Un grupo de regidores de la Municipalidad de Pueblo Libre, liderado por el regidor Daniel Amaya, ha presentado una denuncia penal por abuso de autoridad ante el Ministerio Público contra la alcaldesa Mónica Tello y la secretaria general, Isabella Ostos.
El anuncio fue hecho por el regidor Amaya durante una sesión de Concejo, donde afirmó que la denuncia responde a un «acto de salud institucional» y no a rencillas personales. Según el regidor, la gestión de la alcaldesa se caracteriza por un trato «autoritario», «excluyente» y «legalmente cuestionado», que ignora el equilibrio de poderes y pretende actuar a espaldas del Consejo.
«Hoy informo a todos los vecinos de Pueblo Libre, de manera pública y formal, que junto a mis colegas regidores Percy Azurín, Sergia Aquino, Giuliana Lavarello y Pablo Núñez, hemos interpuesto una denuncia penal por abuso de autoridad contra la señora alcaldesa Mónica Tello y también contra su secretaria general Isabella Ostos», manifestó Amaya.
El regidor destacó que la denuncia busca sentar un precedente histórico y poner un freno a los abusos. «El pueblo libre no será cómplice de una gestión autoritaria, el pueblo libre no permitirá hacerse el poder sin transparencia, sin diálogo», enfatizó.
ACUSACIONES DE MANIPULACIÓN Y USO INDEBIDO DE RECURSOS
Además de la denuncia penal, el regidor Amaya expresó una serie de preocupaciones y acusaciones que, en su opinión, ameritan una investigación formal. Entre ellas, mencionó la supuesta instrumentalización de niños para pronunciar discursos políticos y presionar a los regidores, el uso de recursos municipales (como cámaras 4K) para producir contenido político en contra de los regidores denunciantes, y la manipulación de información dirigida a los vecinos.
También señaló que en la última sesión de Concejo se permitió el ingreso de pancartas ofensivas contra los regidores, un hecho que considera «previamente coordinado» y que daña la institucionalidad del distrito. El regidor lamentó que la municipalidad haya suprimido comentarios de vecinos en sus redes sociales, lo que, a su juicio, evidencia la falta de transparencia.
El regidor Amaya finalizó su intervención solicitando formalmente a la alcaldesa que estos hechos sean derivados a los órganos correspondientes para que se evalúe si existe algún tipo de responsabilidad. «La función pública, señores, de todo es un acto de entrega y quien convierte el poder en un arma para humillar o manipular, no solo falta la ley, falta la promesa que en algún momento hizo a los vecinos», concluyó.
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