El domingo 15 de mayo del 2016, el programa ‘Cuarto poder’ y el periodista Gerardo Reyes, de la cadena de televisión latina en Estados Unidos, Univisión, revelaron que el expiloto peruano Jesús Vásquez Ybáñez declaró que el entonces congresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra, jefe de la campaña presidencial y financista de Keiko Fujimorile confió que había usado una cadena de grifos para “lavar” US$15 millones y destinar los fondos para solventar los gastos de la excandidata.

Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori manifestaron que todo era falso y denunciaron una supuesta campaña de descrédito para afectar su candidatura. Casi siete años después, la Fiscalía Supranacional Especializada en Lavado de Activos concluyó que los hermanos y excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra usaron sus negocios de grifos para “blanquear” dinero de presunto origen ilícito.

El negocio de los grifos era solo una parte de una serie de millonarias operaciones ilegales que la Fiscalía imputa a una organización criminal que se enquistó en la Universidad Alas Peruanas (UAP) cuando estaba bajo el control de Fidel Ramírez Prado, su esposa Nancy Gallegos Vela, sus hijas Maribel y Nancy Ramírez Gallegos y otros miembros de la familia, como los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, sobrinos de Fidel Ramírez.

Como informó La República durante la campaña presidencial en 2016, Keiko Fujimori había instalado su cuartel general en una residencia en la calle Bucaré, en la exclusiva residencial Camacho. Esa vivienda estaba a nombre de una de las empresas de fachada de Joaquín Ramírez. También había otro local en la cuadra 40 de la avenida Arequipa donde funcionaba Fuerza Popular, en Miraflores.

Era otra propiedad de Joaquín Ramírez, quien ya había sido denunciado por la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe, el 11 de setiembre del 2014, y los dos inmuebles eran parte del caso. Pero a Keiko Fujimori no le importó y designó a Ramírez su jefe de campaña. El caso dio un vuelco cuando el 9 de abril del 2019 falleció Fidel Ramírez, quien tuvo tiempo para ejecutar una serie de operaciones para que su esposa e hijas mantuvieran el control corrupto de la UAP. Pero los socios y verdaderos dueños de la UAP, la Cooperativa de Servicios Múltiples, conformada por exintegrantes de las Fuerzas Armadas, decidieron contratar una auditoría e intervenir la universidad. Como resultado encontraron un patrón de actividades ilícitas cuya finalidad era enriquecerse a costa de la UAP y detectaron que Joaquín Ramírez estaba implicado en beneficio de Keiko Fujimori.

Estos socios que buscaban recuperar la UAP para sus verdaderos propietarios denunciaron por lavado de activos al clan de los Ramírez. El 25 de julio del 2019, por disposición de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, se inició investigación a un total de 13 personas, entre ellas los herederos de Fidel Ramírez, y a su sobrino Joaquín Ramírez. Por si fuera poco, el 24 de diciembre de ese mismo año, la Sunedu rechazó el licenciamiento a la UAP.Esta situación permitió a los socios de la cooperativa expulsar de la UAP al clan de los Ramírez y designar una nueva administración. El 5 de abril del 2021, una investigación de La República reportó que la UAP proporcionó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos 24 cajas con documentación que acreditaban las presuntas actividades ilegales del clan de los Ramírez, como operaciones financieras para beneficiar a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori.

Como resultado, el 31 de mayo del 2021, la Fiscalía incorporó en el caso al excongresista fujimorista Osías Ramírez Gamarra, luego de comprobar que también fue parte de la organización criminal. ¿Cómo? Mediante el negocio de los grifos como sistema de lavado, algo que había denunciado el expiloto Jesús Vásquez Ybáñez, y que tanto Joaquín Ramírez como Keiko Fujimori negaron repetidas veces.

Los grifos se usaron para lavar dinero ilícito obtenido de las transacciones ilícitas de la UAP cuando estaba bajo el control de Fidel Ramírez y en complicidad con sus sobrinos Joaquín y Osías Ramírez, según la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

“Este acto de lavado cuenta con diversos indicios que permiten acreditar que se buscó insertar dinero de parte de Joaquín Ramírez a través de su empresa Norgrifos a la empresa Cogeco, de propiedad de Osías Ramírez”, señala la resolución del juez Víctor Zúñiga, quien dispuso la incautación de 214 bienes del clan Ramírez y la UAP en Lima y 9 regiones.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos acreditó que la empresa Cogeco, de Osías Ramírez, recibió de la compañía de su hermano Joaquín Ramírez, Capricornio Import, sistemáticos y sospechosos montos de capital: “En 2005 transfirió 9.435 soles, en 2006 (la suma de) 17.086 soles y sucesivamente en 2013 llegó al monto de S/34.848.358”, conforme a la Fiscalía.

Para las autoridades no hay duda sobre el origen ilícito del dinero.

“La declaración testimonial de Jesús Vásquez Ybáñez que señala que Joaquín Ramírez le entregó US$15 millones para ser lavados para Keiko Fujimori. Por estos indicios, consideramos que Joaquín Ramírez transfirió dinero maculado (de origen ilícito) a su hermano Osías Ramírez, lo que sirvió justamente para ser transferido en su condición de candidatos de Fuerza Popular”, se indica en el mandato judicial.

Una primera aproximación de la Fiscalía sobre el monto que pudo haber sido lavado por el clan Ramírez indica que alcanzaría la suma de US$183 millones.

Joaquín Ramírez, en la actualidad alcalde provincial de Cajamarca, alegó que era un “caso viejo” y que la UAP lo aclararía todo.

“(La Universidad) Alas Peruanas demostrará todo lo que se ha hecho en un momento como una empresa que creció mucho; nosotros hemos trabajado de la mano con ellos en el tema de infraestructura. Revisaremos lo que ha ordenado el juez. Lo que se tiene que tener claro es que siempre nos hemos puesto a derecho, así que lo haré de nuevo igual. En su momento iré (a la Fiscalía)”.

Joaquín Ramírez es el mismo personaje que dos años después que la procuradora Julia Príncipe lo denunciara por lavado de activos declaró que le habían robado todos los libros contables de sus empresas, investigadas por blanqueo de dinero ilícito. Ahora manifiesta que la UAP aclarará todo, cuando lo cierto es que la actual nueva administración es precisamente la que lo denunció por lavado de activos.

Según la resolución del juez Víctor Zúñiga, Keiko Fujimori está implicada en el caso por haber sido beneficiada por el clan Ramírez tanto económica como políticamente.

Por ejemplo, la simulación de una compraventa de una casa en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, Miraflores, donde funcionó el local de Fuerza Popular. El brazo derecho de Joaquín Ramírez, Edmond Jordan Montes, adquirió la empresa Mondreu con dinero de la UAP, luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, de propiedad de Joaquín Ramírez. La transacción incluyó la casa de la avenida Arequipa.

Edmond Jordan reapareció en otro caso muy similar: compró a Keiko Fujimori y a su esposo un inmueble en Cieneguilla por US$201.010, cuando la excandidata presidencial lo había adquirido a US$144.946. Para las autoridades se trató de una sobrevaloración para presuntamente lavar dinero de origen ilícito, alrededor de US$80.000. Para variar, en la operación también intervino Mark Vito Villanella.

En contraprestación, Keiko Fujimori, respaldada por el dirigente Pier Figari Mendoza, usó a Fuerza Popular para blindar cualquier intento de investigación contra Joaquín y Osías Ramírez en el Congreso, según la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), cuyos agentes desplegaron un megaoperativo que incluyó la incautación de edificios, condominios, residencias y hasta aeronaves. Es el segundo gravísimo caso de lavado de activos que afronta Keiko Fujimori, quien insiste en querer salir de viaje a España.

Por: Ángel Páez y Doris Aguirre

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