usarse para sueldos, aunque su fiscalización será limitada, alertó Indacochea.

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