MINISTERIO DE JUSTICIA realiza sospechosos cambios que ha retrasado importante obra en Pucallpa
El Gobierno de Keiko Fujimori ha paralizado el único penal que se construye en el Perú. Esta alarmante situación y de perjuicio económico sacude al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), bajo la gestión del ministro Ernesto Álvarez. Y es que una orden arbitraria emitida desde el corazón de la entidad ha frenado en seco el proyecto de rehabilitación y ampliación del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, abriendo la puerta a millonarias pérdidas para el erario nacional.
A pesar de que la Oficina de Abastecimiento ya había aprobado formalmente la licitación pública para contratar a la empresa encargada de supervisar las obras en el penal, la Oficina de Inversiones del Minjusdh intervino de forma irregular. Mediante una disposición estrictamente verbal y carente de cualquier informe técnico de respaldo, se ordenó dar marcha atrás a todo el proceso de selección de la empresa supervisora, bloqueando el avance normativo del proyecto.
Nuestras fuentes nos contaron que ha desaparecido los informes del sistema del Minjus, donde se estaba haciendo el proceso de la supervisión del penal de Pucallpa, es decir, regresará a foja cero ese proceso y sin acta del Comité de Seguimiento dando la fundamentación técnica. Es más, la jefa anterior de abastecimiento renunció ayer porque estaba en contra de hacer un informe para retrotraer todo.
Ante la falta de supervisión obligatoria por ley, el Consorcio Penal Pucallpa advirtió al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) que el proyecto ya superó el límite de gasto sin control (S/ 4.3 millones). La constructora calificó de inviable continuar sin supervisión externa y atribuyó la responsabilidad de la paralización a la entidad estatal.
El incumplimiento por parte de PRONAPRES de formalizar la suspensión de la obra, sumado al retraso en la licitación, genera sobrecostos diarios estimados en S/ 14,803.72. Estos gastos incluyen maquinaria inactiva y riesgos en la infraestructura por factores climáticos.
El caso ha sido derivado a la Contraloría, al Órgano de Control Institucional (OCI) y a la Procuraduría para deslindar responsabilidades, según supo este medio de comunicación.
Toda esta situación coincide con cambios en la Oficina General de Administración. Mediante una reciente disposición se designó temporalmente a Carmen Ruth Ibárcena Espinoza como jefa de la Oficina de Abastecimiento, en adición a sus funciones como asesora de la Alta Dirección de la Secretaría General. Sin embargo, sobre Ibárcena Espinoza pesa un gravísimo cuestionamiento: el Ministerio Público ha solicitado formalmente 9 años de prisión en su contra por presuntos actos de corrupción en contrataciones estatales, lo que pone en riesgo la transparencia de las adquisiciones del ministerio.
A esto se suma el nombramiento de Rosmery Ugaz como jefa del Gabinete de Asesores, pese a que no cumpliría con los requisitos legales mínimos exigidos para dicho cargo de alta confianza. Asimismo, en la jefatura de inversiones se ha colocado a la abogada Fiorella Marcellini, un puesto netamente técnico que, por perfil institucional, requiere ser ocupado por un profesional en ingeniería o administración con amplios conocimientos en gestión de inversiones, especialidad de la cual carece.
De acuerdo a nuestras fuentes, todo apunta a que el actual ministro de Justicia es una figura meramente decorativa y quienes ejercen el control real del sector son la secretaria general, Mónica La Rosa —quien arrastra serios cuestionamientos y procedimientos administrativos sancionadores en el Instituto Nacional de Salud (INS) por presunta apropiación indebida—, y el viceministro de Justicia, Juan Teodoro Falconí Gálvez.
Precisamente, el viceministro viene siendo cuestionado por aceptar de manera ilegal el cargo de miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), una duplicidad explícitamente prohibida por ley. Esta designación irregular podría hacer incurrir a la presidenta de la República y al propio ministro en el delito de nombramiento ilegal de cargo.
Además, a pesar de que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) depende directamente del Despacho Ministerial y actualmente no cuenta con un presidente designado, el viceministro ya se encuentra impartiendo órdenes y ejerciendo funciones fuera de su competencia en dicha entidad.
Este copamiento se complementa con el regreso de personajes clave de la gestión anterior, como Edwar Rebaza, actual jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien fue secretario general durante la gestión del entonces ministro Juan José Santiváñez y vuelve para ocupar una posición estratégica.
También está la designación de Mayte Remy, exviceministra de Justicia, quien ahora ha retornado al Despacho Ministerial en calidad de asesora principal.
Esta crisis administrativa ya cobró sus primeras consecuencias en el ámbito de la inversión pública y la cooperación internacional. Las coordinaciones y mesas de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura penitenciaria y optimización de la gestión de penales se encuentran completamente paralizadas. (Diario Uno).