| Fuente: La República |
Casi la mitad de la inversión pública en el Perú quedó inconclusa en la última década El IPE, a través de un estudio del Banco Mundial, revela que el 45 % de los proyectos no se terminó, lo que comprometió más de S/200,000 millones y expone graves fallas de gestión del gasto público. Casi la mitad (45 %) de los proyectos de inversión pública iniciados en el Perú entre 2012 y 2023 quedó abandonada. Así lo revela un estudio del Banco Mundial, citado por Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE). De 132,000 proyectos iniciados en ese periodo, más de 62,000 no se concluyeron, ejecutaron menos del 90 % de su presupuesto y no registraron desembolsos durante al menos 18 meses. El gasto ya realizado equivale a casi la mitad del presupuesto anual de inversión pública y, si se considera el monto total previsto, supera los S/200,000 millones. La magnitud del despilfarro es crítica. “¡Estas cifras son espantosas!”, sostiene Palomino, al precisar que no se trata de simples sobrecostos o errores de diseño, sino de obras que nunca llegaron a funcionar. Caminos, colegios, postas médicas y sistemas de agua potable quedaron inconclusos pese a haber consumido recursos públicos durante más de una década, sin generar beneficios reales para la población. El problema, además, se agrava con el tiempo. El Banco Mundial estima que desde 2012 el número de proyectos abandonados se duplica cada tres años, lo que implica que cada año un mayor número de ciudadanos ve frustradas obras esperadas. Esta situación es especialmente preocupante si se considera que la inversión pública peruana representa el 5 % del PBI, un nivel 50 % mayor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero con una calidad que, según el informe, “se encuentra 40 % debajo de sus posibilidades”. El estudio identifica fallas estructurales en la planificación y supervisión del gasto. Cerca de dos tercios de la inversión está a cargo de gobiernos regionales y locales, bajo un esquema que —según el Banco Mundial— “abolió cualquier forma de supervisión independiente”. Además, el 80 % de los nuevos proyectos no pasó por procesos formales de evaluación ni por el presupuesto aprobado por el Congreso, al incorporarse mediante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para el presidente del IPE, esta opacidad explica el problema de fondo: “porque así es más fácil de robar”. |
| Fuente: JNE |
JNE define cronograma de renuncias para candidatos a los comicios de octubre 2026 El organismo electoral oficializó los plazos para que autoridades y funcionarios dejen sus cargos si desean postular, buscando garantizar la transparencia y un voto informado. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó un conjunto de disposiciones normativas para regular las renuncias, licencias y reemplazos de autoridades que aspiren a participar en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026. Estos documentos, difundidos hoy en el diario oficial El Peruano, buscan garantizar un proceso electoral ordenado y permitir que los ciudadanos cuenten con reglas claras para el ejercicio de sus derechos políticos. Según el organismo, «los documentos fueron formulados con el propósito de brindar celeridad y transparencia al proceso electoral, así como de cautelar su correcto desarrollo», asegurando que el cronograma sea conocido con la debida anticipación por las organizaciones políticas y los electores para promover un desarrollo democrático saludable. Las normas establecen plazos diferenciados según el cargo y el tipo de elección al que se postula, obligando a los altos funcionarios que manejan fondos del Estado a dejar sus puestos meses antes de la contienda. Quienes pretendan postular a los gobiernos regionales deberán presentar su renuncia escrita hasta el martes 7 de abril de 2026, mientras que para las elecciones municipales el plazo se extiende hasta el 16 de junio. En el caso de autoridades vigentes, el JNE precisó que «los gobernadores y vicegobernadores que postulen como candidatos a alcaldes, y los burgomaestres que postulen a gobernador, deben presentar sus renuncias ante sus respectivos concejos y estas surtirán efecto desde el lunes 6 de abril», lo que equivale a seis meses de antelación respecto al día de la votación. Adicionalmente, el ente electoral aprobó reglamentos para modernizar las actuaciones jurisdiccionales mediante el uso de herramientas digitales y casillas electrónicas. Estas medidas permiten que las audiencias públicas se realicen bajo modalidad virtual, agilizando el flujo de información entre el JNE y los Jurados Electorales Especiales para resolver tachas o impugnaciones. La normativa oficial detalla que el nuevo Reglamento de Notificaciones «establece el procedimiento que regula las acciones del JNE y los Jurados Electorales Especiales para notificar sus pronunciamientos o actuaciones jurisdiccionales a través del uso de las casillas electrónicas», garantizando que los actores políticos reciban las resoluciones de manera inmediata y transparente durante todo el proceso electoral. |
| Fuente: El Comercio |
Trece regiones recortaron presupuestos para inflar sus cifras de ejecución en 2025 Más de S/ 1,200 millones destinados a proyectos de inversión fueron devueltos o reprogramados por gobiernos regionales, una práctica que busca aparentar eficiencia administrativa ante la opinión pública. Durante el cierre del año fiscal 2025, trece de los 25 gobiernos regionales del país optaron por reducir sus presupuestos institucionales para proyectos de inversión, sumando una devolución total de más de S/ 1,200 millones. El caso más crítico fue el de La Libertad, que redujo su partida en S/ 370 millones para elevar artificialmente su indicador de ejecución del 86.5% al 96.3% en apenas 24 horas. Mientras que gestiones como la de Junín lograron el 100% de ejecución real por tercer año consecutivo, la mayoría de gobernadores recurrió a la reprogramación para evitar mostrar saldos sin gastar, lo que afecta directamente el cierre de brechas sociales y la continuidad de las obras públicas. Especialistas en gestión pública advierten que este movimiento contable desvirtúa la finalidad de la inversión regional y evidencia una falta de madurez en los proyectos técnicos. César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), explicó que estas variaciones presupuestarias no deben verse como un logro de gestión, sino como una señal de inestabilidad en la planificación de las obras. Al respecto, García señaló que “la variación del presupuesto institucional modificado (PIM) es una señal de estabilidad, pero también de inestabilidad si los presupuestos se mueven mucho. Hay proyectos que no estaban listos y generalmente se paran o se retrasan. El tema no es gastar por gastar, sino que el gasto sea de calidad; de nada sirve invertir en proyectos enanos si no van a tener un impacto fuerte en el dinamismo regional”. Pese al panorama de recortes en diversas zonas, algunas regiones justificaron sus movimientos presupuestales como una estrategia de especialización técnica. En Áncash, por ejemplo, los recursos fueron transferidos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para ejecutar proyectos de gran envergadura bajo la modalidad de vía rápida. El gobernador Koki Noriega defendió esta postura indicando que la reasignación permite que entidades con mayor capacidad técnica se encarguen de obras complejas como hospitales de nivel III. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene bajo observación estas prácticas, considerando que la reducción de partidas para inversión pública suele ser una salida sencilla pero nociva para cubrir incrementos en el gasto corriente. |
| Fuente: Rumbo Minero |
Nuevo reglamento de Asociaciones Público Privadas impulsará proyectos por 28 mil millones de dólares El Ejecutivo oficializó la normativa que busca adjudicar 88 proyectos estratégicos entre 2026 y 2028, simplificando trámites y optimizando la gobernanza de ProInversión. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la Ley N.º 32441, un marco normativo diseñado para agilizar la inversión privada bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos. Esta iniciativa tiene como meta principal la ejecución de 88 proyectos clave durante el trienio 2026–2028, con una inversión estimada que supera los US$ 28,000 millones. La nueva norma introduce mecanismos para reducir los plazos en la elaboración de estudios técnicos y simplifica los procesos de modificaciones contractuales, permitiendo que sectores críticos como salud, educación, transportes y energía reciban capital de manera más fluida y eficiente en beneficio de la ciudadanía. La cartera de inversiones para este año 2026 ya cuenta con 52 proyectos listos para ser adjudicados por un monto que asciende a los US$ 15,100 millones, además de la suscripción de adendas estratégicas. Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, resaltó que la nueva reglamentación asegura que las inversiones se ejecuten bajo condiciones de transparencia y fortalecimiento institucional. Miralles enfatizó que “el Reglamento de la nueva Ley de APP establece condiciones para asegurar una adecuada ejecución de las inversiones, fortalecer la gobernanza de ProInversión, reducir los plazos de elaboración de estudios técnicos y optimizar las distintas fases de los proyectos APP, incorporando medidas de simplificación, especialmente en materia de modificaciones contractuales”. Un aspecto innovador del reglamento es la creación de procedimientos especiales para la renovación o ampliación de plazos en contratos de concesión que están próximos a vencer. Asimismo, se han establecido reglas diferenciadas para los Proyectos en Activos, corrigiendo errores de normativas anteriores que exigían trámites innecesarios similares a los de las APP, a pesar de que en esta modalidad los riesgos no se trasladan al Estado. Con este marco, ProInversión coordinará directamente con cada sector ministerial para priorizar proyectos de alto impacto, como sistemas ferroviarios y teleféricos urbanos, que forman parte de una cartera potencial valorizada en otros US$ 19,200 millones adicionales. |
| Fuente: AP Noticias |
Plan Nacional de Competitividad cierra su primer año con avance cercano al 25% Durante 2025 se cumplieron 123 de los 494 hitos previstos en el plan estratégico, destacando progresos significativos en financiamiento para pymes e infraestructura nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) 2024–2030 alcanzó un avance del 24.9% en su primer año de implementación. De los 494 hitos programados para transformar la estructura económica del país, se han concretado satisfactoriamente 123, gracias a la articulación entre 37 entidades del Estado y el sector privado. Los pilares que mostraron un mayor dinamismo fueron los de Financiamiento, con un cumplimiento del 40.74%, e Infraestructura, que alcanzó el 32.56%. Estos resultados sitúan al plan dentro de lo cronogramado, sentando las bases para mejorar la regulación y remover barreras que limitan el crecimiento sostenible en el mediano plazo. Uno de los logros más tangibles del 2025 fue la puesta en marcha del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), herramienta que ha revolucionado el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas (mypes). Al permitir que bienes muebles sirvan como respaldo con menores costos de transacción, el sistema ha registrado más de 160,000 garantías por un monto superior a los 200,000 millones de soles. La ministra Denisse Miralles subrayó que estas acciones responden a una visión compartida de desarrollo, señalando que “el avance del Plan refleja un trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado para remover barreras y crear condiciones que faciliten la inversión. Estamos avanzando de manera responsable con metas claras y resultados medibles, pensando en el impacto concreto para la ciudadanía”. En materia de innovación y capital humano, el plan también registró hitos clave como la inclusión de Compras Públicas de Innovación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, lo que permite al Estado adquirir tecnología local de vanguardia. Además, se formalizaron fondos de capital de riesgo que inyectaron US$ 14 millones en más de 60 startups, proyectando la creación de más de mil empleos tecnológicos. Por último, en el sector laboral se aprobaron 59 estándares de competencia para los rubros minero y agrícola, facilitando que los trabajadores certifiquen sus capacidades. Estos avances consolidan el compromiso del país por fortalecer su entorno de negocios y optimizar la gestión municipal mediante la digitalización de trámites de licencias. |
| Fuente: El Comercio |
BCR eleva proyección de crecimiento para la inversión privada al 9.5 por ciento este año Julio Velarde señaló que el repunte de la inversión residencial y la solidez de la demanda interna podrían llevar la cifra incluso hasta el 10% al cierre del ejercicio. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ajustó significativamente al alza su proyección de crecimiento para la inversión privada en 2025, elevándola de un 6.5% inicial a un robusto 9.5%. Este incremento responde a un desempeño de la demanda interna mejor al esperado y a una recuperación notable en el sector inmobiliario residencial. Durante la presentación del último Reporte de Inflación, el ente emisor también corrigió la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3.2% a 3.3%, consolidando a la inversión privada como el motor principal de la expansión económica en un contexto de estabilidad macroeconómica. El presidente del BCR, Julio Velarde, destacó que, a diferencia de otros ciclos electorales, no se percibe actualmente un freno en las decisiones de gasto de los agentes económicos. El dinamismo inmobiliario ha sido un factor determinante, apoyado por condiciones financieras más favorables y una inflación que se mantiene bajo control dentro del rango meta. Velarde descartó que el calendario político esté afectando los proyectos en marcha, indicando que “puede que lleguemos posiblemente a 10% en el crecimiento de la inversión privada al cierre de año. En inversión privada hay una recuperación de la inversión residencial, es una recuperación importante. No parece notarse los efectos del calendario electoral, lo que contrasta con otros episodios en los que la inversión tendía a frenarse”. En el plano regional y fiscal, el BCR reconoció que el Perú mantiene una posición sólida frente a sus pares de Sudamérica y México, aunque admitió un ligero deterioro en los indicadores fiscales locales. No obstante, el ente monetario prevé que la inflación anual se ubique en 1.5% al cierre de 2025, estabilizándose en 2.0% para los años 2026 y 2027. Respecto a la competitividad regional, Velarde puntualizó que “si nos comparamos con otros países, sí hemos tenido un deterioro fiscal, pero estamos por debajo de otros países como Colombia y Brasil. Estamos relativamente bien frente a Sudamérica y México, no estamos tan mal. Este año Argentina crece más que nosotros; el otro año veremos si crecemos más que ellos”. |
| Fuente: Canal N |
Ejecutivo transfiere 240 millones de soles a Petroperú para iniciar su reorganización operativa La medida aprobada mediante Decreto de Urgencia busca asegurar el abastecimiento de combustible mientras ProInversión lidera la búsqueda de capital privado para la empresa. El Gobierno oficializó una transferencia de 240 millones de soles a favor de Petroperú S.A. con el objetivo de asegurar la continuidad de sus operaciones y garantizar el abastecimiento de combustibles, especialmente en las zonas más alejadas del país. Esta inyección de capital es parte de una estrategia de reorganización patrimonial ante la crítica situación financiera de la estatal, que reportó pérdidas netas por 1,611 millones de soles hasta octubre de 2025. La norma faculta la reestructuración de la empresa en bloques de activos estratégicos, incluyendo la Nueva Refinería de Talara, para intentar frenar el historial de apoyos financieros que entre 2022 y 2024 superó los 17,800 millones de soles. Un cambio fundamental en este nuevo proceso es el encargo directo a ProInversión para que asuma la conducción integral de la promoción de la inversión privada en la petrolera. La entidad deberá diseñar e implementar un plan bajo criterios técnicos que permita captar recursos externos y establecer fideicomisos de administración para el pago de pasivos críticos a proveedores, que actualmente ascienden a más de 2,569 millones de soles. El Ejecutivo busca con esta medida reordenar el patrimonio de la empresa sin comprometer su operatividad inmediata, estableciendo un marco de transparencia que permita sanear las cuentas de la institución considerada estratégica para el sector energético nacional. Según lo estipulado en el Decreto de Urgencia, estas acciones extraordinarias tendrán una vigencia de un año, periodo durante el cual se realizará un seguimiento exhaustivo a la eficiencia de la gestión. El objetivo final es establecer un modelo de negocio sostenible que elimine la dependencia constante del tesoro público. La norma precisa que se trabajará en la conformación de unidades de negocio más competitivas, señalando que “estas acciones buscan reordenar el patrimonio de Petroperú sin comprometer su operatividad, acabar con los privilegios dentro de la gestión estatal y restablecer la viabilidad de una empresa clave. ProInversión podrá estructurar mecanismos financieros para que los ingresos generados se destinen al pago de pasivos operativos críticos y operaciones continuas”. |
| Fuente: La República |
Carabayllo enfrenta crisis sanitaria con plan de contingencia y compra de nuevas compactadoras Tras rescindir el contrato con el consorcio responsable por incumplimientos, el municipio asume el servicio directamente y anuncia la llegada de maquinaria propia para normalizar el recojo. El distrito de Carabayllo atraviesa una situación crítica de salubridad debido a la acumulación de residuos sólidos en sectores como la urbanización El Progreso, Vista Alegre y San Pedro, donde los montículos de basura han generado focos infecciosos y proliferación de plagas. El alcalde Pablo Mendoza explicó que el colapso del servicio se originó tras la resolución del contrato con el consorcio privado el pasado 12 de diciembre de 2025, debido a deficiencias persistentes que no fueron subsanadas a pesar de las penalidades y cartas notariales enviadas. Ante la ausencia de camiones recolectores externos, el burgomaestre señaló que “a partir del 13 de diciembre el consorcio no envió ninguna compactadora. Desde ese momento lo hemos asumido nosotros, a pesar de las dificultades”, activando un plan de emergencia con personal municipal. La gravedad de la crisis motivó que el Ministerio del Ambiente (Minam) declarara al distrito en emergencia sanitaria, lo que permitirá a la municipalidad implementar medidas extraordinarias para agilizar la limpieza pública. La gestión local ha decidido aprovechar esta coyuntura para replantear el modelo de gestión de residuos, buscando que el municipio retome el control operativo total en lugar de depender de empresas privadas que, según la autoridad local, no han cumplido con los estándares mínimos. Mendoza justificó esta postura afirmando que su administración apunta a “cortar la tercerización, al considerar que este modelo le ha hecho mucho daño al distrito, además de generar un gasto excesivo”, y aseguró que el distrito no está desprotegido a pesar de que el servicio aún no opera al 100% de su capacidad. Como medida inmediata para restablecer la normalidad en las rutas de recojo, la municipalidad anunció la compra de una flota propia consistente en seis nuevas compactadoras que se incorporarán a las labores de limpieza esta misma semana. Con esta adquisición, se espera erradicar los puntos críticos de basura que se han agravado por las altas temperaturas del verano, garantizando un servicio más eficiente y estable para los vecinos. Al respecto, el alcalde detalló el cronograma de llegada de la maquinaria, puntualizando que “las tres primeras las tendremos este miércoles y las otras tres el viernes aproximadamente”, con lo cual se estima que la frecuencia del recojo en las zonas más afectadas logre regularizarse de manera definitiva en los próximos días. |
| Fuente: Lima Conecta |
Elecciones 2026: arranca el control ciudadano ante avalancha de candidatos Con más de 30 partidos inscritos, analistas advierten que el reto será filtrar propuestas serias y con sustento técnico en un año electoral clave. Con la inscripción de más de 30 partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones, se inicia una etapa crucial de control ciudadano rumbo a los comicios de 2026. Para el analista político Jaime del Castillo Jaramillo, esta cifra histórica lejos de fortalecer la democracia puede generar desinformación. “El Perú no está preparado para evaluar más de treinta planes de gobierno”, afirmó. El especialista advirtió que “es humanamente imposible que el ciudadano lea documentos de cien o hasta cuatrocientas páginas”, lo que termina excluyendo a amplios sectores del país. Además, alertó sobre la precariedad de muchas candidaturas al señalar que “hay una mediocridad absoluta en la calidad de los partidos y de sus propuestas”. Del Castillo sostuvo que “muchos no son políticos, sino aventureros que buscan el dinero del Estado”, y remarcó que “sin control real del financiamiento, las organizaciones criminales se infiltran en la política”. |
| Fuente: Lima Conecta |
Inversión privada crecería 5 % en 2026, pero el reto es convertirla en empleo formal El BCR proyecta un repunte impulsado por minería, energía e infraestructura, aunque la estabilidad regulatoria será clave en un año electoral. La inversión privada crecería 5 % en 2026, según el BCR, respaldada por proyectos de minería, energía, infraestructura y construcción. Para el exministro de Economía Jorge Baca Campodónico, el avance es positivo, pero insuficiente si no se traduce en empleo formal. “La inversión es la que genera empleo y crecimiento”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que “un 5 % no resolverá el problema; necesitamos tasas de 10 o 15 %”. Baca explicó que el impulso responde a mejores resultados recientes: “Las proyecciones fueron elevadas porque ha habido inversiones fuertes, sobre todo en minería y transmisión eléctrica”. Sobre el año electoral, alertó que “la inversión pública crecería solo 1 %, lo cual es una mala noticia”. En ese contexto, subrayó que “la inversión privada depende de expectativas y normas claras”. Finalmente, cuestionó la sobrerregulación: “Existen demasiados entes que alargan proyectos por años; eso se puede reducir con decisión política”. |
