Siete exfuncionarios y exservidores de la Unidad Ejecutora 037 – Perú Seguro 2025 del Ministerio del Interior (Mininter) fueron identificados por la auditoría de la Contraloría General de la República por generar un perjuicio económico de 574,830 soles.
Según el informe de la Contraloría, estos funcionarios cometieron irregularidades en la implementación del contrato de adquisición de cámaras corporales (bodycams) y dispositivos masivos de carga (dockers) para policías de comisarías del programa Barrio Seguro.
Contraloría encontró en dicho contrato n.° 019-2022/IN/PS2025, para la compra de 216 bodycams y 3 dockers adicionales, que se pagaron S/ 3’100,002.30 a un proveedor privado, con ampliaciones de plazo indebidas y sin sustento, inaplicación de penalidades y contrataciones fraccionadas que beneficiaron al proveedor.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 035-2025-2-0282-AC, tras la inspección de los documentos relacionados al contrato, observa que el director ejecutivo, el jefe de administración, el jefe de asesoría jurídica, el responsable del área de adquisiciones, un especialista de adquisiciones, el coordinador del Componente I y un analista del Componente I del programa Perú Seguro 2025 estuvieron relacionados con la gestión y difusión de la enmienda n.° 3, con la cual se otorgó un plazo adicional de 50 días calendario para concretar el entregable n.° 3, basado en el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos.
Lo real es que no correspondía dar esa ampliación de plazo, ya que la solicitud fue presentada tres días después de vencido el plazo que señalaba el contrato, el mismo que no contó con el sustento respectivo debido a que lo citado por el contratista carecía de exactitud.
Por eso, esto incumplía lo instituido en las condiciones del contrato sobre aplicar penalidades diarias y los plazos establecidos en la enmienda n.° 2.
Por ello, los auditores de Contraloría concluyeron que se aprobó una ampliación indebida del plazo contractual y no se aplicó la penalidad establecida por la demora injustificada en la entrega de las prestaciones, liberando al contratista de la penalidad por S/310,000.23 en perjuicio del Mininter.
Contraloría comprobó también que el director ejecutivo, el jefe de la Oficina de Administración y el responsable de Adquisiciones de Perú Seguro 2025 intervinieron en la autorización, emisión y ejecución de ocho órdenes de servicio de forma fraccionada para realizar los servicios de instalación de puntos de red, puntos de energía eléctrica y repisas en 75 comisarías de la Policía Nacional del Perú.
Lo que no se tomó en cuenta es que estos trabajos eran parte de las obligaciones del contratista de las bodycams, tal como está establecido en las especificaciones técnicas del contrato de dichos equipos, lo cual inobservó los alcances del contrato, así como los numerales de las especificaciones técnicas y el pedido de ofertas de bienes, lo que provocó el desembolso de 264,830 soles en perjuicio del Mininter.
Por ello, la comisión de control resolvió la presunta responsabilidad civil en siete funcionarios y servidores de Perú Seguro 2025, de los cuales cinco también tienen responsabilidad administrativa, por lo cual se plantean ciertas recomendaciones al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el fin de ayudar a mejorar la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos. (Expreso).