Entre el 1 y el 5 de agosto de 2025, el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), bajo la gestión de Jorge Pérez Flores, emitió cinco órdenes de servicio por un total de S/ 38,000. Estas órdenes están destinadas al “Servicio de defensa y asesoría penal para funcionarios”. Los documentos, identificados con los números 2424, 2425, 2465, 2466 y 2467, fueron adjudicados a tres abogados: Néstor Manayay Asenjo, Danny Lozano Díaz y Ángel Espinoza Anaya.
Contratos y distribución de los servicios legales
Dos de las órdenes de servicio (N.º 2424 y 2425) fueron adjudicadas a Manayay Asenjo, por un total de S/ 17,000, y emitidas el mismo 1 de agosto. Ambas órdenes tienen descripciones casi idénticas. Posteriormente, el 5 de agosto, se emitieron tres órdenes adicionales: una a favor de Lozano Díaz por S/ 7,000 y dos para Espinoza Anaya, por S/ 7,000 cada una, todas correspondientes a diferentes contratos del mismo día.
Vinculación de los abogados con el GRL
Según el portal Proveedores del Estado, el abogado Danny Robert Lozano Díaz ya había recibido otras tres órdenes de servicio por parte del Gobierno Regional de Lambayeque en 2025. La primera, emitida el 21 de enero, fue por S/ 10,000, con sede central. Luego, el 21 de abril, se le adjudicaron dos órdenes más, ambas por S/ 10,000 cada una, bajo la unidad ejecutora Geresa Lambayeque, para asesoría legal. En total, los contratos de Lozano Díaz con el GRL superan los S/ 37,000 solo en este año.
Por su parte, el abogado Ángel Espinoza Anaya también mantiene un vínculo previo con la administración regional. En 2023, recibió dos órdenes de servicio por S/ 7,500 y S/ 2,500, respectivamente, para la defensa legal del Dr. Jorge Luis Pérez Flores, conforme a la Resolución Gerencial General Regional N.º 119-2023-GR.Lambayeque.
Declaraciones de los abogados
Consultado por Correo, Espinoza Anaya aseguró que todas las contrataciones fueron “reglamentadas y conforme a ley”. Sostuvo que brindó asesoría externa al Gobierno Regional de Lambayeque dentro del marco legal vigente, y afirmó que existen carpetas fiscales que respaldan los servicios prestados. “He prestado servicios dentro de lo que corresponde”, señaló.
Por su parte, Néstor Manayay Asenjo indicó que “todo funcionario público está sujeto a cuestionamiento, pero yo soy una persona que ejerce mi profesión”. Añadió que no está sujeto al control interno de la entidad y que no tiene impedimentos para ejercer su labor, destacando que está calificado para ello.