El Colegio de Abogados de Lima (CAL), en defensa de la ciudadanía, la democracia y el Estado de Derecho, se dirige al país y a las más altas autoridades de la Nación para advertir que el Perú se desangra. Cada día, el crimen organizado, la extorsión, el sicariato, la trata de personas, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción expanden sus tentáculos sin encontrar un dique real de contención. La inseguridad no solo arrebata vidas: pulveriza la confianza social, paraliza la economía y somete a poblaciones enteras al miedo.
El Estado responde con medidas aisladas, discursos de ocasión y operativos efímeros que solo maquillan el desastre. No existe un Plan Nacional Integral contra el Crimen Organizado. Sin coordinación, sin metas comunes y sin responsabilidad compartida, cada poder del Estado camina por su lado, mientras los delincuentes avanzan en bloque.
Sun Tzu, en El arte de la guerra, enseñó que “la victoria se alcanza antes de la batalla, gracias a la planificación y la estrategia”. Esa lección, milenaria, refleja con claridad nuestra situación actual: el Perú enfrenta al crimen organizado sin estrategia común, con acciones aisladas, reactivas y muchas veces improvisadas, perdiendo vidas y territorios frente al sicariato y la extorsión.
El Perú no puede seguir viviendo con parches de emergencia. Se requiere un Plan Nacional articulado, operativo, con objetivos claros, plazos verificables y coordinación interinstitucional que comprometa al Ejecutivo, al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a los gobiernos regionales y locales. Sin una estrategia nacional clara y firme, cualquier medida será inútil, y la ola criminal seguirá en aumento.
Por ello, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima exige al Presidente de la República y a los demás poderes del Estado la inmediata elaboración y ejecución de un Plan Integral contra el Crimen Organizado e Inseguridad Ciudadana, que garantice: estrategias conjuntas y no aisladas; un mando único de coordinación interinstitucional; políticas de prevención, investigación y sanción efectivas; recuperación de espacios públicos dominados por la delincuencia; y transparencia con control social para evitar la infiltración del crimen en las instituciones.
Este llamado no desconoce ni minimiza la labor de los policías, fiscales y jueces honestos que diariamente arriesgan su vida por el país, sino que busca darles un marco institucional fuerte, una estrategia clara y un respaldo político firme para que su sacrificio no sea en vano.
La seguridad ciudadana es un derecho fundamental y condición indispensable para el ejercicio de todas las demás libertades. Sin seguridad, no hay democracia ni desarrollo posible.
El Perú no puede esperar más. Cada día de inacción cuesta vidas, territorios y futuro. No pedimos promesas: exigimos resultados. El silencio y la pasividad estatal frente al avance del crimen organizado equivalen a complicidad.
El Colegio de Abogados de Lima reafirma su independencia de toda fuerza política y su compromiso exclusivo con el pueblo peruano, la justicia y el Estado de Derecho. Hoy nos ponemos de pie y ponemos en pie al país. ¡O enfrentamos unidos al crimen organizado, o el crimen terminará por gobernarnos a todos!
Lima, 12 de octubre de 2025.
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