El año 2025 culmina con un balance que ha encendido las alertas en todo el país. De acuerdo con el Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef), más de 2,200 personas fallecieron de manera violenta a nivel nacional, una cifra que refleja la persistencia y gravedad del problema de la inseguridad ciudadana.

Este número equivale a un promedio cercano a seis muertes violentas por día. Para cientos de familias, el año estuvo marcado por la pérdida y el duelo, mientras la percepción de inseguridad se consolidó como una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Uno de los datos que más controversia ha generado es el registro de más de 440 víctimas mortales durante el periodo de gestión de José Jeri. Esta cifra supera a la del periodo anterior y ha intensificado los cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias implementadas para enfrentar la criminalidad.

Sicariato en alza

El 2025 se despide como uno de los años más sangrientos y críticos para el sector del transporte público en el Perú, marcado por extorsiones y sicariato que dejó un saldo devastador de vidas perdidas, rutas paralizadas y un temor generalizado entre conductores, cobradores y familias.

La crisis de seguridad que afecta al sector del transporte público en Perú ha alcanzado niveles críticos en 2025, consolidándose como uno de los principales indicadores de la expansión del crimen organizado. Las extorsiones, conocidas como “cobro de cupos”, y los consiguientes asesinatos por sicariato han golpeado especialmente a conductores, cobradores y empresarios del transporte urbano e interprovincial.

Alcanzó pico

Este fenómeno se intensificó desde 2022-2023, explotó en 2024 y alcanzó su pico en 2025, generando múltiples paros nacionales, protestas y un clima de temor generalizado en Lima, Callao y varias provincias

Según el balance final del Ministerio del Interior, hasta el 27 de diciembre se registraron 25,196 denuncias por extorsión a nivel nacional –un incremento del 20% respecto a 2024–, mientras que el Ministerio Público eleva la cifra a 27,029 casos.

Esto equivale a una denuncia cada 19-20 minutos, con Lima Metropolitana como epicentro (más de 10,562 denuncias), seguida por La Libertad (alrededor de 3,097-3,789), Piura (2,054), Lambayeque y Callao. El sector transporte concentró entre el 70% y 80% de las extorsiones en zonas urbanas, con cobros que oscilaban desde S/5-20 diarios por unidad hasta decenas de miles mensuales por flota completa.

180 víctimas

En Lima Metropolitana y Callao, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reportó al menos 73 muertos en atentados extorsivos contra el transporte entre enero y noviembre (con picos de 31 víctimas en septiembre y 18 en octubre), incluyendo 69 conductores y 5 cobradores. Otras fuentes, como el Observatorio del Crimen y la Violencia (iniciativa del BCP y consultoras independientes), estimaron hasta 180 asesinatos de transportistas a nivel nacional por negarse a pagar cupos o por disputas entre bandas.

Las zonas críticas donde impera las mafias está mapeado en Lima Norte (Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Carabayllo), Callao, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y distritos del sur como Villa El Salvador, Ate Vitarte y Villa María del Triunfo.

PNP cuestiona cifras

En medio del debate por el incremento de la violencia en el país, el comandante general Óscar Arriola reafirmó la posición del Ejecutivo al señalar que el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) no ofrece datos exactos cuando se trata de medir la criminalidad, ya que, según indicó, agrupa distintos tipos de muertes bajo una misma categoría, lo que distorsiona el análisis y genera alarma en la ciudadanía. (Expreso).