| Fuente: ComexPerú |
Baja ejecución presupuestal en saneamiento frena cierre de brechas en regiones vulnerables Mientras millones de peruanos aún no acceden a agua segura, los gobiernos locales solo han usado el 47.3 % del presupuesto del sector, advierte ComexPerú. El avance del gasto público en saneamiento vuelve a encender las alertas. En 2025, el presupuesto de inversión para esta función asciende a S/6,108 millones, de los cuales el 61.7 % está en manos de los gobiernos locales. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre, estos solo han ejecutado el 47.3 % del total, convirtiéndose en el nivel de gobierno con mayores dificultades para transformar los recursos en obras concretas. Esta limitada capacidad de gestión agrava las brechas de acceso a agua y saneamiento en las regiones más vulnerables. Según ComexPerú, “resulta preocupante que los gobiernos locales, responsables de la mayor parte del presupuesto, sigan mostrando bajos niveles de ejecución pese a la magnitud de las necesidades del país”. Departamentos como Piura, Huancavelica, Ucayali, Pasco, Puno y Madre de Dios no alcanzan ni el 40 % de avance en inversión, y en varios de ellos el acceso a servicios básicos no llega ni al 60 % de la población. “Cada sol no ejecutado significa más familias sin acceso a agua y saneamiento seguro, más niños expuestos a enfermedades y más comunidades rezagadas en su desarrollo”, advirtió el gremio. ComexPerú instó fortalecer las capacidades de gestión subnacional y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura que mejore la salud, la productividad y la calidad de vida de los peruanos. |
| Fuente: El Comercio |
La inseguridad cuesta hasta el 3% del PBI peruano El millonario costo de la criminalidad en Perú, impulsado por extorsiones que se han multiplicado seis veces desde 2019, asciende a un estimado de S/ 19.800 millones al 2025. El aumento de la actividad criminal en el Perú, evidenciado por el asesinato de transportistas y atentados como el ataque a balazos al concierto de Agua Marina, se ha convertido en una preocupación económica central. El MEF estimó que la criminalidad le costará S/ 19.800 millones al país al cierre de 2025, un monto equivalente al 1.7% del PBI. Esta cifra es superior al presupuesto de Orden y Seguridad de este año, y otras entidades como el BCR y el BID elevan el costo de la inseguridad hasta el 3% del PBI. Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, atribuye la baja tasa de crecimiento del país a este factor. Las extorsiones, que han aumentado hasta seis veces desde 2019, distorsionan las actividades de los empresarios. Casas detalla el desincentivo que genera esta sobrecarga, sobre todo a las PYMES. “Algunos deciden cerra, sé de casos que ha ocurrido así por el riesgo presente de que les pase algo por no pagar cupos. Hay un desincentivo a invertir y a trabajar.” Por su parte, Mónica Muñoz-Nájar, economista de REDES, enfatiza la desprotección al sector productivo, el cual asume un costo directo e indirecto mucho más fuerte: “Este escenario se da porque el Estado ha dejado de lado su función de resguardo o es ineficiente, y los privados tienen que asumir los costos directos de protegerse contratando más seguridad, poniendo más cámaras, pagando extorsiones y cupos.” El INEI reveló que solo en 2022, el sector privado gastó S/ 11.238 millones en seguridad y vigilancia. La preocupación se traslada a los hogares. El economista Gonzalo Manrique agrega que la inseguridad obliga a las familias a repensar sus presupuestos y priorizar gastos en seguridad, lo que impacta en el consumo de bienes y servicios. Casas complementa que el impacto es grave en el rubro de transporte, ya que la sobrecarga económica de los cupos se traslada a las tarifas finales: “El transporte es un componente clave de la canasta de consumo para un grupo importante de la población. Y si los sueldos no suben y los costos de transporte aumentan, obviamente eso implica que algo voy a tener que dejar de consumir.” |
| Fuente: America Retail |
Banco Mundial proyecta un crecimiento del 3% para Perú en 2025 y advierte sobre retos estructurales El Banco Mundial (BM) actualizó sus proyecciones para Perú, anticipando un crecimiento económico del 3% en 2025 y una desaceleración a 2.5% en 2026. El Banco Mundial (BM) proyectó que la economía peruana cerrará el 2025 con una expansión del 3%, con una moderación a 2.5% en 2026. Estas cifras contrastan con las proyecciones más optimistas de entidades locales como el BCRP (2.9%) y el MEF (3.2%), y se alinean con la perspectiva prudente de la OCDE (2.6%). William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, destacó que el desempeño de Perú es relativamente positivo dentro del contexto regional. Maloney señaló: “Perú no lo está haciendo tan mal. Crecimiento de 3% este año, 2.5% para el próximo. Pero, obviamente, sabemos que hay cierta incertidumbre, hay cuestiones de inseguridad con las que el Gobierno tiene que lidiar.” El informe del BM advierte que la informalidad laboral sigue siendo uno de los mayores retos estructurales, afectando a más del 70% de la fuerza laboral. Maloney explicó que esta informalidad no solo reduce la productividad, sino que también restringe los beneficios sociales. Otro desafío estructural es la educación básica. El Banco Mundial subraya que mejorar la calidad educativa es esencial para impulsar la productividad y el desarrollo, indicando: “Tenemos que mejorar la educación. Hay un problema serio en la educación básica que debemos resolver si queremos tener una economía más dinámica.” Finalmente, el factor político introduce incertidumbre, con una desaceleración proyectada para 2026 debido a las elecciones, lo que subraya la necesidad de estabilidad para mantener la posición de Perú como una de las economías más estables de la región andina. |
| Fuente: APNoticias |
El transporte es el más afectado por la inseguridad y la ausencia estatal El sector de transporte público es el más golpeado por la creciente criminalidad, con más de 118 víctimas registradas desde agosto de 2024 a la fecha por atentados ligados a la extorsión y el sicariato. La violencia contra el transporte público continúa en aumento, reflejando el incremento sostenido de la inseguridad en Lima y Callao. El Ministerio Público ha registrado más de 118 víctimas en casos de atentados vinculados a la extorsión y el sicariato desde agosto del año pasado. Este panorama mantiene en zozobra a todo el sector, donde tanto transportistas como usuarios ajustan sus rutinas, evitan salir de noche y buscan rutas más seguras. La preocupación se centra en la inacción del sistema de justicia, que no logra frenar la ola extorsiva. El exministro del Interior, Ricardo Valdés, denunció la brecha entre la criminalidad y la respuesta estatal. Valdés explicó que “entre 2018 y 2025, pasamos de poco más de tres denuncias diarias a más de setenta y cinco. El crecimiento supera el 2000%, pero el número de presos por extorsión solo aumentó 2.5%,” evidenciando la impunidad. La zozobra ya no se limita al personal de transporte, sino que se extiende a los usuarios. Los pasajeros evitan sentarse cerca del conductor por miedo a ser alcanzados por las balas, como ocurrió con un menor herido de gravedad. Los gremios insisten en que el Gobierno implemente acciones efectivas para frenar la ola de extorsiones que continúa dejando víctimas y sembrando miedo en las calles de la capital. |
| Fuente: Perú 21 |
Ineficiencia burocrática del Gobierno expuso a Agua Marina a extorsión El atentado contra la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos expuso la falta de eficiencia del Estado para combatir la extorsión. La seguridad del grupo musical Agua Marina y sus asistentes fue expuesta por la ineficiencia y la falta de mecanismos claros del Gobierno para enfrentar los casos de extorsión, segúún el exministro Ricardo Valdés. La crítica surgió luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) publicara un comunicado deslindando responsabilidad del atentado por haber sido un evento privado que no solicitó apoyo policial. Valdés explicó que el comunicado del Mininter es una excusa, ya que no se trataba de un evento masivo que requiriera garantías extraordinarias. Valdés fue tajante al señalar que la respuesta oficial es un error político y una forma de evadir responsabilidades: “Están confundiendo, buscando excusas, para no dar cuenta del nivel de incremento de la criminalidad y desborde en el país. Es ponerse de costado, un error político, una manera de evadir responsabilidades”. Valdés subrayó que la inacción burocrática y la falta de eficiencia para investigar y resolver los casos de extorsión es el verdadero problema. El exviceministro enfatizó que la responsabilidad es del Estado, pues la seguridad “no ha sido expuesta por la organización del evento, sino por la falta de eficiencia y eficacia de los organismos dedicados a la seguridad para enfrentar las extorsiones. Este es un conjunto musical expuesto a un proceso extorsivo.” El experto concluyó que la criminalidad se ha salido de control, no solo causando pérdidas de vidas, sino “generando mucho daño a la economía del país.” |
| Fuente: Diario El Noticiero |
CADE Ejecutivos 2025: Inseguridad y desgobierno plantean el debate urgente de recuperar el orden El evento CADE Ejecutivos 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial, se centrará en la crisis de inseguridad y la fragilidad institucional, que impactan la inversión y el empleo formal. La ola de inseguridad, marcada por los recientes paros de transportistas y una percepción de deterioro del orden público (el 86% de peruanos se siente inseguro, según el INEI), será el eje central de debate en CADE Ejecutivos 2025. El evento busca impulsar una discusión urgente sobre cómo recuperar la estabilidad institucional y sentar las bases para un crecimiento sostenible, ante un escenario donde la falta de autoridad impacta la economía. La preocupación institucional se extiende al ámbito local, pues la Defensoría del Pueblo advierte que cuatro de cada diez municipalidades presentan indicios de infiltración del crimen organizado. Por esta razón, la sesión de Gobernabilidad y Seguridad de CADE abordará estrategias para restablecer el principio de autoridad y fortalecer la justicia. Aunque el BCRP elevó su proyección de crecimiento a 3.2% para 2025, la informalidad laboral, que supera el 70%, evidencia que sin seguridad ni gobernabilidad no hay un entorno posible para atraer inversión. Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, señaló la misión del evento: “El Perú necesita recuperar la confianza en sus instituciones y volver a creer en el poder de la acción colectiva. CADE Ejecutivos busca ser ese espacio donde el liderazgo responsable proponga soluciones concretas y posibles.” El gremio pondrá en diálogo a especialistas como Francisco Calisto Giampietri y Juan Villarán, en la antesala del proceso electoral de 2026. |
| Fuente: La República |
Sueldo público creció 66% en la última década y supera al privado en 27%, alertan expertos La remuneración promedio del sector público aumentó un 66% entre 2011 y 2022, más del doble que el crecimiento del 27% del sector privado formal, revirtiendo una tendencia histórica. La relación histórica en el mercado laboral se ha invertido: hoy, la remuneración promedio en el sector público ha superado a la del privado formal. Según estimaciones del MTPE, entre 2011 y 2022 la remuneración promedio del sector público aumentó 66%, mientras que la del privado lo hizo solo en 27%. Esta diferencia se consolidó en julio de 2025, cuando el salario estatal superó al privado en un 27%. El crecimiento desmedido de la planilla pública se debe a un aumento del gasto en sectores clave. El gasto en remuneraciones de Educación creció 149% entre 2013 y 2023, y el de Salud se disparó 295% entre 2013 y 2024. El abogado laboralista Juan Valera explicó que buena parte de este incremento responde a decisiones del Congreso y convenios colectivos. Valera advirtió sobre el problema de eficiencia: “En muchos casos —precisa— los incrementos, sobre todo en salud y educación, fueron la salida a protestas o plantones, pero no necesariamente vinieron acompañados de mejoras en las capacidades técnicas del personal. Eso genera un problema: se paga más, pero el servicio público no mejora en la misma medida”. A pesar de que el sector público es más calificado (73.9% de trabajadores con educación superior frente a 42.9% en el privado), la brecha salarial peruana sigue siendo una de las más amplias de la región. La OIT reportó que el salario promedio público superó en 55% al promedio de toda la fuerza laboral en 2024. Valera también consideró que el principal desafío del Estado es recuperar la meritocracia, pues “si el Estado paga más, pero no atrae nuevo talento ni mide resultados, lo que tenemos es un aparato más costoso, no más eficiente”. |
| Fuente: El Comercio |
La extorsión se dispara en Perú: 75 denuncias diarias y cuestionamientos a la respuesta presidencial Las denuncias por extorsión se han disparado en 2025, registrándose 20.705 casos entre enero y setiembre, lo que equivale a una nueva denuncia cada 19 minutos. El delito de extorsión ha alcanzado niveles sin precedentes en 2025. Según cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP, procesadas por el analista Juan Carbajal, se registraron 20.705 denuncias entre enero y setiembre de este año, superando en 28.8% las cifras del mismo periodo de 2024. Las estadísticas indican que, en promedio, cada 19 minutos se presenta una nueva denuncia a nivel nacional, con un promedio de 75 episodios diarios. El incremento no es uniforme: Lima Metropolitana es la región con más casos (8.671 denuncias), y Tumbes es la que presenta la mayor variación (109.6%). El experto en seguridad Frank Casas declaró que esto demuestra que las acciones del gobierno han sido muy limitadas, pues la estrategia ha priorizado operativos policiales por encima de una estrategia integral contra la extorsión. Casas afirma que la actuación policial es limitada si no hay trabajo conjunto: “el divorcio político entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la nación ha llevado a que la ‘estrategia contra el crimen’ se encuentre aislada y fragmentada.” La respuesta presidencial a la crisis generó fuertes cuestionamientos. La mandataria, al dirigirse a los transportistas, pidió a los ciudadanos no abrir los mensajes extorsivos ni responder llamadas desconocidas. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, criticó las declaraciones: “Esas declaraciones están fuera de contexto, es una falta de respeto, falta de empatía y propio de una persona que no sabe dónde está parada, no sabe lo que pasa en el país y está fuera de la realidad.” Por su parte, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, consideró que la Presidenta desconoce los mecanismos de los delincuentes. |
| Fuente: Lima Conecta |
ProInversión adjudicó proyectos eléctricos por US$214 millones en cuatro regiones Las obras de transmisión beneficiarán a 2.3 millones de personas en Arequipa, Lima, Apurímac y Puno. Expertos destacan que la inversión privada permitirá cerrar brechas de infraestructura y generar empleo. ProInversión adjudicó cuatro proyectos de transmisión eléctrica en Arequipa, Lima, Apurímac y Puno, con una inversión conjunta de US$214 millones. Estas obras beneficiarán a 2.3 millones de personas, reforzando el suministro eléctrico en regiones clave del país. El economista José Luis Vázquez, especialista del CEPLAN, destacó que los proyectos se enmarcan en el Plan de Transmisión 2023-2032. “Estamos ante un shock de inversión que estimulará la demanda agregada, incrementará el empleo en la etapa de construcción y tendrá efectos positivos en el largo plazo”, señaló. Añadió que el acceso a energía eléctrica también potenciará el uso de tecnología e internet en zonas actualmente vulnerables. Según Vázquez, estas iniciativas no solo impulsan la productividad y reducen la vulnerabilidad social, sino que también generan confianza en los inversionistas al mostrar respeto por los compromisos asumidos en asociaciones público-privadas. |
| Fuente: Lima Conecta |
Ciudadanos alertan: “El Perú no debe repetir errores de Venezuela y Argentina” En medio de la desconfianza electoral, emprendedores y profesionales coinciden en que el Estado debe fiscalizar, pero no intervenir directamente en empresas estratégicas, para no poner en riesgo la estabilidad económica. En un contexto electoral marcado por la desconfianza y las promesas fáciles, ciudadanos expresaron su preocupación sobre el rol del Estado en la economía. Roberto Madrid, chef de Aroma de Mar, señaló que “evitar que el Estado administre empresas es clave para atraer inversión y garantizar seguridad”. Agregó que muchos emprendedores se han visto obligados a cerrar locales o buscar estabilidad fuera del país. Por su parte, Brigitte Cabello, una docente, advirtió que “no podemos confiar en el Estado, ya que ha demostrado ineficiencia y corrupción”. En su opinión, la administración de empresas estratégicas debe permanecer en manos privadas, mientras el gobierno cumple funciones de fiscalización. Ambos ciudadanos coincidieron en que el Perú debe evitar repetir experiencias como las de Venezuela, Bolivia y Argentina, donde la intervención estatal derivó en crisis y pérdida de confianza en la inversión. |