Así fue la votación del informe final del caso Andrea Vidal
El resultado fue de siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
A favor:
-Juan Burgos
-Pasión Dávila
-Patricia Chirinos
-Ariana Orué
-Margot Palacios
-Marleny Portero
-Carlos Zeballos
En contra:
-Héctor Valer
-Jorge Marticorena
Abstención:
-Isaac Mita
-Elizabeth Medina
-Flavio Cruz
No respondieron:
-Vivian Olivos
-Elvis Vergara
-David Jiménez
Con licencia:
-Edgard Reymundo
-Norma Yarrow
18/06/2025 – 11:25
Estas son las recomendaciones del informe final del caso Andrea Vidal
Estas son las recomendaciones del informe final del caso Andrea Vidal
Solicitar a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría la aprobación del presente informe y, en su oportunidad, ponerlo en conocimiento del Pleno del Congreso de la República para los fines consiguientes:
-Remitir copia de todo lo actuado al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a fin de que prosigan con las investigaciones pertinentes respecto de los hechos materia de indagación y determinen las responsabilidades correspondientes, conforme a las competencias que les confiere el ordenamiento jurídico vigente.
-Solicitar al Ministerio Público que considere investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 381 (Nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo), 382 (Concusión), 427 (Falsificación de documentos), 411 (Uso de documento falso) y 400 (Tráfico de influencias) del Código Penal, en las contrataciones efectuadas entre el año 2021 y la fecha, a fin de determinar si existieron actos reprochables pasibles de punibilidad, en agravio del Congreso.
-Sugerir incluir en dicha investigación las denuncias por presunta pérdida de equipos móviles (teléfonos celulares), presentadas por la ciudadana Isabel Cajo y algunos de los indagados, así como las renuncias presentadas por los miembros de la Comisión Investigadora nombrada por la Mesa Directiva del Congreso para investigar y sancionar a Jorge Luis Torres Saravia, a fin de establecer si dichos hechos constituyen un acto de obstrucción a la justicia o encubrimiento al señor Jorge Luis Torres Saravia.
-Incluir, además, entre el objeto de investigación por parte del Ministerio Público, presuntos actos contra la fe pública, conforme al artículo 427 del Código Penal, de acuerdo con el contenido de la Carta Nº 003-2025 emitida por la empresa E&H con fecha 14 de enero de 2025, en la cual se señala que la ciudadana Isabel Cajo nunca mantuvo vínculo laboral ni contractual alguno con dicha entidad. Este hecho acreditaría también el uso de un documento falso incorporado en su hoja de vida.
-Incluir en la investigación fiscal, por el delito contra la fe pública, al abogado Jorge Torres Saravia, quien habría presentado un certificado de trabajo presuntamente falso para acreditar su experiencia profesional. Según lo manifestado por el Gerente General de la empresa minera Catequil S.R. Ltda., el investigado no habría prestado servicios como asesor legal externo en materias civiles y laborales. Asimismo, el gerente advierte que la firma consignada en el certificado no le corresponde, conforme a lo señalado en su carta notarial remitida al Auditor General del Congreso con fecha 3 de febrero de 2025.
-Incluir en la investigación fiscal a congresistas involucrados con las personas comprendidas en la presente indagación, en especial el caso de la contratación de la señorita Isabel Cajo Salvador por parte del congresista Edwin Martínez Talavera, quien habría ejercido una cerrada defensa para su contratación y permanencia en su despacho congresal.
-Solicitar a la Mesa Directiva del Congreso de la República la evaluación y posible restitución del Estatuto Parlamentario, suspendido mediante Resolución Legislativa N.º 0006-2017-2018-CR de fecha 11 de enero de 2018, con el objeto de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en los procesos de contratación de personal del Congreso de la República.
-Pedir al Ministerio Público que investigue las contrataciones efectuadas entre el año 2021 y la fecha, a fin de determinar si existieron actos reprochables pasibles de sanción penal, en agravio del Congreso.
18/06/2025 – 11:12
Estas son las conclusiones del informe final del caso Andrea Vidal
Estas son las conclusiones del informe del caso Andrea Vidal
Conclusiones:
-Sobre la función de fiscalización y control parlamentario
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, conforme a la Constitución y al Reglamento del Congreso, tiene competencia para ejercer el control político sobre la gestión pública y supervisar el ejercicio de la función pública. Su responsabilidad es llevar a cabo investigaciones objetivas e imparciales para esclarecer posibles irregularidades, actos ilícitos o incompatibles con la ética pública, asegurando transparencia, legalidad y rendición de cuentas en la administración estatal.
Ante las denuncias periodísticas sobre la existencia de una supuesta “red de prostitución en el Congreso de la República”, esta Comisión se avocó al conocimiento del hecho y asumió la indagación con el único propósito de esclarecer los hechos, salvaguardar la majestad del Parlamento y preservar la integridad institucional.
Si bien se han identificado indicios públicos de conductas de naturaleza sensual o sexual difundidas a través de plataformas digitales como OnlyFans y TikTok, dichos indicios no constituyen elementos probatorios concluyentes que permitan establecer la existencia de actividades vinculadas a la prostitución o la participación en una presunta red de dicha naturaleza en el Congreso.
En consecuencia, y en resguardo del debido proceso y la presunción de inocencia, esta Comisión, de lo indagado a la fecha, concluye que no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución. Sin embargo, el Ministerio Público, investido de sus facultades coercitivas para investigar, podría profundizar en estos hechos, solicitando el levantamiento del secreto bancario, secreto telefónico y otras pruebas a las que esta Comisión no puede acceder por falta de facultades de investigación, existiendo la probabilidad de probar estos hechos incriminatorios.
De lo indagado a la fecha, no se ha evidenciado la existencia de una “red de prostitución en el Congreso”, sin embargo, se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal.
-Sobre los límites en la indagación y las irregularidades advertidas
La labor de esta Comisión se ha visto restringida por la ausencia de facultades de investigación. Esta limitación ha afectado la posibilidad de recabar elementos probatorios suficientes para profundizar en diversas líneas de investigación, particularmente en lo que respecta a las ciudadanas Andrea Vidal Gómez, Isabel Cajo y Alejandra Gil, quienes presentan indicios de conducta sensual y sexual a través de redes sociales como OnlyFans y TikTok, sin que ello constituya prueba suficiente para calificarlas como prostitutas ni como integrantes de una “red de prostitución” en el Congreso.
Sin embargo, se considera que el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades coercitivas, podría obtener medios probatorios como declaraciones, videos, mensajes u otros elementos de convicción que permitan acreditar responsabilidad penal sobre esta imputación, por lo cual se recomienda poner en conocimiento de dicha entidad los actuados para que, en ejercicio de sus funciones, contemple investigar estos hechos.
-Sobre la situación particular de la abogada asesinada, Andrea Vidal Gómez
No se ha podido acreditar que la ciudadana Andrea Vidal Gómez, víctima de un homicidio actualmente en investigación, ejerciera la prostitución, a pesar de la proficua difusión mediática de conversaciones privadas sostenidas con su pareja sentimental, en las que se sugiere una relación de tipo “abierta”, bajo consentimiento mutuo respecto a relaciones sexuales con terceros. Su conducta sexual corresponde al ámbito estrictamente personal y carece de conexión directa con funcionarios o personal del Congreso de la República. Por tanto, aun en una hipótesis ampliada, se trataría de hechos ajenos a la institución parlamentaria.
-Sobre los hallazgos en la indagación
Se han identificado graves indicios de vulneración al principio de probidad en los procesos de contratación, nombramiento, encargatura, aceptación ilegal de cargos y designación de personal, en especial al personal femenino, así como el otorgamiento irregular de permisos laborales, configurando prácticas que podrían inscribirse en un contexto sexista o de aprovechamiento de la función pública con fines ajenos al interés general, conducta que se encuadra en lo tipificado en el artículo 381 del Código Penal.
Desde la primera sesión, esta Comisión ha identificado un patrón reiterado de irregularidades en los procesos de contratación de personal en el Congreso de la República, particularmente respecto de personas que no cumplían con los requisitos legales para asumir cargos públicos. Entre los casos detectados se encuentran los nombramientos de las ciudadanas Andrea Vidal Gómez, Alexandra Gil Ramírez e Isabel Cajo Salvador, cuya incorporación al servicio parlamentario podría implicar responsabilidad penal para el Dr. Jorge Luis Torres Saravia y otros funcionarios involucrados, por el delito de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo público, tipificado en el artículo 381 del Código Penal. Del mismo modo, la responsabilidad penal se haría extensiva a quienes aceptaron dichos cargos sin reunir los requisitos exigidos por ley.
-Sobre la restitución, vigencia y aplicación del Estatuto del Servicio Parlamentario
En esta línea, resulta pertinente destacar el contenido de la Carta N.º 199-024/SITRACON-JD, de fecha 26 de diciembre de 2024, remitida por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, señor Tulio Augusto Vizcarra Vásquez. En dicho documento se denuncia que los procesos de contratación de personal responden a “una suerte de repartija de puestos jefaturales”, que abarca desde la Oficialía Mayor hasta las distintas direcciones generales, oficinas, departamentos y áreas. Según lo manifestado, el 99 % de los funcionarios designados serían dirigentes o militantes políticos, en evidente transgresión al principio de neutralidad.
Asimismo, el Sindicato plantea como medida correctiva inmediata la restitución de la vigencia y aplicación del Estatuto del Servicio Parlamentario, cuya eficacia fue suspendida mediante Resolución Legislativa N.º 0006-2017-2018-CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de enero de 2018. Se concluye que la reactivación de dicho marco normativo permitiría reforzar el control sobre la contratación de personal y evitaría otorgar nombramientos de manera irregular.
Atendiendo a la gravedad del patrón irregular en las contrataciones de personal en el Congreso, se recomienda que todos los actuados sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, proceda a determinar las conductas delictivas e identifique a los responsables del delito de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo público, evidenciado en un patrón irregular dentro de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República, donde se habría detectado un libertinaje en las contrataciones de personal, en las cuales habrían primado criterios subjetivos vinculados a la apariencia física de las postulantes por sobre el cumplimiento estricto del perfil profesional y técnico exigido.
-Sobre el aparente uso de mecanismos institucionales para fines particulares
Se ha constatado que el señor Jorge Torres Saravia habría requerido de manera reiterada a mujeres jóvenes con quienes mantenía relaciones de cercanía personal o social, aprovechando la liberalidad de los procedimientos de contratación directa en el Parlamento, desechando criterios meritocráticos. Tal conducta supone una liberalidad y uso arbitrario de la función pública, y un eventual favorecimiento indebido, que, a criterio del Sindicato de Trabajadores del Congreso, sería una “repartija”, configurando indicios de los delitos previstos en los artículos 381 (nombramiento ilegal y aceptación ilegal de cargos), 382 (concusión), 427 (falsificación de documentos), 411 (uso de documento falso) y 400 (tráfico de influencias) del Código Penal.
Sobre la injerencia político-partidaria en la administración del Congreso
Las indagaciones muestran un patrón relevante en el nombramiento de varios funcionarios de confianza, designados en puestos clave durante las gestiones de los congresistas Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, quienes presentan vínculos directos con el partido Alianza para el Progreso (APP). Este hecho evidenciaría una aparente captura política de la estructura administrativa del Congreso, utilizada para la contratación masiva de personal afín sin criterios objetivos ni justificación técnica documentada, llegando incluso al nombramiento de la Dra. Yaqueline Yessenia Lozano Millones, conocida como la “hija política” del Sr. César Acuña, como Jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, en cuya oficina se exhibe una foto del fundador del partido, sin que a la fecha haya sido sancionada a pesar de tener abierto un proceso administrativo.
-Sobre el incremento desproporcionado de personal
Causa preocupación los testimonios recabados respecto al incremento del número de trabajadores del Congreso durante las últimas legislaturas, sin informes técnicos o presupuestales que respalden dicha expansión. Este aumento se habría dado en un contexto de permisividad y falta de fiscalización interna, facilitando el ingreso de personas sin los perfiles requeridos, en abierta vulneración a la ley y a los principios de probidad, mérito y capacidad en la función pública.
-Sobre una posible estructura informal de poder para el direccionamiento de plazas
El patrón irregular observado sugiere la existencia de una estructura informal dentro del Congreso, mediante la cual ciertas contrataciones habrían sido direccionadas desde la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional, en connivencia con altos funcionarios administrativos. Este circuito de decisiones habría operado al margen de la transparencia y los controles previstos por el ordenamiento jurídico vigente, lo cual amerita ser investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, dado que se habrían perpetrado conductas tipificadas en el artículo 381 del Código Penal.
-Sobre la necesidad de intervención de órganos de control
Dada la gravedad de los hallazgos precitados y su impacto en la imagen institucional del Congreso de la República, corresponde poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público el presente informe y sus anexos, a fin de que, en uso de sus atribuciones, se inicien las investigaciones pertinentes, se determinen responsabilidades individuales y se propongan las sanciones correspondientes
Las contrataciones vinculadas al caso Andrea Vidal habrían sido direccionadas a dedo, priorizando la apariencia por sobre los méritos. La jugada fue clara: elegir la belleza por encima de la capacidad intelectual y la experiencia laboral.
¿El motivo? Ni la abogada asesinada en diciembre pasado, ni sus amigas Isabel Cajo y Alexandra Gil, cumplían con los requisitos mínimos para asumir los cargos asignados ni para recibir los elevados sueldos de la llamada planilla dorada del Congreso.
La página 44 del informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, al que accedió Perú21 y que se someterá a votación este miércoles, sostiene que la incorporación de Andrea Vidal se dio por su cercanía con el entonces jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia. Con solo dos años de egresada, Vidal ingresó como abogada al Legislativo con un generoso sueldo de S/7 mil.
«La cercanía y confianza de Andrea Vidal Gómez, (La China), con el jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia, conocido como ‘Koki’, generaron que, a partir del mes de octubre del 2023, fuera contratada, a pesar de solo dos años de graduada», revela el documento.
«Según el Sr. Torres Saravia, reunía los requisitos mínimos del perfil, por lo que ingresó a laborar como abogado en la mencionada área, ganando la suma de S/. 7,000.00 soles. Aparentemente su contratación fue favorecida por su apariencia física. Resulta que Torres Saravia, como jefe de la Oficina Legal y Constitucional, es quien habría requerido la contratación de mayor número de personal femenino para dicha área, y que por propia declaración sostuvo que eran más de 15», añade el informe.
LA JUGADA: «BELLEZA» EN VEZ DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
El mismo patrón de direccionamiento por «apariencia física» se habría repetido, según el documento, en los casos de las amigas de Andrea Vidal: Isabel Cajo y Alexandra Gil.
Según el informe de la Comisión de Fiscalización, Jorge Luis Torres Saravia promovió la incorporación de Isabel Cajo, quien solo contaba con estudios básicos o técnicos y había iniciado la carrera de Derecho. Por ello, fue ubicada inicialmente como técnica en el Área de Administración de Bienes, el 5 de abril de 2022.
Sin embargo, debido a una sospechosa adenda —indica el documento— fue reubicada en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, bajo la dirección de Torres Saravia. Para formalizar el cambio, la Presidencia del Congreso dispuso que la Oficialía Mayor emitiera el proveído contenido en el RU 1528031, trasladando a Cajo Salvador del Área de Administración de Bienes al despacho legal.
“En su contratación habría primado su belleza física y tal vez su actividad en la página de ‘Only Fans’”, precisa la investigación.
En el caso de Alejandra Gil Rodríguez, el informe señala que, pese a tener solo el grado de bachiller en Derecho según la Sunedu, fue contratada para la misma oficina, aparentemente por cumplir con los requisitos mínimos del perfil, “a pesar de carecer de la experiencia requerida para el perfil del puesto de profesional requería para ser contratada. Su vínculo laboral se mantuvo hasta julio del 2024”.
“Al igual que con Isabel Cajo Salvador en su contratación habría primado su belleza física”, sostiene el expediente.
La comisión advierte un patrón recurrente en estas contrataciones, donde primó la apariencia física por encima de la formación académica y la experiencia profesional.
FACTOR ONLYFANS
“Podemos colegir de las declaraciones efectuadas por los entrevistados por la Comisión, que la jefatura de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional y la Alta Dirección del Congreso de la República, compuesta por la Presidencia del Congreso de la República, Oficialía Mayor y altos funcionarios administrativos, se habrían aprovechado de la ‘liberalidad’ de las condiciones de contratación para proponer la contratación de personal femenino con la particularidad de que se valoraba especialmente la buena presencia física (Bonitas), sin tener en cuenta la experiencia o los conocimientos previos”, señala.
El informe hace especial énfasis en el caso de Isabel Cajo Salvador, quien participaba en la plataforma OnlyFans, donde —según el documento— publicaba fotos y videos “de connotación sensual e incluso con posible contenido sexual”.
“Es posible que Jorge Torres Saravia haya conocido a Isabel Cajo Salvador a través de esta plataforma o bien por medio de Andrea Vidal Gómez o Alexandra Gil Rodríguez, cuya amistad con Cajo podría haber facilitado su ingreso al Congreso”, indica el texto.
En otro apartado, se sostiene que Andrea Vidal habría presentado a Isabel Cajo y Alexandra Gil a Torres Saravia, quien, a su vez, habría promovido sus contrataciones ante el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto.
“Es de presumir que, a través de dicha plataforma fue la manera como Jorge Torres Saravia, habría tomado contacto o conocido a Isabel Cajo Salvador o en su defecto por medio de Andrea Vidal Gómez, o Alexandra Gil Rodríguez, cuya amistad es evidente y por lo cual se podría colegir que, Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Rodríguez, habrían sido presentadas por Andrea Jazmín Vidal Gómez a Jorge Torres Saravia, para viabilizar su ingreso a la institución, quien abusando de la ‘liberalidad’ de contratación existente en el Parlamento, las propuso de manera sigilosa o subrepticia ante Presidencia del Congreso, dado la cercanía política existente entre él y Alejandro Soto, pues forman parte del mismo partido Alianza para el Progreso”.
CONEXIÓN APEPISTA
El informe también apunta que, aunque Torres Saravia no figura como militante de Alianza para el Progreso (APP), mantiene una cercanía con la organización liderada por César Acuña.
“El señor Torres Saravia habría participado activa y públicamente en actividades de dicho partido, además de ser cercano a Luis Valdez; siendo que Isabel Cajo Salvador habría ingresado en un inicio al Área de Administración de Bienes, en una plaza de técnico para luego pasar al destino final en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional, por lo cual se suscribió la sospechosa adenda elaborada a razón del requerimiento del jefe de la oficina aludida Jorge Torres Saravia, y que la Presidencia del Congreso dispuso de manera expresa a Oficialía Mayor, quien emitió el proveído contenido en el RU 1528031, reubicando a la señorita Isabel Cajo Salvador del Área de Administración de Bienes hacia la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional”, señala el texto.
Respecto a Alexandra Gil Rodríguez, el informe recuerda que ella declaró en el programa de Milagros Leiva ser amiga de Andrea Vidal Gómez. Gracias a la gestión de Torres Saravia, y pese a su escasa experiencia, fue contratada como abogada en la mencionada oficina, al cumplir con los requisitos mínimos del perfil.
JEFATURAS LIGADAS A APP y 700 CONTRATACIONES
Prosiguiendo con el análisis del informe, estos son los funcionarios del Congreso que tendrían vínculos directos con el partido Alianza para el Progreso (APP) y por cuyas manos habrían pasado los contratos de las tres jóvenes involucradas en el caso.
Gestión de Alejandro Soto como presidente del Congreso:
Durante el mandato de Soto, se identificó a nueve jefes de área con vínculos con el partido de César Acuña.
-Marisol Espinoza Cruz: excongresista y representante legal de APP, fue designada como directora general de Administración del Congreso.
-Yolanda Ríos Mendoza: gerente general y tesorera de APP entre 2018 y 2021, asumió la jefatura del Área de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
-Jorge Cruzalegui Guadiamos: exasesor de la congresista María Acuña Peralta y exfuncionario del Gobierno Regional de Lambayeque en tiempos de Humberto Acuña, fue nombrado jefe del Área de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
-William Alcántara Infantes: antes jefe de la Oficina de Grados y Títulos en la Universidad César Vallejo (UCV), fue incorporado al Departamento de Servicios Generales del Congreso.
-Jorge Luis Torres Saravia: exjefe de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de Luis Valdez, asumió como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
-René Marlene Aguilar Borda: miembro de la Comisión de Licenciamiento de la UCV y exdirectora de Logística (2016–2019), fue designada jefa del Departamento de Servicios Generales del Congreso.
-Carlos Luis País Vera: vinculado a la empresa Negociaciones Rafaela, relacionada con la familia Acuña, fue nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos.
-Marion Arlene Figueroa Wan: abogada y docente de la Universidad Señor de Sipán, fundada por César Acuña, fue designada como jefa del Área de Desarrollo y Bienestar del Personal.
-Alfredo Alfonso Flores López: retomó la jefatura de la Oficina de Prevención y Seguridad, cargo que ya había ocupado durante la breve presidencia de Lady Camones.
Gestión de Eduardo Salhuana:
-Marisol Espinoza Cruz: también fue asesora cercana en esta administración, actuando como nexo entre el presidente del Congreso y la dirigencia de APP.
-Alejandra Aramayo: excongresista de Fuerza Popular y afiliada a APP, fue nombrada jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional, convirtiéndose en una figura clave dentro del equipo de confianza de Salhuana.
“Estas designaciones han generado cuestionamientos respecto a la influencia de APP, en la estructura administrativa del Congreso y la posible politización de cargos que deberían ser técnicos”, explica el documento.
Además, el informe hace una seria revelación sobre el impacto de esa influencia política: la presencia de funcionarios cercanos a APP habría permitido la contratación de alrededor de 700 trabajadores, sin diferenciar entre hombres y mujeres.
“La presencia de funcionarios con vínculos directos con dicho partido en posiciones clave del Parlamento habría facilitado el incremento del número de trabajadores en un poco más de 700 personas, según las declaraciones de la Sra. Haydi Janette Figueroa Valdez, Jefa del Área de Recursos Humanos y el Oficial Mayor Sr. Giovanni Forno, ante esta Comisión”, documenta el expediente.
Un hecho adicional que recoge el informe es la controversia por el nombramiento de Jacqueline Yessenia Lozano Millones —identificada en medios como la ‘hija política’ de César Acuña— como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.
“Cargo al que habría accedido bajo presuntas irregularidades similares a las ya identificadas en el proceso de indagación.”
Por estos hallazgos, la Comisión de Fiscalización notificó a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público:
“El comportamiento de los funcionarios del Congreso respecto a las contrataciones de personal durante la gestión de las últimas mesas directivas, a fin de establecer si ha existido injerencia política en dicho proceso o responsabilidad administrativa o penal por inobservancia de las normas pertinentes”, concluye el informe de la Comisión de Fiscalización.
NO HAY PRUEBAS DE PROXENETISMO
En la página 65 del informe final, las conclusiones establecen que, si bien no existen pruebas de que el caso Andrea Vidal esté relacionado con proxenetismo, “se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal”.
Más adelante, el documento precisa: “En consecuencia, y en resguardo del debido proceso y la presunción de inocencia, esta Comisión, de lo indagado a la fecha, concluye que no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución. Sin embargo, el Ministerio Público, investido de sus facultades coercitivas para investigar, podría investigar a fondo estos hechos, solicitando el levantamiento del secreto bancario, del secreto telefónico y otras pruebas, a las que no puede acceder la Comisión de Fiscalización, debido a la falta de facultades de investigación, existiendo la probabilidad de probar estos hechos incriminatorios”.
Página 45 del informe oficial que detalla las conclusiones del caso Andrea Vidal.
En su parte final, las conclusiones reiteran: “De lo indagado a la fecha, no se ha evidenciado la existencia de una ‘Red de prostitución en el Congreso’, sin embargo, se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal”.
LA VOTACIÓN ES ESTE MIÉRCOLES
El informe final del caso Andrea Vidal será sometido a votación este miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el parlamentario Juan Burgos.
CASO ANDREA VIDAL
Como reveló Perú21 y su Unidad de Investigación, según los avances del caso en la Fiscalía, la abogada Andrea Vidal fue asesinada de siete disparos el pasado 10 de diciembre. Además, una persona declaró ante el Ministerio Público haber contratado sus servicios sexuales fuera del Congreso, es decir, en un punto externo al recinto parlamentario.
Por: Juan Carlos Chamorro