Aprovechando la etapa electoral, el gerente de la empresa Imasolu, Enzo Vittorio Elguera Echegaray, se convirtió en un caserito de los programas políticos televisivos, en los que opinaba como todo un gurú. Así, apareció en canal N, vía Zoom, la semana pasada para pronosticar lo que ocurrirá en los próximos comicios municipales.
Lo que los televidentes no sabían es que, en ese momento, Elguera ya estaba fuera del país, supuestamente viendo el Mundial de Fútbol, pero en realidad fugado de la policía a la cual el Poder Judicial le había ordenado su captura e internamiento en un penal, por cobrar por encuestas que nunca se hicieron. Es decir, por liderar una encuestadora “trafa”, que el único medio que se atrevió a denunciar, en su momento, fuimos nosotros.
Lo que los televidentes no sabían es que, en ese momento, Elguera ya estaba fuera del país, supuestamente viendo el Mundial de Fútbol, pero en realidad fugado de la policía a la cual el Poder Judicial le había ordenado su captura e internamiento en un penal, por cobrar por encuestas que nunca se hicieron. Es decir, por liderar una encuestadora “trafa”, que el único medio que se atrevió a denunciar, en su momento, fuimos nosotros.
PECULADO DOLOSO El historial de irregularidades de Imasolu es amplio y referido a encuestas amañadas, pero la medida de 18 meses de prisión preventiva en contra de su gerente es por, presuntamente, cobrar 1’028,040 de soles de la municipalidad distrital de San Andrés, en Pisco, por servicios que, según la propia comuna, nunca se ejecutaron. Según el ministerio público, entre febrero y diciembre de 2018 distintos funcionarios de la mencionada municipalidad, incluidos el subgerente de Logística, Francis Mendiola Pecho, y el subgerente de Tesorería, Pedro Díaz Aguilar, aprobaron 44 órdenes de servicio en favor de Imasolu para la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos que iban desde infraestructura educativa hasta pavimentación de calles y losas deportivas.
En todos esos casos, el trámite -desde la orden de servicio hasta el pago- se resolvió el mismo día o en cuestión de horas, sin que existiera de por medio un contrato o, por lo menos, una descripción del trabajo a realizar. Los montos por cada uno de los supuestos expediente van desde 5,000 hasta 32,000 soles.
Según la Fiscalía, entre los servicios por lo que Enzo Elguera cobró sin ejecutar figuran un estudio para la creación de dos aulas en una institución educativa (25 mil soles), un expediente para la instalación de agua y desagüe en el sector Las Flores (también 25 mil soles), la pavimentación de calles en la zona de Abraham Valdelomar (13 mil soles) y hasta la elaboración de expedientes técnicos para losas deportivas en distintos centros poblados del distrito, que fueron facturados entre 20 y 31,000 soles.
La fiscalía sostiene que Elguera no tenía el perfil profesional y/o empresarial requerido para prestar ninguno de esos servicios. Al respecto, la resolución judicial consigna que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informó que su empresa no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores entre 2017 y 2018; el Colegio de Ingenieros del Perú reportó que la empresa no figuraba como afilada a su orden; y la Sunedu confirmó que carecía de grado o título en arquitectura, ingeniería civil, sanitaria, agrícola, petrolera, minera ni carreras afines. La propia municipalidad de San Andrés informó a la Fiscalía, que no encontró en su archivo ningún contrato, expediente técnico ni estudio de preinversión elaborado por Elguera y sus empleados.
Por todo ello, el 9 de julio, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco remitió un oficio a la División de Requisitorias y la Policía Judicial de la PNP solicitando la captura contra Elguera, medida dictada un día antes, el 8 de julio, tras una audiencia de prisión preventiva, junto con los exfuncionarios Pedro Humberto Junior Díaz Aguilar, Luisa Catalina Chacaliaza Cárdenas y Melina Hilda Tasayco Gonzales, quienes afrontan investigación por los mismos hechos. La tesis de la Fiscalía es que los pagos fueron realizados a favor de Elguera, por simular haber prestado servicios que, en realidad nunca realizó.
ENCUESTA “TRAFA”
La decisión de enviar a prisión a Elguera, la tomó el juez Percy Cortez Ortega, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, porque el abogado de Elguera no tiene arraigo suficiente en el país y que, al sumar los 44 hechos que se le atribuyen, la pena que podría recibir —hasta 16 años de cárcel— hace más probable que intente evadir la justicia.
Pero éste no sería el único caso que involucra a Imasolu con actividades dolosas, pues también ha sido denunciado por haber publicado supuestas encuestas públicas de opinión, sin cumplir con los requisitos mínimos fijados por ley. Ello no sólo con el ánimo de ganar dinero sin trabajar sino para tratar de distorsionar la opinión pública en favor de los candidatos que pagaban por la supuesta elaboración y difusión de esas encuestas. Este otro delito, también hoy es materia de investigación.
PRISIÓN PREVENTIVA
La medida de 18 meses de prisión preventiva en contra del gerente de Imasolu, Enzo Elguera, fue ordenada durante una audiencia realizada el 8 de julio de 2026, al considerar el juzgado que se cumplían los requisitos legales para imponer esta medida mientras continúa el proceso penal.
La irregularidad fue detectada por un informe de control específico de la Contraloría General de la República, que encontró pagos irregulares en la gestión municipal de San Andrés. Con base en ese informe, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ica presentó una denuncia en enero de 2021. La investigación preliminar se abrió en marzo de 2022 y recién en julio de 2024 pasó a investigación preparatoria. Hoy ya se encuentra en etapa de acusación fiscal. (Diario Uno).