El Poder Judicial (PJ) decidió mantener vigente la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de colusión agravada relacionado con el proyecto Gasoducto Sur Peruano, vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.
La defensa de la pareja buscó que el órgano jurisdiccional archive esta imputación al considerar que la acusación del Ministerio Público (MP) no encajaba en los elementos que exige la legislación para configurar el delito de colusión agravada.
A pesar de ello, el pedido no prosperó y el proceso continuará en los términos establecidos por la investigación fiscal.
El caso se relaciona con las decisiones adoptadas durante el gobierno de Humala, entre 2011 y 2016, para impulsar uno de los principales proyectos energéticos de ese periodo.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría coordinado con representantes de Odebrecht para favorecer de manera irregular al consorcio que obtuvo la buena pro del Gasoducto Sur Peruano.
Piden 35 años de cárcel
La investigación atribuye a Humala y Heredia presuntos delitos adicionales. El MP los acusa también por lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio, dentro de un proceso que busca determinar las responsabilidades individuales de los investigados y el eventual perjuicio ocasionado al Estado.
La fiscal Geovana Morí solicitó 35 años de prisión para Humala y Heredia en caso de que el Poder Judicial determine su responsabilidad por los hechos investigados. La representante del MP también planteó penas para otros procesados vinculados con el proyecto.
La acusación fiscal alcanza a otras 21 personas, entre ellas los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes. Asimismo, figura Jorge Simoes Barata, quien ocupó el cargo de superintendente de Odebrecht en Perú.
El Ministerio Público solicitó penas de entre nueve y 35 años para los demás investigados, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que atribuye a cada uno en los hechos materia del proceso.
Odebrecht vuelve al centro
El expediente también comprende a tres empresas en calidad de terceros civilmente responsables. Esta condición forma parte del proceso que analiza las consecuencias económicas derivadas de los hechos atribuidos por la Fiscalía.
El Gasoducto Sur Peruano se convirtió en uno de los proyectos más controvertidos de la administración Humala debido a las investigaciones posteriores sobre el proceso de concesión y la participación de Odebrecht. La pesquisa fiscal busca establecer si funcionarios y empresarios coordinaron acciones para favorecer al consorcio encargado del proyecto.
Sigue acusación por colusión
Con el rechazo del pedido de archivo, el PJ mantiene abierta la discusión sobre la imputación por colusión agravada. La decisión no determina responsabilidad penal de los investigados, sino que permite que el proceso continúe y que las partes sostengan sus posiciones ante la justicia.
El caso Gasoducto Sur permanece así dentro de la agenda judicial relacionada con las investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados a Odebrecht y las decisiones adoptadas durante anteriores gobiernos.
Por Martín Villacís