El secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillopusieron al Gobierno de Keiko Fujimori frente a una crisis que no solo involucra a la criminalidad organizada, sino también a la forma en que el Estado respondió al ataque. En pocas horas se sucedieron versiones distintas sobre la liberación de Lara, el supuesto pago de un rescate y la responsabilidad de los cinco detenidos por la Policía. La propia presidenta contribuyó al cruce de versiones. Este miércoles, Fujimori aseguró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no interrogó a los intervenidos. «El ministro Belaúnde no ha participado en ningún interrogatorio. Lo ha llevado la Policía», sostuvo, pese a las fotografías en las que aparece junto al comandante general Óscar Arriola durante las diligencias.
Sobre la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, en Trujillo, la mandataria explicó que se debió a un asunto personal. Dijo que fue ella quien autorizó que Belaúnde viajara a La Libertad.
Versiones enfrentadas
Uno de los principales puntos de controversia es cómo terminó el secuestro. Belaúnde afirmó que los familiares de Lara entregaron dinero y que la Policía monitoreó esa operación para seguir la ruta monetaria y ubicar a los responsables.
El ministro del Interior, sin embargo, evitó confirmar que se haya pagado un rescate. Señaló que se trató de una liberación que pudo producirse por un pago o porque los secuestradores se sintieron cercados. El general Víctor Revoredo dijo desconocer si hubo pago y señaló que se respetaban las declaraciones de la familia. El padre de Jenss Lara, Eleuterio Lara, sostuvo que su hijo fue liberado mediante gestiones realizadas por la propia familia y sus contactos, pese a versiones de que habría pagado US$1 millón a captores. El hermano del empresario afirmó que ‘‘la Policía no hizo nada’’.
Una investigación abierta
La PNP presentó a cinco personas como presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos y vinculados al secuestro y homicidio. Según la hipótesis, cuatro habrían participado directamente en el ataque y otro habría cumplido funciones logísticas.
El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que no hay elementos suficientes para afirmar que los detenidos sean los autores. La investigación tiene un plazo de 15 días.Un perito antropólogo deberá comparar los rostros, contextura y estatura de los intervenidos con las imágenes captadas. También se busca determinar la ubicación de los sospechosos y establecer si las armas incautadas fueron utilizadas en el crimen.
El penalista Mario Amoretti sostuvo que, si se acredita su participación, podrían responder como coautores o partícipes de los delitos y enfrentar penas severas.
Mientras tanto, los familiares de los detenidos niegan su participación. Aseguraron que ellos estaban en sus viviendas al momento de los hechos y denunciaron presuntos abusos durante las detenciones.
Una operación que imitó a la Policía
Videos muestran que la camioneta Ford Bronco Raptor en la que iba Lara era seguida por una Toyota Hilux. Posteriormente, los delincuentes habrían usado uniformes similares a los policiales para el secuestro.
A ello se suma la controversia por la placa EPF-176. La denuncia inicial apuntó a que la camioneta utilizada por los criminales estaba registrada a nombre del Ministerio del Interior. La PNP negó que el vehículo perteneciera a la institución y explicó que se trataba de una placa clonada.
El caso abrió otra arista: cómo una organización criminal pudo acceder a estos elementos. El ministro Astudillo no descartó que se determine si hubo algún tipo de facilitación desde adentro.
Gobierno pide facultades y Trujillo se desangra
La presidenta Keiko Fujimori ha defendido la necesidad de recibir facultades legislativas para fortalecer la inteligencia, declarar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales, reforzar el control de los penales y endurecer las medidas contra la criminalidad.
El problema es que ciudades como Trujillo ya están pidiendo resultados sobre capacidades que el Estado dice tener.
La gobernadora regional Joana Cabrera sostuvo que la región necesita mucho más del Gobierno central: mayor presencia policial, tecnología, inteligencia y acciones dentro de los penales.
Cabrera también pidió que Fujimori viaje a Trujillo y encabece una respuesta nacional frente a la inseguridad que ya cobra cientos de vidas.
Se perdió la credibilidad
Para el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, el problema central fue la ausencia de un mando unificado y una comunicación basada en información todavía no confirmada. A su juicio, las contradicciones debilitaron la credibilidad de la Policía, los ministros y el Gobierno.
Carlos Basombrío fue más crítico. Consideró que la sucesión de versiones sobre el rescate, los detenidos y la actuación de los ministros refleja improvisación y desorden. También cuestionó que la presidenta haya presentado inicialmente la intervención policial como una operación exitosa cuando después surgieron versiones distintas.
El analista Luis Benavente ubicó el caso dentro de un problema más amplio: la pérdida de presencia y control territorial del Estado frente a organizaciones criminales que llevan años creciendo en Trujillo.
Así, se espera una investigación penal que debe demostrar quiénes ejecutaron el secuestro y los asesinatos, en medio de una crisis política en la que el Gobierno deberá explicar por qué sus autoridades dieron versiones diferentes sobre un mismo operativo.
EL DATO: 82% de la población urbana percibía inseguridad entre setiembre de 2025 y febrero de 2026, según el INEI.
Por: Daniela Orellana