La Procuraduría General del Estado (PGE), a cargo de María Aurora Carhuajulca, firmó el contrato de alquiler más caro de su historia: S/6`201.600 por tres años en una torre de oficinas en San Isidro.
En total pagará S/163.200 al mes, casi el doble de lo que pagaba por su sede anterior, alquiler que, incluso, ya fue cuestionado en el pasado. Y para el nuevo espacio, no hubo concurso. El proceso se tramitó como contratación directa (02.2026-PGE/DEC-1).
Consultada por este diario, la institución respondió que «el crecimiento del personal (265 puestos de trabajo proyectados) obliga a ocupar ocho pisos en San Isidro».
LAS SEDES QUE RECHAZÓ
Para justificar la contratación directa, la PGE rechazó tres alternativas gratuitas por fallas técnicas o «costos altos de adecuación». Un local ofrecido por el Ministerio de Economía, en Jesús María, fue descartado porque «no resulta habitable por sus condiciones».
Otro inmueble ubicado en Surquillo, a cargo del Pronabi, también fue rechazado porque no cumplía las «condiciones mínimas de seguridad» y la intervención necesaria «excede las labores de mantenimiento». Una tercera opción gratuita, ubicada en San Isidro (Los Libertadores), también fue desestimada, pues se alegó que se requería «una intervención integral de infraestructura y arrastra trabas de saneamiento físico-legal».
PROVEEDOR CLÍNICO
El ganador del contrato por S/6,2 millones es Promotora Asistencial S.A.C. – Clínica Limatambo. De hecho, este es su primer contrato millonario con el Estado, pues en el pasado nunca había obtenido un contrato mayor a los 300.000 soles.
El espacio fue adquirido para ser un hotel de lujo, según mencionó Edgardo Malpartida, gerente general de la clínica` Limatambo, en el 2017, al diario «Gestión». Pero ahora se ofrece como oficinas ´prime´, con lobby de lujo, auditorios, terraza ´prime`, con lobby de lujo, auditorios, terraza `rooftop´, entre otros.
¿AUSTERIDAD SELECTIVA?
Existe una incongruencia mayor. Según un contrato obtenido por esta Unidad de Investigación, un día antes de firmar el alquiler de San Isidro, la PGE hizo firmar a su personal acuerdos de teletrabajo donde no se reconocen gastos de luz ni internet.
La entidad admitió el hecho y explicó a El Comercio que eso «se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestal». Es decir, no contaban con dinero para la luz con la que trabajan sus propios abogados.
Por: Fiorella Cubas