Renovación Popular busca silenciar el trabajo periodístico. El diputado Aldo Bravo plantea incorporar al Código Penal un nuevo delito denominado apología al delito agravado. La iniciativa propone una pena de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, “mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros espacios de difusión, promuevan, soliciten, alienten, justifiquen o legitimen el uso de explosivos, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, integridad física, seguridad o patrimonio de las personas o del Estado”. El proyecto afirma que no pretende criminalizar las opiniones, críticas políticas ni las manifestaciones legítimas, y que la intervención penal debería considerar elementos como el contexto, la finalidad, la capacidad de influencia y la existencia de un riesgo concreto. Sin embargo, la propuesta no delimita qué acciones supondrían la difusión o promoción señalada, dejándolo a interpretación de las autoridades.
Los medios masivos serían justamente quienes asuman mayores sanciones. Y es que la propuesta plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para considerar como circunstancia agravante que determinadas conductas sean realizadas a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión. El agravante también se aplicaría si la declaración proviene de líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y personas con capacidad de convocatoria pública. También se incluye a funcionarios públicos, servidores públicos, representantes y dirigentes políticos, sociales o gremiales.
El texto también señala que la iniciativa busca intervenir antes de que se concrete un acto violento. La fórmula legislativa cuenta con las firmas de los miembros de la bancada del partido celeste en la Cámara Baja.
Los argumentos del proyecto de ley y la crítica legal
El proyecto de ley sostiene que, en el Perú, no existe una norma que sancione a quienes difundan mensajes públicos que apoyen o justifiquen el uso de la violencia antes de que se cometa un delito. Según la iniciativa, este tipo de mensajes puede resultar especialmente peligroso en contextos de crisis política o conflictos sociales, pues podría contribuir a normalizar la violencia y motivar acciones violentas por parte de determinados grupos.
Para respaldar esta argumentación, el proyecto utiliza cifras sobre criminalidad y hace referencia a hechos como las protestas de 2020 y las movilizaciones de 2022-2023. También menciona lo ocurrido con el comunicador Phillip Butters, quien, tras realizar declaraciones sobre las protestas sociales registradas en el país, fue rechazado por ciudadanos de Juliaca durante una visita a esta ciudad como parte de su campaña política. “Estos hechos permiten constatar que en tiempo de crisis política los mensajes públicos que proponen, justifican o legitiman el uso de medios violentos pueden tornarse en factores de riesgo a partir de su capacidad de convocatoria o de influencia sobre grupos determinados”, se lee en la exposición de motivos.
En diálogo con La República, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, señaló que el proyecto de ley vulneraría la libertad de expresión protegida por la Constitución. Además, sostuvo que la iniciativa carece de marcos claros que permitan una aplicación efectiva de la norma.
“Acá es difícil saber cuál es el delito al que se está haciendo apología. En términos concretos, lo que se está criminalizando es el traslado de informaciones. Eso es peligroso y abiertamente inconstitucional. (…) La forma en la que se está presentando muestra una muy deficiente técnica legislativa que termina por sobredimensionar el ataque que puede tener sobre la libertad de expresión”, apuntó.
Rivera señaló que el proyecto presenta una clara deficiencia al equiparar la comunicación sobre lo ocurrido durante una protesta o manifestación ciudadana con la comisión de un delito. El abogado advirtió que esto podría afectar la labor de los periodistas y el derecho a informar.
“La concepción que tiene el proyecto es absolutamente equivocada. Busca vincular, en términos penales, lo sucedido con la comunicación. Esa es una posición que distorsiona el rol de los medios de comunicación. Su interpretación de los acontecimientos políticos es el mayor problema, porque el proyecto considera que el traslado de información sobre el hecho delictivo es parte del hecho delictivo. Esa posición es absolutamente peligrosa para la vigencia de una democracia. El argumento de que se tiene que limitar la libertad de información pretende generar, a través de normas penales, cortapisas para que no se informe sobre ciertos acontecimientos”, sostuvo.
Gremio periodístico se pronuncia
Zuleina Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), indicó que el proyecto de ley presenta múltiples falencias que podrían generar consecuencias negativas para el ejercicio del periodismo.
Lainez señaló que el uso de términos demasiado amplios para definir las conductas que serían penalizadas podría generar diversas consecuencias. Ante la falta de una delimitación precisa, acciones como la transcripción de declaraciones de personas involucradas en una protesta social o política podrían ser consideradas como “difusión” de los usos ilegales que la iniciativa busca perseguir.
“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”, indicó a La República.
Lainez sostuvo que determinadas actividades propias del ejercicio periodístico podrían ser criminalizadas a partir de esta nueva fórmula legislativa.
“Las categorías utilizadas son muy amplias. Si uno, como periodista, recoge declaraciones de un actor de la protesta política o social, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el periodista? Eso va a ser muy peligroso. Además, pone el foco del agravante en el comunicador social y el periodista. El proyecto incorpora la capacidad de influencia —característica que obviamente tiene un periodista— como un factor agravante”, señaló.
Por: Mauricio Muñoz