La inseguridad ciudadana ha secuestrado las calles del país. Cada día, los peruanos viven bajo la amenaza del crimen organizado, mientras los delincuentes gozan de impunidad. Ya basta de paños fríos y leyes que no se cumplen. El Perú exige acción real, inmediata y sin titubeos.
El nuevo gobierno, presidido por José Jeri Oré, debe asumir con firmeza que el combate contra la delincuencia no se gana desde un escritorio ni con discursos vacíos en el Congreso, sino con operativos policiales efectivos, fiscales que acusen sin miedo y jueces que sancionen con mano de hierro.
. La Policía Nacional del Perú debe estar en las calles, no en oficinas: patrullaje permanente, inteligencia táctica y captura inmediata de bandas criminales.
. El Ministerio Público debe dejar de ser espectador: investigaciones rápidas, acusaciones sólidas y cero tolerancia con la corrupción interna.
. El Poder Judicial debe cortar de raíz la impunidad: sentencias ejemplares, inmediatas y efectivas, para que el delincuente sepa que el delito se paga.
Pero esto ya no se resuelve con simples exhortaciones. Se exige un Decreto de Urgencia inmediato que:
1). Cree un Comando Interinstitucional de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, con mando único operativo que coordine PNP, Fiscalía, Poder Judicial y municipalidades.
2). Establezca metas obligatorias y plazos concretos:
. Reducción mínima del 15% de delitos patrimoniales y extorsivos en 90 días, con operativos focalizados en zonas críticas y alto despliegue policial en las calles.
. Inicio de investigación fiscal en menos de 48 horas tras la detención, mediante fiscalías de turno especializadas 24/7 contra crimen organizado y extorsiones.
. Judicialización del 50% de casos priorizados en tres meses, con incremento progresivo hacia el 70% en el primer año de implementación del plan.
3). Disponga informes públicos cada 15 días, para que el pueblo sepa quién cumple y quién falla.
El Perú enfrenta mafias organizadas que matan por encargo, cobran cupos a transportistas y comerciantes, y extorsionan a familias trabajadoras.
El Estado no puede seguir de rodillas ante el sicariato, la extorsión y la violencia criminal.
El Perú exige un shock de autoridad, respaldado por mesas de especialistas en seguridad, criminología y justicia penal, que entreguen resultados inmediatos, no diagnósticos eternos.
No se trata de más normas que terminan en letra muerta. Se trata de recuperar las calles, devolverle la tranquilidad a las familias y demostrar que el Estado es más fuerte que cualquier mafia.
El Perú no puede ser tierra de nadie. El Perú exige orden, autoridad y justicia ya.
Lima, 10 de octubre de 2025.
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