| Fuente: Gestión |
Hacinamiento carcelario se agrava mientras fallan la inversión pública y las políticas de prevención del delito Un análisis de Videnza Instituto alerta que el sistema penitenciario opera al borde del colapso y que la ausencia de prevención sigue alimentando la inseguridad en las calles. El Perú enfrenta una crisis penitenciaria sin precedentes. Según un reciente análisis de Videnza Instituto, el país alberga 103 mil internos en establecimientos diseñados para 42 mil, lo que representa un hacinamiento del 147 % y escenarios extremos en regiones como Huancavelica (462 %) y el Callao (440 %). Todo esto ocurre a pesar de que el presupuesto en seguridad se triplicó en la última década. El informe advierte que el sistema actual solo profundiza la inseguridad: “La privación de libertad no funciona como un puente hacia la reintegración”, señala Videnza. Mientras la población penitenciaria casi se duplicó entre 2007 y 2024, la infraestructura no avanzó al mismo ritmo. De 53 obras a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 25 no tienen ejecución financiera, lo que compromete más de S/1,326 millones, y solo S/59 millones se han ejecutado este año. Para Videnza Instituto, esta brecha evidencia que el problema “no es coyuntural, sino estructural”. El análisis subraya que la ampliación de infraestructura no basta si no se enfrenta la operación criminal desde dentro de las cárceles. Propone bloquear comunicaciones ilegales, implementar un sistema integrado de información para evitar traslados discrecionales y reforzar la inteligencia penitenciaria. También plantea ampliar medidas alternativas para adolescentes y personas primarias, a fin de frenar el colapso del sistema. La crisis se agrava con un creciente número de trabajadores penitenciarios investigados por corrupción —casi 50 solo este año—, lo que, según el informe, convierte a los penales en espacios donde el delito se reproduce y se fortalece. Videnza Instituto concluye que el país no podrá enfrentar la inseguridad sin una reforma profunda del sistema penitenciario basada en tecnología, transparencia y programas efectivos de reinserción. La advertencia es contundente: la seguridad ciudadana “no es una opción: es una urgencia impostergable”. |
| Fuente: La República |
Inseguridad ciudadana: Perú cerca del cuarto de millón de delitos en 2025 De enero a octubre, el país registró 222,730 denuncias por robos, extorsiones y otros delitos. Exministros cuestionan la estrategia del Gobierno y afirman que la crisis de inseguridad no tiene salida. En Perú, las denuncias por delitos penales registradas entre enero y octubre de 2025 ya suman 222 mil 730 casos, acercándose al cuarto de millón. De acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter), la cifra incluye extorsión, robos, hurtos, amenazas y asesinatos, lo que se traduce en más de 732 denuncias presentadas en dependencias policiales cada 24 horas. Lima Metropolitana encabeza la lista con más delitos reportados, alcanzando los 65.577 casos, seguida por Lima provincia, Arequipa y Cusco, según el Mapa del Delito Georreferenciado del Mininter. El presidente José Jerí ha manifestado que su gobierno enfrenta el problema con “criterio de urgencia” y ha indicado que la curva de crecimiento de la criminalidad está empezando a “estancarse”. Sin embargo, exministros del Interior cuestionan la efectividad de las medidas. Carlos Basombrío calificó de “frívolo” que el presidente afirme que la inseguridad estaría siendo controlada tras la declaratoria del estado de emergencia. Basombrío considera que la situación “es una situación sin salida”, ya que no hay indicios de que las cifras sobre criminalidad estén disminuyendo. Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza cuestionó el estado de emergencia en Lima y Callao al considerarlo un “gesto político sin sustento operativo”. La inseguridad se atribuye a la proliferación de armas de fuego y a una grave crisis institucional que incluye un Poder Judicial saturado y una policía con corrupción, según el exviceministro Ricardo Valdés, quien estima que las economías ilegales mueven más de 14 mil millones de dólares al año. |
| Fuente: Infobae |
MML implementa plan de seguridad con IA y drones para Navidad 2025 en Mesa Redonda La Municipalidad de Lima (MML) ejecuta un plan de prevención de emergencias que incluye el uso de tecnología de punta y coordina con el Ejecutivo la reubicación de comerciantes para liberar las vías de escape. Ante la masiva aglomeración de personas que vuelve a hacer intransitable el emporio comercial de Mesa Redonda durante la campaña navideña, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha puesto en marcha un plan integral para prevenir emergencias. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que el operativo se basa en tecnología, control de aforos y una mayor presencia de fuerzas del orden. El plan combina señalización reforzada con el uso de «drones permanentemente, con diecinueve cámaras, creo que hemos aumentado a veintitrés». Reggiardo detalló que estas son «cámaras con inteligencia artificial para controlar precisamente los aforos” y activar mecanismos de emergencia inmediatamente si el número de personas sobrepasa los límites de seguridad. Además, se ha instalado un comando unificado que articula a Serenazgo, la Policía Nacional y el Ejército del Perú, apoyo que el alcalde solicitó directamente al presidente de la República. Esta presencia conjunta busca una reacción rápida y coordinada ante cualquier emergencia estructural, incendio o desorden. Respecto al caos generado por el comercio, Reggiardo insiste en retomar la propuesta de reubicación de comerciantes ambulantes, que fracasó en el pasado. Indicó que la MML ha iniciado coordinaciones con otras instituciones, incluyendo acercamientos con el Poder Judicial para la transferencia del terreno del ex penal San Jorge, y mantiene conversaciones con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Beneficencia de Lima para la cesión de predios. |
| Fuente: Canal N |
Recorte presupuestal en Mi Vivienda podría dejar sin acceso a casa a 30 mil familias peruanas José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios, advierte que la reducción de S/ 2.200 millones a S/ 1.000 millones en el fondo Mi Vivienda afectará seriamente la inversión privada y agravará la informalidad urbana. El recorte del presupuesto asignado al fondo Mi Vivienda para el año 2026 podría dejar sin acceso a una vivienda formal a cerca de 30 mil familias peruanas, advirtió José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios. Espantoso explicó que el presupuesto para 2026 se ha reducido a solo S/ 1.000 millones, un monto heredado de la administración anterior, frente a los S/ 2.200 millones ejecutados en 2025. Esta disminución afecta tanto a quienes buscan adquirir vivienda nueva como a aquellos que desean construir en terreno propio bajo el programa Techo Propio, impactando directamente en el esfuerzo por cerrar el déficit habitacional estimado en 1.9 millones de viviendas. El representante gremial alertó que la reducción presupuestaria no solo golpea la demanda de vivienda, sino que también envía una señal negativa a la inversión privada en el sector inmobiliario, el segundo más importante después de la minería, que genera más de 280 mil empleos. Además, señaló que la falta de acceso a vivienda formal incrementa la ocupación informal del suelo urbano, un fenómeno que, citando estudios del IPE y GRADE, ha representado el 93% del crecimiento urbano en los últimos 20 años. Pese a la situación crítica, Espantoso destacó que existe voluntad política para revertir el escenario mediante un crédito suplementario que se discutiría en los primeros meses de 2026. También propuso una ley de financiamiento habitacional para dar predictibilidad al bono habitacional por los próximos cinco años. El líder gremial finalizó advirtiendo que si no se logra una solución rápida, “se agotan los fondos a mitad de año y los proyectos se congelan. No podemos repetir esa historia”. |
| Fuente: Infobae |
Banco Mundial critica a Perú: proyectos paralizados valen más del 17% de su PBI El informe “Revisión de Finanzas Públicas Perú 2025” señala que el país tiene una baja eficiencia en la inversión pública debido a la proliferación de obras abandonadas y la reasignación discrecional de recursos. El informe “Revisión de Finanzas Públicas Perú 2025” del Banco Mundial destaca graves desequilibrios en el manejo de la inversión pública en Perú, a pesar de que el país destinó el 5% de su PBI a inversión pública en 2024, superando en más de un 50% el promedio de la OCDE. No obstante, el organismo multilateral acusa que esta inversión tiene una eficiencia limitada debido a obras abandonadas y los cambios frecuentes de presupuesto. El diagnóstico es contundente: cerca del 45% de los proyectos iniciados desde 2012 permanecen inactivos (sin recibir fondos en más de 18 meses) y su valor asciende al 17,3% del PIB. La ineficiencia es causada por una pobre planificación y decisiones incoherentes durante el ciclo presupuestario, que permiten que hasta el 80% de los nuevos proyectos se incorporen al presupuesto durante la fase de ejecución, desplazando recursos de iniciativas en marcha. El Banco Mundial subraya que el 47% del gasto público efectivo en 2023 no fue contemplado en el presupuesto aprobado originalmente, reflejando una dinámica de correcciones constantes y baja predictibilidad fiscal. Esta flexibilidad presupuestaria genera “modificaciones frecuentes y sustanciales”, permitiendo la reasignación discrecional de recursos. En materia de ingresos, el reporte señala una brecha estructural, estimando que las tasas de evasión del IGV y el Impuesto a la renta alcanzaron el 36.5% y el 57.2% respectivamente en 2023. Además, el análisis indica que, entre 2015 y 2024, el gasto en planilla pública aumentó un 43.1% en términos reales, duplicando el crecimiento del sector privado. El Banco Mundial concluye que si bien hay reformas recientes buscando revertir la fragmentación, los avances dependen de la implementación eficaz de estas directrices y de reformas estructurales para blindar la eficiencia en el gasto público. |
| Fuente: Energiminas |
Minem autoriza 200 nuevos proyectos mineros y avanza con Tía María El Minem informó que la inversión autorizada en nuevos proyectos asciende a US$ 6,450 millones, un incremento del 67%. Además, confirmó que no tercerizará la formalización minera y fortalecerá el IGAFOM. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha autorizado 200 nuevos proyectos mineros con una inversión estimada de US$ 6,450 millones, lo que representa un incremento del 67% respecto al mismo periodo del año anterior. El ministro Luis Bravo De La Cruz indicó que proyectos estratégicos como Tía María, Zafranal, San Gabriel y Los Calatos continúan su avance dentro de los procedimientos normativos, sociales y ambientales establecidos. En el subsector Electricidad, el Ejecutivo prevé cerrar el año con más del 99% de ejecución en electrificación rural, una de las cifras “más altas de los últimos años”. El ministro Bravo detalló que el Ejecutivo no tercerizará la formalización minera y busca fortalecer este proceso mediante un proyecto de decreto que propone actualizar los Decretos Supremos N.º 018 y N.º 038. El objetivo es adecuar los requisitos al contexto actual de la pequeña minería y la minería artesanal. En paralelo, se evalúa el marco normativo del IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de la Minería) junto con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para mejorar la eficiencia del proceso y facilitar los trámites. El Gobierno mantiene una estrategia multisectorial contra la minería ilegal, que incluye la ampliación de decretos de emergencia en zonas críticas como Pataz y la implementación de nuevas acciones para enfrentar a las organizaciones criminales. En el subsector Hidrocarburos, se desarrollan pilotos en Cusco, Puno y Huancavelica, además del proyecto de masificación del gas en siete regiones, que demandará una inversión superior a los US$ 550 millones y beneficiaría a más de 300 mil hogares. |
| Fuente: La República |
BCR: Peruanos necesitan 12.4 años de ingresos para comprar un departamento en Lima Según un informe del Banco Central de Reserva (BCR), la accesibilidad a la vivienda ha mejorado en Lima debido al incremento del ingreso anual promedio, pese al aumento del precio en dólares en ciertos distritos de la capital. Según un informe reciente del Banco Central de Reserva (BCR), una persona con empleo formal necesita destinar el equivalente a 12,4 años de su ingreso anual para comprar una vivienda estándar de 85 m². El dato, actualizado al cierre del tercer trimestre de 2025, refleja una mejora en la accesibilidad frente a años previos, pues en 2015 el tiempo requerido era de 16,6 años . El informe recalca que este es el tiempo que se necesita para adquirir una casa si la persona interesada “no debe tener o considerar en gastar en nada más que en la adquisición de la vivienda propia”. La reducción del tiempo estimado se debe principalmente al incremento del ingreso anual promedio, que aumentó un 5.1% en comparación con el mismo periodo del 2024. El informe del BCR, basado en datos de Urbania, señaló que, si bien el precio promedio de venta en soles constantes del metro cuadrado cayó un 4.2% respecto al mismo periodo del 2024, el precio en dólares corrientes aumentó un 3.3% en el año. Este aumento se registró principalmente en sectores de ingresos altos y medios de Lima, como Barranco, San Borja, San Isidro, Surco y Miraflores. El BCR concluye que, con la última actualización, el sueño de adquirir una vivienda propia “se vuelve más alcanzable en comparación con años anteriores”. Sin embargo, el informe señala que distritos como San Isidro, Barranco y Miraflores registran las mayores variaciones en el precio por metro cuadrado. |
| Fuente: RPP |
Corrupción, el segundo problema más grave de Perú: 87% de peruanos siente que perjudica su vida Una encuesta de Ipsos para Proética revela que la corrupción es percibida como un problema de gravedad casi igual a la delincuencia, afectando principalmente la economía familiar y la confianza en las instituciones. Un 87% de los peruanos considera que la corrupción afecta directamente su vida cotidiana, según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, realizada por Ipsos. El estudio revela que la corrupción se posiciona como el segundo principal problema del país (67%), casi a la par de la delincuencia (68%) . Hace 10 años, en 2015, solo un 46% consideraba la corrupción como el principal problema, lo que refleja un incremento de más de 20 puntos porcentuales. Al detallar el perjuicio personal, el 55% de los encuestados indica que la corrupción afecta su economía familiar, mientras que el 42% señala la reducción de la confianza en “el Estado, los políticos y autoridades”. Otros impactos incluyen la reducción de oportunidades de empleo (40%) y la disminución de la calidad de los servicios públicos, como salud, educación y seguridad (39%). A nivel nacional, el 56% indica que la corrupción “disminuye el crecimiento económico” y el 42% afirma que “aumenta la pobreza y desigualdad”. De cara al futuro, la percepción es pesimista: un 51% cree que en los próximos 5 años la corrupción aumentará en el Perú. El informe también exploró las consecuencias tributarias, señalando que las tasas de evasión del IGV y el Impuesto a la renta alcanzaron el 36.5% y el 57.2% respectivamente en 2023. |
| Fuente: Lima Conecta |
Ambulancias nuevas de la PNP siguen abandonadas por trámites pendientes y mala gestión Más de 20 unidades adquiridas por S/ 4.6 millones en 2024 continúan inmovilizadas en el Hospital de la PNP por falta de placas, SOAT y autorizaciones. Especialista advierte mala gestión y posible corrupción. Más de 20 ambulancias permanecen abandonadas en el Hospital de la Policía Nacional pese a haber sido adquiridas en 2024 por más de S/ 4.6 millones. Estas unidades no operan por falta de placas, SOAT, equipamiento y autorizaciones administrativas, una situación que indigna considerando la urgente necesidad de vehículos médicos en regiones del país. Para César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, este caso refleja una grave negligencia estatal. “Es un crimen tener ambulancias malográndose sin usar”, sostuvo. Agregó que se trata de “mala gestión con corrupción”, pues nadie asume responsabilidades. Ortiz cuestionó que “los funcionarios ineptos y corruptos sigan en la institución policial” y criticó que el Ministerio del Interior “no diga nada”. Finalmente, reclamó acción inmediata: “¿Dónde está la Contraloría? Esto es público y deberían intervenir ya”. |
| Fuente: Lima Conecta |
Posible escasez de GLP anticipa alza de pasajes y golpea bolsillos en Lima Metropolitana El anuncio del cierre temporal de Zetagas Andino, la segunda planta de mayor capacidad de almacenamiento de GLP, genera preocupación entre conductores y especialistas que advierten aumentos inmediatos en el transporte público y particular. La posible escasez de GLP en Lima Metropolitana encendió las alertas entre miles de usuarios que dependen diariamente de este combustible. El ingeniero Walter Mora explicó que el cierre de Zetagas Andino hasta el 15 de enero afectará el abastecimiento y elevará los precios. “Si el GLP se encarece habrá una gran demanda y el panorama sería caótico”, señaló. “Muchos vehículos funcionan únicamente con gas y no podrían operar”, agregó. También advirtió que quienes usan sistemas mixtos deberán recurrir a gasolina, cuyo costo es elevado. “Los buses y taxis estarán obligados a subir los pasajes”, comentó el especialista. “Incluso las cocinas y pequeños negocios sentirán el golpe”, indicó. Finalmente, sobre medidas preventivas, sostuvo: “El Estado debería contar con un reservorio para abastecer al menos a una parte de la población”. |