«Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. (…) Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles», señaló Keiko Fujimori casi al final de su discurso. La nueva mandataria convoca a una tregua tras haberse presentado como una fuerza obstruccionista en administraciones pasadas. Solo unos minutos antes, las bancadas de oposición levantaron pancartas con los rostros de quienes fueron asesinados durante las protestas de los últimos seis años para luego retirarse del hemiciclo.
El discurso de la lideresa de Fuerza Popular llama al entendimiento entre fuerzas políticas con posiciones distintas. No obstante, carece de una autocrítica clara. La presidenta no profundiza sobre el papel que desempeñó como actriz política durante la última década. Para Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), esto constituye un paso en falso.
«Un proceso de reconciliación requiere que quienes participaron en un conflicto reconozcan, al menos parcialmente, las responsabilidades políticas que les corresponden. Cuando ese reconocimiento está ausente, el llamado a la unidad puede ser percibido como una invitación a cerrar el conflicto sin siquiera procesarlo. (…) Es presumible afirmar que detrás de esta omisión hay elementos de cálculo estratégico. Una autocrítica podría haber implicado costos elevados frente a la propia coalición de gobierno, abriendo con ello espacios para una interpelación política y/o jurídica mayor, debilitando el bloque oficialista justo en un momento en el que necesitan garantizar la estabilidad del primer gabinete», sostiene. Esa misma omisión se repite en otro plano: el de las víctimas de la reciente represión. Mientras Fujimori sostiene que uno de los objetivos de su gobierno será fortalecer la democracia, la mandataria no hizo ninguna mención a las personas que murieron o resultaron afectadas durante las protestas, pese a que ejercían su derecho a la manifestación, a lo largo de los 45 minutos que duró su discurso. Aguilar considera que hacer referencia al Estado de derecho no solo implica respetar la legalidad, sino también reconocer a las personas afectadas por eventuales abusos estatales.
«Desde la perspectiva de las políticas de memoria y reparación, el silencio tiene un significado profundamente político y, más aún, violento. No mencionar a las víctimas puede ser interpretado por diversos sectores como una priorización de la estabilidad institucional sobre el reconocimiento del daño sufrido, especialmente cuando las investigaciones sobre las muertes y lesiones derivadas de la represión aún no han concluido. Allí no veo ningún ánimo conciliador», advierte.
De la austeridad al derroche
Solo días antes de jurar como nueva mandataria, Keiko Fujimori aseguró que el Estado que estaba por asumir se encontraba en una situación crítica: «Los últimos gobiernos nos están entregando el Estado de manera catastrófica; los primeros informes que han ido llegando son realmente desoladores». Ese diagnóstico fue reiterado en su mensaje a la nación: «Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación».
Esta idea actúa como un salvavidas frente a eventuales fracasos de gestión. Contar con un responsable externo a la acción del fujimorismo acota las responsabilidades de la administración entrante. Sin embargo, bajo un análisis crítico, esa posición entra en contradicción con el desarrollo posterior de su discurso. En lugar de apelar a la austeridad, cierta protección financiera en pro del empresariado y la reducción del gasto público —principales activos del fujimorismo durante la campaña y argumentos frecuente para diferenciarse de las propuestas de Roberto Sánchez—, Fujimori optó por presentar una serie de promesas que hicieron levantar más de una ceja entre los sectores liberales que respaldan a Fuerza Popular.
Por: Mauricio Muñoz