El informe final fue aprobado por mayoría con nueve votos a favor
De los 18 asistentes, nueve votaron a favor, tres en abstención y cinco no respondieron.
A favor:
-Juan Burgos
-Flavio Cruz
-Pasión Dávila
-Patricia Chirinos
-Margot Palacios
-Isaac Mita
-Adriana Orué
-Carlos Zeballos
-Marleny Portero
Abstención:
-Héctor Valer
-Jorge Marticorena
-Elizabeth Medina
No respondieron:
-Segundo Montalvo
-Vivian Olivosa
-Héctor Acuña
-David Jiménez
-Elvis Vergara
Con licencia:
-Norma Yarrow
-Edgard Reymundo
18/06/2025 – 10:35
Carlos Zeballos pide sesión presencial obligatoria en la Comisión de Fiscalización
El congresista Carlos Zeballos solicitó que la próxima Comisión de Fiscalización sesione de manera presencial, con el objetivo de evitar que las autoridades del Gobierno continúen faltando el respeto al Congreso al no asistir a las convocatorias realizadas en el marco de escándalos mediáticos y denuncias públicas, como ha ocurrido durante la actual gestión.
Esto, debido a que la presidenta, así como ministros, funcionarios ministeriales, autoridades ediles y regionales, han incumplido en repetidas ocasiones las citaciones hechas por dicha comisión.
18/06/2025 – 10:27
Recomendaciones del informe final: pedir facultades de comisión investigadora
Estas son las recomendaciones del informe final del caso cirugías estéticas de la Comisión de Fiscalización:
-Se recomienda que el Pleno del Congreso de la República evalúe otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esto permitiría superar los obstáculos enfrentados durante la indagación, fortalecer la capacidad de fiscalización del Congreso, y garantizar el acceso oportuno a la información, evitando así obstrucciones que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública.
-Se plantea modificar el artículo 88 del Reglamento del Congreso para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría cuente permanentemente con facultades de investigación en temas de interés público. La actual exigencia de solicitar dichas facultades caso por caso limita una respuesta eficaz e inmediata. Con esta reforma, la Comisión podría actuar con mayor independencia y promover una fiscalización más dinámica. Además, esto «contribuiría a la transparencia en la gestión del Estado», haciendo que la supervisión parlamentaria no dependa de coyunturas políticas, sino que sea una facultad estable.
-Se sugiere enviar el informe a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe si la presidenta Dina Boluarte, a raíz de sus cirugías, incurrió en infracción constitucional a los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Constitución.
-Asimismo, se recomienda remitir el informe a la Fiscalía de la Nación para que determine si corresponde iniciar una investigación preliminar contra la presidenta y otros presuntos responsables por los delitos de Omisión de Funciones (artículo 377 del Código Penal) y Falsedad Ideológica (artículo 428 del mismo código).
-El Congreso debe analizar si las acciones y omisiones de la presidenta configuran una incapacidad moral permanente, según el artículo 113, inciso 2, de la Constitución. Se aclara que esta figura «no está restringida a afecciones psíquicas o mentales», sino también a «una conducta incompatible de forma reiterada y grave con los principios éticos, democráticos y de probidad». Por la gravedad, reiteración y falta de esclarecimiento de los hechos, el Congreso tendría el deber constitucional de valorar si esa conducta compromete la integridad moral de la presidenta y, por tanto, si corresponde su vacancia.
-Finalmente, se propone que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, rinda cuenta ante el Pleno del Congreso sobre los resultados del caso, durante la próxima legislatura. Esta presentación «contribuirá al fortalecimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas» y permitirá al Congreso ejercer su rol de representación y control, asegurando que hechos de alta relevancia no queden impunes ni ocultos.
18/06/2025 – 10:05
Conclusión del informe: propone vacancia presidencial por incapacidad moral permanente
Estas son las conclusiones del informe final sobre las cirugías estéticas de Dina Boluarte
1) Función de Fiscalización Parlamentaria
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recordó que su rol es investigar “objetiva, exhaustiva e imparcialmente” actos de gestión pública, asegurando el cumplimiento del orden constitucional y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder.
2) Intervención quirúrgica de Dina Boluarte
El informe determinó con “un alto grado de certeza” que Dina Boluarte se sometió a una cirugía “de carácter estético y funcional” a fines de junio de 2023. Según las cartas notariales N.º 195898 y N.º 195899 firmadas por el Dr. Mario Renato Cabani Ravello, la intervención incluyó:
-Rinoplastia y septumplastía
-Blefaroplastia inferior transconjuntival
-Relleno facial con grasa autóloga
-Colocación de hilos tensores
El procedimiento se realizó en hospitalización personalizada, del 28 al 30 de junio, con un equipo médico multidisciplinario. Según el informe, estos fueron “procedimientos principalmente estéticos” y de carácter electivo.
3) Incapacidad temporal de la mandataria
El informe afirma que Boluarte experimentó un periodo de “incapacidad médica temporal” desde el 28 de junio hasta el 4 de julio de 2023. Se indica que la cirugía duró 2 horas con 25 minutos y que la recuperación implicó hospitalización y atención médica personalizada en Palacio de Gobierno y su residencia en Surquillo. Este periodo representó “una suspensión fáctica” del ejercicio de sus funciones presidenciales.
4) Falta de comunicación al Congreso
La presidenta “no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal”, lo que —según el informe— constituye una omisión constitucional, dado que “la Constitución establece procedimientos claros para la sucesión temporal del mando”.
5) Presunta infracción constitucional
El documento señala que Boluarte estuvo “internada por dos días y una mañana”, y que se le habría otorgado entre 7 a 12 días de descanso médico. Esta ausencia sin comunicación, afirma el informe, configura “una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución”.
Se recomienda que el Congreso evalúe la “suspensión temporal de la mandataria”, hasta que se determine su responsabilidad conforme al debido proceso.
6) Omisión de funciones y posible responsabilidad penal
La falta de comunicación al Congreso sobre su situación médica podría constituir “una infracción grave” tipificada como el delito de Omisión de Funciones (artículo 377 del Código Penal). Además, el informe menciona que las cartas notariales incluyen cláusulas que prohíben al Dr. Cabani y otros médicos declarar, lo que podría configurar “presuntos actos de coacción” (artículo 151 del Código Penal).
7) Obstrucción a la fiscalización
Durante la investigación, se identificaron “obstáculos sistemáticos” al trabajo de la Comisión. Se señala que hubo “actos de amedrentamiento y hostigamiento” contra profesionales médicos, como el Dr. Cabani, quien denunció “presiones indebidas” a través de cartas notariales.
La Comisión concluye que estos actos constituyen “una crisis de gobernabilidad” y exige “la activación de mecanismos constitucionales” para preservar el Estado de derecho.
8) Presunta incapacidad moral permanente
El informe menciona una serie de acciones atribuidas a Boluarte, incluyendo:
-Violación de derechos humanos
-Caso Rolex
-Presunto uso del aparato estatal con fines partidarios
-Caso del “cofre presidencial”
-Ocultamiento reiterado de las cirugías
-Presunta falsificación de firmas
-Amedrentamiento al personal médico
Estos hechos configuran, según el informe, una conducta “reiterativa, dolosa, encubridora y contraria a los principios éticos y constitucionales” que deben regir el cargo.
El documento concluye que se ha producido una “ruptura del principio de transparencia, probidad y responsabilidad” y que corresponde al Congreso evaluar la vacancia por “permanente incapacidad moral”, en cumplimiento del artículo 113, inciso 2 de la Constitución.
18/06/2025 – 09:50
Juan Burgos: Lo que se va a evaluar son las consecuencias políticas de la ausencia de la presidenta
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, afirmó que el informe final confirma que la operación a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte fue de carácter estético, según el testimonio del médico cirujano Mario Cabani. Sin embargo, precisó que el objetivo principal del informe no es determinar la naturaleza del procedimiento, sino evaluar la infracción constitucional cometida al haberse ausentado del cargo sin comunicarlo oficialmente, lo que implica una falta de justificación legal.
De acuerdo con el documento, Boluarte habría vulnerado los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución Política del Perú, lo que configuraría una causal de incapacidad moral permanente para ejercer la presidencia.
Burgos detalló que la jefa de Estado estuvo ausente entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023, sin haber solicitado licencia ni emitido comunicado oficial al respecto. Agregó que el único registro de actividad durante ese periodo corresponde a una breve participación virtual el 5 de julio.
18/06/2025 – 09:46
Este es el informe final del caso cirugía estética de Dina Boluarte
El informe final propone la vacancia presidencial de Dina Boluarte.
Informe final del caso cirugías de Dina Boluarte by Juan C Chamorro
18/06/2025 – 09:43
Comenzó la sesión de la Comisión de Fiscalización
El titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dio inicio al debate del informe final del caso cirugía estética de la presidenta Dina Boluarte.
18/06/2025 – 09:41
Sigue aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización en directo
Sigue aquí la sesión de la Comisión de Fiscalización en directo.
18/06/2025 – 09:39
Recomendaciones del informe final: pedir facultades de comisión investigadora
Estas son las recomendaciones del informe final del caso cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte:
-Se recomienda que el Pleno del Congreso de la República evalúe otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esto permitiría superar los obstáculos enfrentados durante la indagación, fortalecer la capacidad de fiscalización del Congreso, y garantizar el acceso oportuno a la información, evitando así obstrucciones que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública.
-Se plantea modificar el artículo 88 del Reglamento del Congreso para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría cuente permanentemente con facultades de investigación en temas de interés público. La actual exigencia de solicitar dichas facultades caso por caso limita una respuesta eficaz e inmediata. Con esta reforma, la Comisión podría actuar con mayor independencia y promover una fiscalización más dinámica. Además, esto «contribuiría a la transparencia en la gestión del Estado», haciendo que la supervisión parlamentaria no dependa de coyunturas políticas, sino que sea una facultad estable.
-Se sugiere enviar el informe a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, para que evalúe si la presidenta Dina Boluarte, a raíz de sus cirugías, incurrió en infracción constitucional a los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Constitución.
-Asimismo, se recomienda remitir el informe a la Fiscalía de la Nación para que determine si corresponde iniciar una investigación preliminar contra la presidenta y otros presuntos responsables por los delitos de Omisión de Funciones (artículo 377 del Código Penal) y Falsedad Ideológica (artículo 428 del mismo código).
-El Congreso debe analizar si las acciones y omisiones de la presidenta configuran una incapacidad moral permanente, según el artículo 113, inciso 2, de la Constitución. Se aclara que esta figura «no está restringida a afecciones psíquicas o mentales», sino también a «una conducta incompatible de forma reiterada y grave con los principios éticos, democráticos y de probidad». Por la gravedad, reiteración y falta de esclarecimiento de los hechos, el Congreso tendría el deber constitucional de valorar si esa conducta compromete la integridad moral de la presidenta y, por tanto, si corresponde su vacancia.
-Finalmente, se propone que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, rinda cuenta ante el Pleno del Congreso sobre los resultados del caso, durante la próxima legislatura. Esta presentación «contribuirá al fortalecimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas» y permitirá al Congreso ejercer su rol de representación y control, asegurando que hechos de alta relevancia no queden impunes ni ocultos.
Por: Juan Carlos Chamorro