| Fuente: Perú21, Red de Comunicación Regional |
Economías ilegales en política: el dinero ilícito que amenaza las elecciones 2026 Minería ilegal, narcotráfico y otras economías criminales buscan influir en las elecciones de este año a través del financiamiento de campañas, alertan gremios empresariales, analistas y organizaciones civiles. Las economías ilegales en el Perú ya no solo alimentan la violencia y la inseguridad, sino que avanzan sobre un terreno aún más sensible: la política. A pocos meses de las elecciones generales de abril de 2026, especialistas y organizaciones de la sociedad civil advierten que el financiamiento ilícito de campañas se perfila como una de las principales amenazas para la democracia y la institucionalidad del país. El peso económico de estas actividades resulta determinante. Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el enorme poder económico de la minería ilegal podría influir decisivamente en el proceso electoral. “Pensar que este gran poder económico no va a influir en las elecciones sería ingenuo”, señaló. Según explicó, mientras un proceso electoral nacional cuesta alrededor de S/1,500 millones, la minería ilegal mueve cerca de US$10,000 millones al año, una brecha que puede distorsionar la competencia política si no existe una respuesta firme del Estado. En la misma línea, Jorge Zapata, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), alertó que estas redes buscan control político directo. “Estas economías quieren control político y financian campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y en el Congreso”, afirmó. Por su parte, Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que este 2026 “resulta una oportunidad crítica para cambiar de trayectoria mediante un voto consciente y responsable”, y subrayó la necesidad de una vigilancia ciudadana activa frente a candidaturas vinculadas a economías ilegales. |
| Fuente: Infobae |
Línea 2 del Metro: Culminan vía férrea de la Etapa 1B y la excavación alcanza el 88 % El primer metro subterráneo del Perú registra más de 30 millones de viajes en su fase operativa inicial, mientras la tuneladora Delia completa 10 kilómetros de perforación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó la culminación de la instalación de la superestructura de la vía férrea correspondiente a la Etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Este avance técnico abarca el trayecto occidental, que conecta la estación Plaza Bolognesi con San Juan de Dios, y el extremo oriental, que incluye Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate. En el sector oeste, las obras civiles alcanzan el 99 %, mientras que las labores de arquitectura y recuperación de espacios públicos presentan un 80 % de avance. La excavación del túnel progresa mediante el uso de la tuneladora Delia, que ha conseguido perforar más de 10 kilómetros desde el inicio de su labor. De los 27 kilómetros totales del trazado, ya se han completado 24, quedando pendiente únicamente el trayecto comprendido entre las estaciones Óscar Benavides (E-06), Carmen de la Legua (E-05) e Insurgentes (E-04). Este proceso ha requerido una planificación detallada y tecnología de punta para asegurar que la infraestructura contribuya a reducir los tiempos de viaje y fortalecer un sistema de movilidad sostenible. El impacto de la obra se refleja en la Etapa 1A, actualmente en marcha blanca, que ya suma más de 30 millones de viajes, lo que evidencia la confianza y aceptación de la ciudadanía. Las autoridades del MTC recalcan que la implementación de esta red ferroviaria soterrada representa un paso fundamental hacia la modernización del transporte público en el Perú. Con la finalización de la vía férrea en la Etapa 1B, el proyecto entra en su fase final de consolidación, ofreciendo oportunidades para descongestionar avenidas principales y mejorar la calidad de vida de millones de habitantes. |
| Fuente: Andina |
JNE presenta «Guía contra la desinformación» ante las Elecciones Generales 2026 El organismo electoral busca contrarrestar las noticias falsas y fomentar la participación ciudadana en la verificación de contenidos digitales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentará este lunes la segunda edición de la “Guía contra la desinformación”, con el objetivo de contrarrestar las noticias falsas que circulan en las redes sociales durante las Elecciones Generales 2026. El evento, encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, busca impulsar la participación activa de los ciudadanos como actores fundamentales en la prevención ante este fenómeno global. La guía busca que los aliados del sistema electoral puedan identificar y analizar contenidos de medios y redes sociales para responder de manera informada. La desinformación constituye uno de los principales desafíos para los comicios de 2026, por lo que el JNE, a través del Comité de Fact Checking, busca socializar esta herramienta técnica con sus aliados. El documento será presentado en el Aula Magna de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y contará con la participación de especialistas de IDEA Internacional. Esta iniciativa pretende que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil tengan criterios claros para discernir entre hechos probados y narrativas de manipulación en el entorno digital. El Comité de Fact Checking del JNE se compromete con la integridad democrática del país mediante un trabajo constante para identificar y desmentir narrativas falsas. Al proporcionar acceso a datos verificados, se fortalece la transparencia en cada etapa del proceso electoral. De esta manera, la guía se consolida como un instrumento esencial para garantizar que los electores accedan a información veraz, minimizando el impacto de las campañas de desinformación que suelen intensificarse durante los periodos de votación. |
| Fuente: El Comercio |
Inicia marcha blanca del desvío vehicular por obras de la Vía Rápida Javier Prado El viaducto elevado de 983 metros busca eliminar el cuello de botella en La Molina; sin embargo, expertos advierten que la obra podría no ser una solución integral. El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) anunció que este lunes 26 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, previa a la construcción del proyecto Vía Rápida Javier Prado Frutales–El Golf. La obra principal consiste en un viaducto elevado de 983 metros de longitud con dos carriles por sentido, diseñado para aliviar uno de los principales cuellos de botella en Lima Este. El inicio formal de las restricciones de tránsito y la ejecución de la obra están programados para el jueves 29 de enero. El proyecto ha generado opiniones divididas entre las autoridades y especialistas. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la iniciativa afirmando: “Tengo que respaldar a mis funcionarios”, destacando que el diseño del viaducto responde a un análisis exhaustivo para mejorar la transitabilidad. Por el contrario, Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, señaló que “el proyecto no va a solucionar el problema, solo va a trasladarlo de un lugar a otro”, mientras que el Colegio de Arquitectos advirtió que la obra no aparece en los planes oficiales de desarrollo urbano como el Plan Lima 2040. Para mitigar el impacto, se han establecido rutas alternativas específicas según el tipo de transporte. El flujo privado podrá utilizar vías como la Av. Raúl Ferrero y la Av. La Fontana, mientras que el transporte pesado será desviado hacia la Panamericana Sur y la Av. Separadora Industrial. Durante la marcha blanca, se contará con la presencia de banderilleros y efectivos de la Policía Nacional para evaluar el flujo vehicular en los puntos críticos. El objetivo final es fortalecer la movilidad urbana en una zona estratégica que conecta Lima Este con el resto de la metrópoli. |
| Fuente: Exitosa |
Lima Sur: Anuncian marcha de sacrificio ante paralización de megaproyecto de agua Vecinos de VMT, SJM y Villa El Salvador marcharán a Palacio de Gobierno el 2 de febrero tras detectarse más de 1,000 observaciones en el expediente técnico de la obra «Nueva Rinconada». Dirigentes vecinales de Lima Sur anunciaron una marcha de sacrificio hacia Palacio de Gobierno para el próximo lunes 2 de febrero, motivada por la paralización del megaproyecto Nueva Rinconada. Esta obra de agua y alcantarillado, que se inició en 2021, busca beneficiar a más de 400 mil familias de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Carlos Chávez, dirigente vecinal, expresó el agotamiento de la población ante la burocracia estatal, señalando que los vecinos esperan con ansias disfrutar de su derecho fundamental al agua potable. La dificultad principal del proyecto radica en las deficiencias del expediente técnico aprobado originalmente por Sedapal. Chávez reveló que, al iniciar la ejecución, se encontraron más de 1,000 observaciones técnicas que han frenado el avance, el cual se encuentra actualmente al 85 %. Según el dirigente: “Nuestra preocupación ahora es estar como está Chorrillos, una obra paralizada”. Además, advirtió que el consorcio a cargo de la obra ha dado un ultimátum hasta el 20 de febrero; si no hay solución por parte de Sedapal, la construcción se detendrá definitivamente. Ante el riesgo de que Sedapal cese también el reparto gratuito de agua en la zona, la comunidad ha decidido intensificar sus medidas de protesta. Los vecinos denuncian que la falta de agua potable es una injusticia enorme tras años de lucha por el proyecto. Chávez instó a los expertos de Sedapal a realizar las correcciones necesarias de manera inmediata, enfatizando que no permitirán que la obra quede inconclusa faltando solo un 15 % para su término. La marcha de sacrificio busca sensibilizar al Ejecutivo sobre la crisis sanitaria que enfrentan estos distritos. |
| Fuente: El Comercio |
Decreto contra la extorsión en transporte: Expertos advierten «puntos ciegos» financieros El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 009-2026-PCM para proteger al sector transporte, pero especialistas señalan que los umbrales bancarios actuales no detectan los montos bajos de las extorsiones. El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 009-2026-PCM con el objetivo de reducir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de mercancías. La norma establece medidas agrupadas en cuatro niveles: prevención financiera, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica. Entre las disposiciones destaca la supervisión de la SBS sobre los flujos de dinero vinculados a denuncias, buscando desarticular las redes económicas del crimen organizado mediante la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PNP. Sin embargo, especialistas en seguridad han cuestionado la operatividad de estas medidas en la realidad peruana. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, explicó que el sistema financiero suele monitorear transacciones a partir de los $1,000, mientras que los pagos extorsivos suelen ser montos pequeños y frecuentes. Según Valdés: “En estos momentos, los umbrales que existen en el sistema financiero no están preparados para captar estos movimientos”. Asimismo, criticó la mención al sistema tecnológico C5i, afirmando que su implementación requiere una inversión millonaria con la que el país no cuenta actualmente. En cuanto a la respuesta táctica, el decreto dispone el patrullaje focalizado y el uso de botones de pánico, aunque expertos como Frank Casas señalan limitaciones logísticas. Casas advirtió que la efectividad del patrullaje depende de las denuncias, las cuales son escasas por temor a represalias, y subrayó que los botones de pánico suelen ser inoperativos para delitos sistemáticos como la extorsión telefónica. Pese a las críticas, la norma faculta al Ministerio de Transportes a certificar rutas y terminales seguros, incorporando progresivamente cámaras integradas a los sistemas de comando policial. |
| Fuente: El Comercio |
MVCS y regiones coordinan acciones de preparación ante peligro de lluvias intensas El Ministerio de Vivienda articuló una mesa de trabajo con 20 gobiernos regionales para revisar el estado de descolmatación de ríos y la capacidad de respuesta frente a emergencias. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) organizó una reunión de trabajo virtual con 20 gobiernos regionales para reforzar la preparación y garantizar una respuesta oportuna ante las lluvias intensas en el país. El encuentro se desarrolló bajo el marco del Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, contando con la participación de representantes de regiones como Cajamarca, Piura, Arequipa y Cusco. El objetivo central fue proteger la vida y los hogares de miles de familias que actualmente afrontan un peligro inminente por eventos hidrológicos. Durante la jornada, se analizaron las perspectivas climáticas presentadas por el Senamhi y se revisaron los avances en acciones preventivas, tales como la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y drenes. Asimismo, se evaluó el inventario de recursos disponibles para la atención de emergencias y el fortalecimiento de capacidades para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Estas acciones buscan anticiparse a los desastres y asegurar que los servicios de vivienda y saneamiento no se vean interrumpidos por las precipitaciones. El trabajo articulado incluyó a diversas direcciones del sector, como el Programa Nuestras Ciudades (PNC) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). Las intervenciones están previstas dentro del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas, priorizando la seguridad de la población mediante una gestión de riesgos coordinada. Con esta reunión, el MVCS reafirma su compromiso de mantener las puertas abiertas al diálogo con los niveles de gobierno regional para asegurar que la ayuda y las obras de protección lleguen a tiempo a las zonas más vulnerables. |
| Fuente: El Comercio |
Infraestructura deficiente en Lima eleva el riesgo ante incremento de caudales Puentes oxidados y muros de contención debilitados en Chosica y Chaclacayo generan alarma entre vecinos, mientras alcaldes exigen la declaratoria de emergencia. Un recorrido realizado por El Comercio en Lima Este reveló el estado deficiente de la infraestructura vial y de protección ante el aumento del caudal del río Rímac y la activación de quebradas. En Lurigancho-Chosica, el puente San Roque presenta planchas metálicas carcomidas por el óxido y huecos en su base, mientras que el puente Los Girasoles en Chaclacayo muestra desniveles e inclinaciones visibles. Esta situación de vulnerabilidad persiste a pesar de que varios distritos de la zona ejecutaron casi la totalidad de su presupuesto destinado a la gestión de riesgos durante el año 2025. La preocupación de los residentes se agrava por la demora en las obras definitivas. Alejandra Zapata, vecina de Chaclacayo, criticó la falta de comunicación oficial sobre la construcción de muros o mallas, cuestionando: “¿Eso es todo? ¿Eso protegerá a miles de vecinos frente a los desastres?”. Por su parte, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, informó que el caudal del río Rímac aumentó cerca de 40 m³ por segundo y que las lluvias en las partes altas ya están en nivel 3, lo que ha provocado huaicos que amenazan con descender hacia las zonas urbanas. Ante este escenario, los burgomaestres de Lima Este y Huarochirí solicitaron al Gobierno Central la declaratoria de emergencia para agilizar el acceso a maquinaria pesada y recursos. El alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahuis, señaló que cada año se invierte dinero solo en recuperación y no en soluciones definitivas, sentenciando que: “esa no es la solución al problema”. Los alcaldes coinciden en que la burocracia y la falta de presupuesto específico limitan su capacidad de respuesta, obligándolos a utilizar fondos destinados a otros proyectos para atender las urgencias climáticas. |
| Fuente: APAM |
UNNA Energía inicia arbitraje contra el Estado por impagos de Petroperú La subsidiaria de Aenza recurrió a la Cámara de Comercio Internacional ante el incumplimiento en el pago de facturas por la compra de crudo en los Lotes III y IV. Unna Energía, subsidiaria de la empresa Aenza, presentó una solicitud de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) contra la agencia estatal Perupetro. La medida responde a los reiterados incumplimientos de Petroperú en el pago de facturas por la compra de crudo, situación que compromete la ejecución de los contratos de licencia en los Lotes III y IV, ubicados en Piura. Según informó la compañía mediante un Hecho de Importancia a la SMV, el arbitraje busca resolver las controversias surgidas por la falta de pagos en estos contratos de explotación de hidrocarburos. La crisis financiera de la petrolera estatal ha derivado en una deuda acumulada superior a los US$ 120 millones con diversos operadores de la costa norte. Entre las empresas afectadas, además de Unna Energía, se encuentran Petromont, Olympic Perú y Sapet, quienes han visto alterados sus flujos comerciales por los atrasos en la facturación. Previamente, Unna Energía habría intentado iniciar un procedimiento concursal contra Petroperú ante el Indecopi, trámite que no prosperó, lo que finalmente impulsó la decisión de elevar la disputa a una instancia arbitral internacional. Los contratos de licencia para los Lotes III y IV fueron obtenidos por Unna Energía en 2014 para un periodo de operación de 30 años. La falta de liquidez de Petroperú ocurre en medio de un complejo proceso de reestructuración de la estatal, que ha afectado a un total de diez lotes petroleros. Este arbitraje marca un hito en las tensiones entre los operadores privados y el Estado, evidenciando las dificultades operativas que genera la situación financiera de la principal empresa petrolera del país para el sector de hidrocarburos. |
| Fuente: Lima Conecta |
IA avanza en grandes empresas, pero las pymes siguen rezagadas por falta de capacidades Aunque la inteligencia artificial ya está integrada en herramientas cotidianas, las pequeñas y medianas empresas aún no la aprovechan estratégicamente. Especialistas advierten que el principal obstáculo no es la tecnología, sino la formación. La inteligencia artificial (IA) avanza con fuerza en las grandes empresas, impulsando productividad y análisis de datos, mientras que las pymes permanecen rezagadas en su adopción estratégica. Así lo señaló Erick Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital y experto en ciberseguridad. “Las pymes ya usan IA, pero de forma operativa y no corporativizada”, explicó. Herramientas como Word, Excel, navegadores o WhatsApp ya incorporan IA, aunque su uso suele limitarse a tareas básicas. En contraste, las grandes compañías cuentan con equipos especializados que aprovechan todo su potencial. Iriarte sostuvo que la barrera principal no es el costo, ya que “el acceso es bajo”, sino el desarrollo de capacidades. “Lo que falta es formación y una estrategia clara para mejorar el negocio. Sería un gran aporte que los municipios y el Estado impulsen talleres para emprendedores y fortalezcan la educación digital”, propuso el especialista. |
