El Poder Judicial impuso una condena de 20 años y seis meses de prisión efectiva contra Jean Carlos Salas Soto, luego de que un tribunal lo hallara culpable de extorsionar a una empresaria del rubro farmacéutico y de poseer municiones sin autorización legal.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo dictó el fallo tras evaluar el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron que el acusado ejecutó actos directos de intimidación contra la propietaria de una cadena de boticas ubicada en el sector Alto Moche.
El colegiado concluyó que el procesado actuó con plena conciencia del daño que podía generar y con una clara intención de amedrentar a la víctima.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía acreditó que Salas Soto remitió mensajes extorsivos con amenazas explícitas contra la vida de la empresaria y de su entorno familiar.
Según la acusación fiscal, el imputado exigió una respuesta inmediata bajo advertencias de muerte, lo que generó un grave impacto psicológico en la agraviada y alteró el normal desarrollo de sus actividades comerciales.
La investigación también reveló que agentes de la Policía Nacional intervinieron al acusado el 10 de marzo de 2025, cuando este mostró una conducta sospechosa en la vía pública.
Durante el registro personal, los efectivos hallaron un manuscrito con contenido intimidatorio que otorgaba un plazo de 24 horas para cumplir con las exigencias delictivas.
Asimismo, los agentes incautaron dos municiones calibre 38 Special sin percutir, lo que reforzó la imputación por tenencia ilegal.
En la etapa de juicio oral, la fiscal a cargo del caso, Diana Kelly Soto Caro, sustentó la acusación con documentos policiales, testimonios y pericias técnicas. “Las pruebas demostraron la participación directa del acusado y su peligrosidad social”, sostuvo durante una de las audiencias.
Extorsión suma más de 12 años
El tribunal estableció una pena diferenciada de 12 años y seis meses por extorsión agravada en grado de tentativa y ocho años por tenencia ilegal de municiones.
Al aplicar la figura del concurso real de delitos, los magistrados fijaron la condena total en más de dos décadas de prisión, que el sentenciado cumplirá en el penal El Milagro hasta el año 2045. Además, la sentencia ordenó el pago de una reparación civil a favor de la víctima y del Estado.
Por Martín Villacís