Las últimas cifras del INEI vuelven a recordarnos que Loreto y Cajamarca son las regiones más pobres del país, pese a ser territorios inmensamente ricos en recursos naturales. De Loreto se extrae petróleo desde la década de 1960. En Cajamarca, la minería ha generado enormes ingresos para la economía nacional. Sin embargo, la riqueza del territorio no siempre se ha traducido en bienestar para su población.
Quienes vivimos en regiones históricamente olvidadas no pedimos privilegios. Aspiramos a algo a lo básico: empleo digno, acceso a salud, educación, infraestructura que nos conecte con el resto del país y oportunidades para desarrollar nuestras capacidades. Hablamos de derechos fundamentales que aún siguen siendo una deuda pendiente para millones de peruanos.
En esta campaña electoral considero que el debate debe centrarse más en las propuestas. He seguido con atención la presentación de los equipos técnicos y, más allá de simpatías personales, encontré en el equipo de Juntos por el Perú (JP) una mayor claridad para explicar los problemas estructurales del país y plantear alternativas concretas y viables.
Como señaló Gustavo Guerra de JP “El fujimorismo se ha bajado cuatro de los últimos seis presidentes y, con esa inestabilidad, tenemos paralizado el Gasoducto del Sur, Majes Siguas II, la segunda etapa de Olmos. Entonces, si queremos megaobras de alto impacto, necesitamos un gobierno de cinco años y, sin el fujimorismo, quizá lo consigamos”.
Desde Loreto, esta discusión tiene una relevancia especial. La falta de conectividad encarece el transporte, limita el acceso a mercados, dificulta la atención de salud y profundiza las brechas educativas. Sin carreteras, puertos, infraestructura fluvial moderna y proyectos de integración territorial, resulta imposible construir un verdadero desarrollo para la Amazonía.
Entonces, si queremos megaobras de alto impacto, necesitamos un gobierno de cinco años”. Más allá de la frase, lo cierto es que ningún país puede planificar su desarrollo cuando vive permanentemente en crisis política.
Hay además una reflexión que considero necesaria. Durante años, el fujimorismo ha construido un discurso que suele atribuir a otros la responsabilidad de las crisis del país. Sin embargo, resulta difícil ignorar el papel que ha tenido en buena parte de los conflictos políticos de las últimas décadas.
Lo paradójico es que, aun habiendo ejercido una enorme influencia en el Congreso y en la política nacional, continúa presentándose como un actor ajeno a los problemas. Quizá esa estrategia funcionó en otros tiempos, pero hoy los ciudadanos tienen acceso a información, pueden contrastar datos, revisar votaciones, verificar declaraciones y formarse una opinión propia. Ya no estamos en los años noventa.
El debate técnico dejó señales importantes. Desde mi perspectiva, el equipo técnico de Juntos por el Perú fue el que mejor respondió a ese desafío. No porque lo diga una encuesta o una campaña publicitaria, sino porque demostró preparación y conocimiento de la realidad nacional.
Ningún partido debería tener poder absoluto. Entregar el Ejecutivo y el Legislativo a una sola fuerza política es peligroso, más aún cuando varias de las leyes recientes han sido cuestionadas por afectar derechos. También debemos erradicar la práctica de remover o apartar a funcionarios y autoridades por cuestionar decisiones políticas o actuar con independencia.
Por: Lily Calderón