Petroperú no es una empresa estatal. ¡Es una metástasis presupuestal! Su historia más reciente es la crónica de una irresponsabilidad política, que ha convertido a la petrolera en agujero negro de recursos públicos, ideologización burocrática e infinitos rescates financieros sin retorno. El más reciente desastre lo protagoniza Alejandro Narváez, cesado ayer por la Junta General de Accionistas, tras una gestión que agregó otros US$300 millones al déficit acumulado, fijando la deuda total de la petrolera frisando los US$9 000 millones.
Narváez, eventualmente vinculado a Perú Libre —con antecedentes en Patria Roja—, fue designado por Dina Boluarte en noviembre de 2024.
Su paso por Petroperú no dejó sino pérdidas, opacidad y una gestión que confirma el patrón de ineficiencia que caracteriza a los burócratas socialistas en la administración de empresas públicas. Su acertadísima salida fue decidida por los ministros Denisse Miralles (Economía) y Luis Bravo de la Cruz (MEM), “para preservar la estabilidad económica” de la petrolera estatal. Y, aunque no lo precisan así ambos ministros, ¡la estabilidad financiera del Perú! Como fuere, el daño ya está hecho.
Desde que Humberto Campodónico —asesor político y columnista de La República— involucró a Petroperú en la compra de una refinería que supuestamente costaría US$600 millones —y acabó costando diez veces más—, firmó el acta de defunción de la petrolera estatal. Cada gobierno ha preferido mirar al otro lado, emitir bonos, aprobar rescates y mantener la ficción —muy al estilo socialista— de que Petroperú es “una empresa estratégica”. Lo que es estratégico, en realidad, es el clientelismo que permite colocar operadores políticos en su directorio y mantener una planilla sindicalista políticamente activa.
En los últimos cuatro años, Petroperú ha tenido nueve presidentes de directorio (promedio de cinco meses por gestión). Ello refleja no solo inestabilidad, sino una captura partidaria que impide cualquier planificación seria. El nombramiento de Fidel Moreno Rodríguez —ingeniero industrial, dizque con trayectoria gerencial— podría ofrecer un margen técnico; pero sin autonomía política y sin una reforma estructural, será otro nombre en la lista de fracasos.
El problema no es solo financiero; es fiscal, institucional y ético.
Petroperú compromete, según expertos, el 2 % del PBI; y cada rescate erosiona la capacidad del Estado para invertir en salud, educación y seguridad. La emisión de bonos por US$287 millones en 2024 se diluyó en apenas tres meses. No existe modelo de negocio que resista esta dinámica. No hay razón que justifique seguir financiando el colapso.
La única salida es: privatización o venta. No como dogma, sino como diagnóstico. Petroperú no puede seguir siendo sostenida por los contribuyentes mientras acumula pérdidas, deudas y desprestigio. El Estado debe garantizar energía, no administrar ruinas. Y si el gobierno de José Jerí pretende dejar alguna huella de responsabilidad, debe iniciar esta desinversión estatal con transparencia, firmeza y sentido histórico.
No necesitamos empresas públicas que operen como trincheras ideológicas. Demandamos instituciones que respeten al ciudadano, al presupuesto y al futuro. Petroperú nunca fue viable. ¡Y cada día que se posterga su reforma, aumenta la deuda para todos!
Por: Luis García Miró Elguera