El cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP expuso que el 78% de los peruanos considera muy probable que las economías criminales (narcotráfico, minería ilegal, extorsión, etc.) utilicen dinero ilícito para influir en los resultados de las próximas elecciones a su favor. La percepción es más marcada en las zonas urbanas (78%) que en las rurales (69%), influida en gran medida por la amplia difusión del delito de extorsión, que se ha consolidado con fuerza en el país.
En este escenario, dos tercios de los ciudadanos (67%) creen que la violencia electoral que ya se ha visto en otros países podría replicarse en el Perú. Este temor se alimenta no solo por la presencia del crimen organizado, sino también por la magnitud del proceso electoral que se avecina. Cada partido deberá presentar una fórmula presidencial con tres candidatos, además de 86 postulantes al Senado, 158 a la Cámara de Diputados y 16 al Parlamento Andino, lo que suma 263 vacantes por agrupación o alianza.
Actualmente existen 39 agrupaciones políticas inscritas, entre tres alianzas y 36 partidos, lo que equivale a 10.257 candidaturas. Muchas de ellas provienen de regiones con fuerte presencia de economías criminales, lo que incrementa la percepción ciudadana de que estos grupos buscarán impulsar a sus propios postulantes para ocupar escaños en el Congreso y ejercer influencia política.
En síntesis, la ciudadanía no descarta que algunas diferencias políticas terminen por resolverse mediante actos de violencia. Esta preocupación es particularmente alta entre mujeres, jóvenes y sectores socioeconómicos altos, según los resultados del reporte.
Influencia en el gobierno
Más de la mitad de la ciudadanía (54%) cree que las economías criminales incrementarán su influencia en las decisiones de gobierno y en la elaboración de leyes durante el próximo Congreso.
Esta percepción se extiende tanto al Ejecutivo como al Legislativo, reflejando una visión preocupante sobre el futuro institucional del país. Aunque el pesimismo predomina en las regiones, donde se anticipa un avance mayor de estas economías ilícitas, en Lima sobresale una posición distinta: allí, un 37% considera que la influencia se mantendrá en los mismos niveles actuales, frente al 30% registrado en el resto del país.
Sin embargo, el optimismo es escaso, ya que apenas un 10% de los encuestados estima que la presencia del crimen organizado en el aparato estatal disminuirá en los próximos años.
Víctimas y medidas de protección
En los últimos tres meses, un 18% de la población —equivalente a más de tres millones y medio de personas— ha sido víctima de robo al pagar, retirar o transportar dinero.
Lima concentra la mayor incidencia, con un 21% de afectados (casi 1.770.000 personas), mientras que en el oriente del país la proporción se reduce al 10%. Por nivel socioeconómico, los estratos A/B registran la mayor victimización (22%), frente al 15% de los sectores D/E.
En términos prácticos, esta modalidad delictiva ha impactado a casi una quinta parte de los hogares peruanos en un periodo muy corto.
La magnitud de esta victimización ha llevado a que muchas familias adopten medidas de protección en sus viviendas. El refuerzo de puertas, ventanas y cerraduras lidera las inversiones, con un 19% de hogares, seguido por la instalación de cámaras de seguridad y la vigilancia vecinal (11%). La mejora de la iluminación exterior y la adquisición de animales de protección alcanzan un 10% cada una.
Sin embargo, resulta significativo que 4 de cada 10 hogares no hayan implementado ninguna acción para mejorar su seguridad.
La brecha es notoria por nivel socioeconómico: mientras casi 8 de cada 10 familias del NSE A/B han invertido en tecnología u otras medidas de protección, más de la mitad de los hogares del NSE D/E no ha realizado ni siquiera acciones de bajo costo, como la organización vecinal.
Perfil de las víctimas de homicidio
El reporte traza un perfil nítido de las víctimas de homicidio vinculadas al crimen violento en el país.
Predominan los hombres jóvenes, entre los 18 y 30 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D. En su mayoría trabajaban como transportistas en diversas modalidades o en oficios especializados, lo que los colocaba en escenarios de alta exposición.
La violencia los alcanzó en el marco de sus actividades cotidianas: fueron seguidos, reglados y asesinados en circunstancias que revelan un patrón sistemático de ataque.
La indignación social también está marcada por los asesinatos de choferes, hechos que han derivado en paros recientes. Diversas líneas de transporte se paralizaron en carreteras y puntos estratégicos para exigir garantías que les permitan regresar a casa con vida junto a sus familias.
Esta tensión desembocó en una tercera jornada de protestas, realizada el domingo 28 de este mes, en la que miles de jóvenes de la Generación Z, junto a pensionistas, transportistas y sindicatos, salieron a las calles para expresar su rechazo a la gestión de las autoridades.
Reducción presupuestal y medidas fallidas
“Pedimos que se declare en emergencia Lima y el Callao, y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta S/43 millones’. Al escucharlo me sentí indignado y me pregunté: ¿Por qué sí tienen dinero para seguir alimentando a Petroperú, cuando ese dinero debe ir para cubrir este tema?”, reveló el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, sobre la reunión que sostuvo con el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, según recogió Noticias Trujillo 60.
En paralelo, en una reciente interpelación en el Congreso de la República, el ministro del Interior reconoció que los estados de emergencia no han servido para enfrentar la extorsión.
Las cifras respaldan esa afirmación: en los primeros ocho meses del 2025 se registraron 18.385 denuncias por este delito, un incremento de 29,3% respecto al 2024.
“La gran pregunta es: ¿qué alternativa se está aplicando tras ese fracaso? La respuesta, hasta ahora, es ninguna”, señaló Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social SA.
En ese sentido, junto a Carlos Besombrio, Investigador en temas de seguridad y economías criminales, criticaron durante la presentación del reporte que el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026, presentado por el Ejecutivo al Congreso, contemple una reducción de S/569 millones en el rubro de orden interno y seguridad ciudadana respecto al año anterior.
Y es que, incluso sumando los presupuestos de Interior, Justicia, Defensa, Poder Judicial y Ministerio Público, “el gasto en seguridad no llega ni al 50% de los recursos que movilizan las economías ilegales”.
Valdés también rechazó propuestas como la de que choferes porten armas: “Lo único que va a conseguir ese transportista es que lo mate, porque el sicario llega con el arma desenfundada. Me parece una locura”.
Mientras, Besombrio recordó que en el pasado se plantearon medidas igual de poco realistas, como cuando un ministro propuso que un policía acompañara a cada ciudadano que retirara dinero del banco.
“Hoy se repite la misma lógica cuando se promete un policía en cada bus. El camino es otro: atacar a los extorsionadores en los lugares donde operan, lo que resulta más viable, barato y eficiente. Lo demás es un saludo a la bandera”, sostuvo.
Para ilustrar la magnitud del problema, recordó que solo en Lima Metropolitana hay registrados más de 22.000 vehículos de transporte público, “una cifra imposible de cubrir con policías dentro de cada unidad, así trabajen en turnos especiales”.
Un Estado desarticulado
El problema, concluyen los especialistas, no se reduce a la Policía. Existe un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que reúne a la presidenta, el primer ministro, la Corte Suprema y el Ministerio Público, entre otros. Pero en lo que va del año solo se ha reunido dos veces, la última en agosto.
Así, mientras el crimen organizado gana espacio, la respuesta estatal se muestra insuficiente, fragmentada y sin recursos, dejando a la ciudadanía entre el temor, la indignación y la protesta.
Por: Dax Canchari