En el Perú solemos caer en un vicio intelectual muy cómodo: el de la superioridad moral. Cuando vemos los resultados de una elección y notamos que Lima, el Norte y las zonas urbanas se vuelcan hacia opciones que la academia tacha de «autoritarias» o «reaccionarias», lo primero que salta es el diagnóstico de la «alienación». Se dice que el trabajador del cono es un ignorante, que no tiene memoria, o que vota contra sus propios intereses. Pero ese análisis no solo es perezoso, es profundamente idealista. Si queremos entender la fractura del país, hay que bajar de la nube de los derechos humanos abstractos y mirar el suelo: el materialismo nos enseña que el ser social determina la conciencia, y no al revés.

El Perú no es una sola unidad política; son, al menos, dos naciones conviviendo bajo una misma bandera, pero con realidades materiales irreconciliables. Por un lado, tienes una nación que siente que el modelo económico le permitió cambiar la estera por el ladrillo, que vio en los años 90 un orden —sangriento, sí, pero orden al fin— que le permitió insertarse en una economía de mercado chola, pujante y de autogestión. Para ese ciudadano de Carabayllo o de San Juan de Lurigancho, el fujimorismo no es un concepto de libros de historia, es el recuerdo material de los útiles escolares, la carretera y el título de propiedad. ¿Es eso alienación? No, es pragmatismo de clase. Es defender la pequeña propiedad y la estabilidad que les permite sobrevivir al día a día.

El trabajador limeño no es un ente pasivo que se deja engañar por una propaganda naranja; es un sujeto económico que ha construido su bienestar a pulso, en los márgenes de un Estado que históricamente solo lo persiguió con burocracia. Para él, la «libertad» no es un discurso de plaza, sino la capacidad de abrir su negocio sin que el caos lo devore. Frente a esto, surge siempre la postura romántica —y a veces hasta moralista— que pretende que el votante priorice la «ética republicana» o la «institucionalidad liberal» por encima de su seguridad inmediata. Se critica que el pueblo prefiera la «mano dura» o que se resigne ante la corrupción con el clásico «robó, pero hizo obra». Pero hay que ser honestos: la democracia liberal le ha fallado sistemáticamente al trabajador.

Cuando el sicariato te cobra cupo en la puerta de tu negocio y el transporte público es un caos que te quita cuatro horas de vida al día, la «división de poderes» es un lujo que no te puedes permitir. La moralidad burguesa se estrella contra el muro de la supervivencia. No se puede exigir una conciencia cívica de manual suizo a quien vive en un estado de excepción cotidiano, donde la única ley que se cumple es la del más fuerte. Esta fragmentación nos revela que la democracia republicana liberal, tal como la conocemos, ha muerto en el Perú.

Tenemos un país donde el Sur vota por una transformación radical del Estado porque su realidad material sigue siendo de postergación, mientras que Lima vota por conservar lo poco que ha construido en los últimos treinta años. No es una lucha de «buenos contra malos», es un choque de necesidades materiales. El sur andino clama por una presencia soberana del Estado en sus recursos, mientras que la Lima periférica exige que el Estado no le estorbe y le garantice el orden mínimo para seguir operando. Son dos motores económicos que giran en sentidos opuestos, alimentados por memorias históricas que no encuentran un lenguaje común.

Sin embargo, quedarnos solo en la lucha de clases tradicional también es insuficiente para el siglo XXI. La fractura es tan profunda que ya no basta con cambiar de figuritas en el Palacio de Gobierno. Necesitamos plantearnos un cambio total, una estructura que funcione más allá de la pantomima de la representación parlamentaria que hoy solo sirve para el lobby y el canje de favores. Debemos aspirar a una organización política que responda a la producción real, a la infraestructura y a la vida cotidiana de la gente, superando esa dicotomía estéril entre una derecha que solo mira la macroeconomía y una izquierda que solo sabe hablar de moralidad desde la comodidad del centro de Lima.

Esa izquierda caviar, que se horroriza ante el voto popular «equivocado», es la que ha dejado el campo libre para que el autoritarismo sea percibido como la única herramienta eficaz. El reto no es «educar» al votante para que vote «bien», sino construir una nación donde los intereses del trabajador de la Puna y el comerciante de Gamarra dejen de ser polos opuestos. Si no entendemos que el fujimorismo en Lima es una respuesta a una carencia de orden y una protección del progreso material individual, seguiremos gritándole a una pared. La democracia peruana está fragmentada porque nunca fue una democracia para todos; fue un contrato de escritorio que nunca llegó a los cerros ni entendió la dinámica de los barrios.

El sistema actual ha agotado su capacidad de contener estas tensiones; lo que vemos hoy son las grietas de un edificio que ya no soporta más parches. Es hora de dejar de teorizar sobre la alienación y empezar a construir sobre la realidad material de nuestra gente. Necesitamos una política que no se avergüence de hablar de orden, pero que no olvide la justicia social. Mientras sigamos despreciando la voluntad de las mayorías urbanas bajo el rótulo de la «ignorancia», estaremos condenados a repetir el mismo ciclo de frustración.

El verdadero materialismo nos obliga a reconocer que el pueblo siempre tiene una razón económica detrás de su voto; nuestra tarea no es juzgar esa razón, sino ofrecer una alternativa que sea capaz de superarla sin destruir lo que tanto esfuerzo le costó levantar. Solo así, superando la ficción republicana y mirando de frente la fractura social, podremos empezar a hablar de un país de verdad.

Por: Ricardo Milla Toro  –  Crítica Filosófica

Deja una respuesta