Una contratación en la bancada de Juntos por el Perú llamó la atención por una particularidad: Vanessa Medina Muñoz, esposa del abogado de Pedro Castillo y exfiscal José Domingo Pérez, figura como asesora parlamentaria y percibe una remuneración de S/ 14,700, pero las legisladoras consultadas y trabajadores de las oficinas del grupo político aseguraron que no la conocen.
El programa ‘Beto a Saber’, de Willax Televisión, investigó el caso y comprobó que su presencia no resultaba familiar para quienes trabajan en las instalaciones de la agrupación que lidera Roberto Sánchez.
Medina Muñoz, abogada de 44 años, desarrolló su carrera profesional en distintas instituciones públicas, entre ellas Perú Compras, los ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas y Producción, además del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Durante sus anteriores empleos, sus ingresos bordearon los S/ 10,000 mensuales.
Los registros salariales mostraron, además, un incremento considerable en sus remuneraciones desde que asumió funciones como asesora de Juntos por el Perú.
En agosto, Vanessa Medina Muñoz declaró ingresos por S/ 9,310, mientras que en setiembre la cifra llegó a S/ 14,700, un aumento de 57,9% pese a que mantuvo el mismo cargo dentro de la bancada.
Para verificar si sus integrantes conocían a la trabajadora, Carlos Navea, reportero de ‘Beto a Saber’, mostró su fotografía a las congresistas Catherin Palomino y Yenifer Paredes. Ambas respondieron que no la conocían.
El equipo periodístico también visitó los tres edificios donde funcionan las oficinas de Juntos por el Perú: Luna Pizarro, Rayces y Alberto Sánchez, ubicado en el jirón Huallaga. En ninguno de estos lugares consiguió que identificaran a la asesora.
Ante la falta de referencias sobre su presencia en las oficinas parlamentarias, el programa consultó a la Presidencia del Congreso sobre la situación laboral de la esposa de José Domingo Pérez.
El caso también abrió interrogantes sobre los mecanismos de supervisión del trabajo de los asesores parlamentarios y la transparencia en la asignación de estos puestos, especialmente cuando una persona registra una remuneración mensual de S/ 14,700 sin que las congresistas consultadas ni el personal de las sedes visitadas puedan reconocerla.