En una anterior columna se planteó la necesidad de invertir en educación. El Estado debe asegurar que nadie se vea impedido de recibirla una educación adecuada por su situación económica u otras limitaciones. Sin embargo, durante el período 2010-2020 el promedio ha sido 3.5% del PBI.
Las necesidades de este sector son enormes ante la pérdida de los aprendizajes, más aún por el Covid19. En ese sentido, revertir la actual situación del sector requiere del diseño de nuevas políticas e intervenciones bajo un enfoque integral, respaldándose con recursos.
Esto no se puede llevar a cabo debido a que la presión tributaria se reduce, a factores internacionales (reducción de precios de los commodities, menor dinámica de socios comerciales, etc.) y medidas orientadas a sacrificar ingresos en pos de la reactivación económica. La presión tributaria promedio 2010-2021 fue solo de 15.3%, bastante por debajo del promedio de América Latina.
Se presentan, además, esquemas de beneficios y exoneraciones que impactan en la recaudación, en adición a las practicas elusivas que también tiene un alto costo. Estos factores representan alrededor de 8.3% del PBI, que de acuerdo a cálculos oficiales son aproximadamente S/ 70,000 millones que el Estado peruano deja de percibir.
Asignar presupuesto para educación parece no tener una vinculación con la disponibilidad de menores recursos, más si estos no tienen una relación con la posibilidad de pagar impuestos.
El ciudadano no paga impuestos porque no siente que los mismos generan un beneficio inmediato. En el camino, la mala gestión o la corrupción terminan siendo obstáculos para la generación de mayores ingresos.
Promover el acceso equitativo a una educación de buena calidad y reconstruir el sistema educativo peruano requieren mejorar el financiamiento educativo de manera sostenible.
Mayor información en los siguientes estudios: https://www.anc.org.pe/2022/11/10/evolucion-del-gasto-publico-en-educacion-en-el-peru/
Por: GIANCARLO CASTIGLIONE